El exfutbolista Fredy Guarín hizo una revelación en un video publicado en sus redes sociales. El exmediocampista aprovechó el espacio para referirse al reciente episodio sobre la muerte del jugador Jayden Adams. Hizo énfasis en la importancia de la salud mental e insistió en la necesidad de buscar ayuda profesional.Sin embargo, la frase que más impactó fue la que pronunció al inicio de la grabación. “Me intenté suicidar tres veces”, en referencia a los momentos más difíciles que atravesó.El exjugador del Inter de Milán y del Porto aseguró que enfrentó profundas crisis emocionales que pusieron en riesgo su vida y aprovechó su testimonio para enviar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares, destacando la importancia del autocuidado y de acudir a tiempo por ayuda psicológica.“Como deportista sé que muchas veces sonreímos por fuera mientras libramos batallas por dentro. Por eso, hoy más que nunca, quiero decirles a todos los jóvenes y a quienes practican deporte: hablar también es un acto de valentía”, escribió en la publicación.Guarín explicó que su decisión de hablar públicamente sobre este tema surge de su propia experiencia. El exfutbolista aseguró que en varias ocasiones atravesó situaciones que lo llevaron a pensar en el suicidio e, incluso, a intentarlo. Además, afirmó que comprende lo que significa enfrentar "esos demonios y esos pensamientos obsesivos", por lo que hizo un llamado a quienes atraviesan dificultades similares a buscar apoyo profesional y espiritual.El llamado a la salud mental y la prevenciónSegún sus palabras, "es hora de levantar la mano y ese es un tema que nos cuesta aceptar, situaciones de las cuales no somos responsables y que durante tanto tiempo las hemos asumido".El exdeportista también mencionó haber enfrentado "abusos sexuales, maltrato, deudas emocionales, dependencias de lugar, cosas y personas". Finalmente, envió un mensaje de apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles: "Te abrazo, no estás solo ni sola".El incidente que pasó en BrasilLa confesión de los tres intentos de suicidio se suma a los detalles entregados por Guarín en una entrevista con Los Informantes, donde relató un episodio crítico vivido en Brasil durante la pandemia del COVID-19.En aquel entonces, Guarín vestía la camiseta del Vasco da Gama y se encontraba en un estado de “abandono” personal debido a su adicción al alcohol."Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado", confesó sobre su rutina en aquel momento.El punto de quiebre ocurrió en su residencia: "Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme (por el balcón). Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó".Una vida marcada por el alcoholFredy Guarín pasó de destacar en el fútbol colombiano con Atlético Huila y Envigado FC a brillar en equipos de talla mundial como Porto, Inter de Milán y Boca Juniors. Pero detrás de los éxitos deportivos, el exmediocampista enfrentaba una batalla personal: un consumo de alcohol que, con el paso de los años, terminó por desbordarse, especialmente durante su etapa en Italia."Empecé a ganar mi nombre en Italia. Ya empezó un poco el tema fuera del campo y empezó a hacer silencio el estadio. Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles", reveló.El jugador admitió que, con el tiempo, perdió el respeto por los espacios familiares y profesionales: "Tomaba en la casa, en la discoteca, en el restaurante, me buscaba el parche. Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida, sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar".Su paso por el fútbol de China con el Shanghái Shenhua profundizó la crisis. Guarín describió ese episodio como un descontrol total: "En China sí supe lo que era el alcohol de verdad, desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol"."La muerte o la cárcel"Tras su salida de Brasil, Guarín regresó a Colombia, donde protagonizó un incidente que se hizo viral a través de un video grabado en la casa de sus padres. En las imágenes se le veía ensangrentado y siendo retirado por la policía en un estado de alteración evidente. Al recordar ese momento, el exfutbolista reconoció la gravedad de su situación: "Era la muerte o la cárcel".Ese suceso marcó el inicio de su proceso de recuperación. El jugador buscó ayuda en su antigua profesora de colegio, Liliana Rodríguez, quien dirige una clínica de rehabilitación.Un nuevo propósito de vidaHoy, Fredy Guarín dice que está enfocado en su rehabilitación y en utilizar su testimonio para ayudar a otros deportistas que enfrentan enfermedades similares. "Este es un propósito que Dios está poniendo en nosotros, que sé que va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas", concluyó Guarín sobre su actual misión fuera de las canchas, enfocada en la superación de las adicciones y el cuidado de la salud mental.
La promesa era tentadora: estudiar una de las carreras con mayor demanda en el mundo, sin pagar un solo peso por adelantado, y bajo el respaldo de una academia proveniente de Silicon Valley. Para cientos de colombianos, esta oferta representaba una oportunidad acceder a salarios competitivos en el sector tecnológico. Sin embargo, según uno de estos jóvenes en la ciudad de Cali, lo que inició como un proyecto de superación profesional terminó en un proceso judicial que pone en riesgo el patrimonio logrado por sus familiares durante décadas. Séptimo Día investigó esta y otras denuncias relacionadas.El sueño de estudiar por un mejor futuroAntes de conocer la convocatoria, Jorge Calambas se desempeñaba en labores informales dentro del sector de la construcción. Su situación económica le impedía acceder a una formación universitaria tradicional, por lo que esta oferta pareció ser una buena solución."Yo no tenía trabajo formal, sino de forma informal. Como yo no tenía dinero, fue lo que principalmente lo que más me convenció", relata el afectado al recordar el momento en que decidió apostar por estudiar desarrollo de software.La idea de que solo debería pagar el costo del programa una vez consiguiera un empleo con un salario superior a ciertos mínimos legales le brindó la confianza necesaria para firmar los documentos exigidos.Una herencia familiar bajo amenaza judicialDe acuerdo con la denuncia de Jorge Calambas, el desenlace de esta formación no fue el ascenso laboral esperado, sino una serie de acciones legales que escalaron hasta afectar a sus familiares más cercanos. Según su testimonio, el proceso de cobro no se limitó a él, sino que se extendió a los bienes de sus deudores solidarios."Embargaron mis cuentas bancarias y las cuentas bancarias de mi mamá. Y además de eso, mi mamá tiene una finca que fue la herencia de mis abuelos", denuncia el joven con evidente preocupación por el futuro de su hogar. Para esta familia, el predio representa también el motor de su economía. "Es lo poco que ellos le dejaron y también es un sustento que nosotros tenemos. Y es muy duro que todo lo que lucharon mis abuelos, mis papás para sacar adelante esa finca se la quieren arrebatar de la nada", relata.El impacto emocional de ver la herencia en riesgo de embargo ha marcado un antes y un después en su vida. Séptimo Día conoció que no se trata de un hecho aislado. En la rama judicial colombiana se han identificado más de 500 procesos relacionados con este modelo de financiación educativa. El punto central de la controversia radica en el uso de pagarés en blanco que son ejecutados en los juzgados sin que, presuntamente, se presente el contrato original que condicionaba el pago al éxito laboral del estudiante.Expertos legales han cuestionado la situación. Aroldo Quiroz Monsalvo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó como una irregularidad el hecho de que se intenten hacer efectivos estos títulos valores de forma independiente al contrato de estudios. "No creo que eso es grave, gravísimo, porque ahí hay un engaño y hay un engaño inclusive a la justicia porque están señalándole a la justicia de que ellos simplemente suscribieron un pagaré como si fuera un mutuo", explicó el exmagistrado.Por su parte, los estudiantes aseguran que, al momento de la inscripción, la firma del pagaré se presentaba como un trámite de garantía. "Se entendía que para asegurar ellos de que uno sí iba a pagar cuando tuviera el empleo", afirma uno de los denunciantes sobre el momento de la firma.Lo que dicen sobre la calidad académicaA la angustia financiera se suma la frustración por la formación recibida. Mientras la publicidad prometía mentores internacionales y una tasa de empleabilidad superior al 90%, muchos exalumnos aseguran que el modelo de aprendizaje consistía básicamente en resolver retos de internet de manera autónoma."Retos con links de internet y uno investigaba cómo ejecutar esos retos. Ese tema de los mentores internacionales nunca existió", señala uno de los participantes del programa. Incluso, expertos en educación informática que analizaron la plataforma indicaron que los contenidos eran "genéricos" y "básicos", similares a los que se pueden encontrar de forma gratuita en la red.Para quienes lograron terminar el curso, el certificado no fue la carta de presentación esperada ante las empresas. Según los testimonios recolectados, algunos empleadores miraban con desconfianza la formación recibida. "El diploma es como simbólico porque no tiene validez", asegura otro de los afectados.La defensa de la entidad señaladaFrente a las denuncias, los representantes de la entidad encargada de la liquidación de la fundación que operaba la academia mantienen una postura firme. Tatiana Uribe, representante legal de Astorga Management, niega rotundamente que exista un engaño hacia los estudiantes y defiende la preparación brindada por el programa."Holberton School no engaña. Holberton School está acreditada y es muy exitosa en varios países", sostuvo Uribe durante la investigación. Según la vocera, la academia cumplía con la entrega de herramientas para que los participantes adquirieran los conocimientos necesarios para el mundo laboral. Respecto a los procesos de cobro y embargos, la funcionaria atribuye la situación a la responsabilidad legal que cada estudiante adquirió al momento de la matrícula. "Pues es que lo que pasa es que los participantes suscribieron un contrato y cuando uno suscribe un contrato, pues uno se obliga", puntualizó.Mientras la justicia determina si hubo incumplimientos contractuales o publicidad engañosa, el joven caleño y su familia permanecen a la espera de una resolución que no comprometa el patrimonio que sus abuelos construyeron. Para él, lo que buscaba ser una puerta para conseguir mejores oportunidades laborales se convirtió en una carga financiera que hoy parece no tener fin.
En Colombia, un país con una larga tradición de madres cabeza de familia, un hombre que decide ser padre en solitario de manera voluntaria sigue siendo una excepción. John Cifuentes Muñoz, un administrador de empresas de 51 años, es el protagonista de una historia que desafía las estructuras familiares convencionales. Tras vivir 16 años en el exterior, regresó al país para enfrentar situaciones familiares que transformaron su visión de la vida y lo llevaron a buscar el camino de la ciencia y la ley para cumplir su anhelo de ser papá. Los Informantes habló con él.El origen de su deseo de ser padre: del cuidado al amor incondicionalLa decisión de John no fue un impulso repentino. Su motivación nació de una experiencia de dolor y transformación personal vinculada a su padre, don Edilberto Cifuentes. En 2006, su padre fue secuestrado por una célula del EPL, permaneciendo siete meses en cautiverio bajo condiciones inhumanas. Este evento marcó el inicio de un deterioro en su salud que terminó años después con un diagnóstico de Alzheimer avanzado.Al regresar a Colombia para cuidar de él, John experimentó un cambio en sus prioridades. Según relata, el proceso de cuidar a su padre en su etapa más vulnerable le permitió descubrir una faceta emocional que antes desconocía. “En ese momento descubro el sentido del amor incondicional, como lo dice Brian Wise, el amor verdadero”, explicó John al recordar los días dedicados exclusivamente a acompañar a su padre. Fue esa conexión, sumada a una frase de un médico que notó la similitud en sus miradas, lo que detonó su decisión: “Definitivamente quiero ser papá. Y tomé la decisión de que quería ser padre soltero y dije, voy a empezar un proceso de subrogación”.El proceso técnico: ciencia y altos costos en ColombiaAl no tener una pareja y descartar la espera de un vínculo sentimental, John optó por la paternidad subrogada. Este procedimiento en Colombia tiene particularidades técnicas y legales que lo hacen complejo. Según el doctor Jorge Ramírez, especialista en fertilidad que acompañó el caso, para llevar a cabo este proceso se requiere la participación de dos mujeres con roles distintos y separados por ley para evitar conflictos éticos y legales futuros.“En Colombia para hacer un proceso de subrogación se necesitan dos mujeres, una que tenga el rol de donante de óvulos y la otra que es gestante, que es quien lleva ese bebé por 9 meses en su vientre”, contó Jhon. Él tuvo que seleccionar a una donante de óvulos anónima basándose en un cuestionario de características físicas, buscando que el niño tuviera rasgos similares a los suyos o a su tipo ideal de familia.El factor económico es otra barrera significativa. John revela que el proceso no es accesible para todos debido a los requerimientos de laboratorio y valores médicos. “En esta parte del proceso, el costo más importante es crear embriones. Crear embriones en Colombia puede estar hoy costando más o menos $50 millones de pesos”, afirmó. Cifuentes necesitó realizar cuatro intentos antes de que un embrión lograra implantarse con éxito en el vientre de la mujer gestante, una persona con quien sí mantuvo contacto y que ya había pasado por procesos similares anteriormente.El nacimiento de Carlo y el rol de "papá y mamá"El 8 de marzo, una fecha simbólica por ser el Día Internacional de la Mujer, nació Carlo. Para John, la llegada de su hijo representó el inicio de una etapa de aprendizaje intensivo. A pesar de contar con el apoyo de su madre y hermana, él se propuso ser el cuidador principal, asumiendo todas las tareas que tradicionalmente se dividen en una pareja o se asignan a la madre.Su compromiso con la crianza total quedó plasmado en una frase que repitió durante todo su proceso: “Quiero ser papá, pero quiero quiero quiero ser papá y mamá”. Esta visión lo llevó a prepararse para enfrentar los miedos lógicos de un padre primerizo que no tiene un relevo inmediato en casa. “Tengo que poder hacerlo. Tengo que poder bañar al bebé. Tengo que poder alimentarlo, tengo que poder hacer todo lo que el bebé necesita de mí y perdí el miedo”, recuerda sobre sus primeros días fuera de la clínica.El vacío legal: una batalla contra la burocraciaA pesar de la felicidad por el nacimiento, John se encontró con un sistema legal colombiano que no está preparado para la paternidad soltera por elección a través de subrogación. Al no existir un marco legal claro que regule el alquiler de vientres, los trámites administrativos se convirtieron en un obstáculo. El primer gran inconveniente surgió con el Registro Civil de Nacimiento.“No permitieron que me registraran a mí como padre soltero, sino que utilizan como punto de partida el registro de nacido vivo de la clínica en donde sale que la mamá es la gestante”, explica John. Como resultado, en el documento oficial el niño quedó registrado con el apellido de la gestante y ella figura como su madre legal, a pesar de existir contratos y declaraciones extrajudiciales donde ella renuncia a cualquier derecho biológico o legal sobre el menor. Para corregir esto, John ha tenido que iniciar un proceso judicial de impugnación de la paternidad que aún sigue su curso.Otro frente de batalla fue la licencia de paternidad. Inicialmente, el sistema de salud no reconocía su derecho a los cuatro meses de licencia que normalmente se le otorgan a una madre, argumentando que él es hombre. John tuvo que recurrir a una tutela en segunda instancia para que una jueza de familia ordenara a la EPS el pago y reconocimiento del tiempo necesario para cuidar a su hijo. “Hay un recién nacido que necesita que el papá esté ahí porque es que no hay mamá”, fue el argumento central que permitió que se le otorgara este derecho fundamental.Un futuro que busca crecerHoy, Carlo tiene más de un año y John se siente plenamente realizado en su rol. La experiencia ha sido tan satisfactoria para John Cifuentes que ya tiene planes para expandir su familia bajo el mismo método. “Este es el momento más feliz de mi vida. Yo no puedo pedir más”, asegura, mientras se prepara para iniciar un nuevo proceso de subrogación con el objetivo de darle un hermano a Carlo y continuar consolidando su hogar.
Jose Pino no es un experto en informática convencional. No tiene títulos universitarios ni terminó el bachillerato, pero su conocimiento técnico lo ha llevado a trabajar con las empresas más grandes de tecnología del mundo. Nació en Tumaco, Nariño, un puerto donde más del 80% de la población vive en la pobreza y los servicios básicos son precarios, Pino logró transformar su realidad a través de una pantalla. Hoy es reconocido como un hacker ético, un investigador que busca fallas en los sistemas para evitar que delincuentes roben información o dinero. Los Informantes habló con él.Una infancia entre motores y el apodo de 'Internet'Desde muy pequeño, Jose mostró una capacidad inusual para entender el funcionamiento de las máquinas. A los 9 años, mientras otros niños jugaban, él pasaba su tiempo en un taller desarmando y armando motores de motocicletas. Esta curiosidad se trasladó rápidamente al mundo digital. Durante la primaria, sus compañeros le pusieron un apodo que marcaría su destino: 'Internet'. El motivo era simple: Jose gastaba el dinero que sus padres le daban para las onces en pagar horas de conexión en cafés internet.Su primer contacto real con una computadora fue a través de su tío Lister, quien grababa música en discos para venderlos. Jose aprovechaba cualquier descuido para explorar el equipo. Su tío recuerda esos momentos con humor: “Yo llegaba y grababa y listo... cuando volvía al rato... me movía dos, tres teclas que yo no sabía cuáles eran para ponerlo normal”. El propio Jose admite la curiosa situación: “Yo me le metía a la habitación y le prendía la computadora y comenzaba a molestar con los programas que él tenía ahí”.El aprendizaje autodidacta y los foros en ruso donde aprendióLa formación de Jose Pino fue totalmente empírica. Sin profesores y con acceso limitado a la red, leía una y otra vez los únicos dos libros sobre tecnología que estaban disponibles en la biblioteca local. Cuando finalmente tuvo su propia computadora, un equipo de segunda mano que su padre le compró con esfuerzo, lo primero que hizo fue desarmarlo pieza por pieza para entender cómo funcionaba.Cuando su familia se mudó a Neiva, Jose encontró una forma de conectarse a internet de manera más estable descifrando la clave de Wi-Fi de un local vecino. Fue en ese momento cuando empezó a frecuentar foros virtuales donde expertos de todo el mundo compartían conocimientos sobre seguridad informática. El problema principal era que la información más avanzada estaba escrita en ruso. Sin herramientas modernas de traducción, Jose desarrolló su propio método: “Copiaba y pegaba el ruso para entender el contexto de lo que se estaba hablando y asimismo aprender”.La difícil decisión de dejar el colegio para trabajarA pesar de su talento, la situación económica en su hogar se complicó tras la separación de sus padres. Faltando solo cuatro meses para graduarse del colegio, Jose decidió retirarse para ayudar a su madre con los gastos básicos. Se encerró en su habitación a buscar errores en los sistemas de grandes multinacionales, esperando que su esfuerzo fuera recompensado.A los 16 años envió su primer reporte de seguridad a una empresa en San Francisco, Estados Unidos. La respuesta no fue dinero al principio, sino una camiseta y calcomanías. Sin embargo, poco después empezaron a llegar los cheques a nombre de su madre por sus descubrimientos en plataformas como Dropbox, PayPal y Yahoo. Su madre, Ruth Acevedo, recuerda que al principio no entendía lo que hacía su hijo: “Yo, ¿estás loco? Loquito, loquito”. Hoy, reconoce con orgullo que ese niño que creció en un entorno difícil logró superarse por sus propios medios.Un impacto masivo en la seguridad digital globalLa relevancia de Jose Pino en la ciberseguridad actual se mide en cifras contundentes. Solo el año pasado, identificó una falla de seguridad que afectaba al 70% de los usuarios de internet en todo el mundo. Él explica la magnitud de su trabajo de forma directa: “Si lo vemos desde el lado del descubrimiento de una vulnerabilidad directamente a un sistema, es un impacto a 3.000 millones de personas”.Además de proteger a usuarios comunes, Pino ha desarrollado herramientas tecnológicas que hoy utilizan policías del mundo para rastrear a cibercriminales. Su enfoque siempre ha sido el de la resolución de problemas complejos, algo que, según él, no siempre requiere de títulos académicos. Con seguridad, afirma: “Resolvemos problemas que los chicos de posdoctorados no resuelven”. Este nivel de experiencia lo ha llevado a ser conferencista en eventos internacionales de gran prestigio, como el Black Hat.Retorno a Tumaco y su visión de futuroA pesar de su éxito internacional y de vivir entre Medellín y Miami, Jose Pino no olvida sus orígenes en el Pacífico colombiano. En una reciente visita a su pueblo natal, donó 200 computadores portátiles a niños de la zona para que tengan las oportunidades que a él le costó tanto conseguir. En Tumaco es recibido con admiración; algunos incluso lo confunden con celebridades por su apariencia y seguridad.Para Pino, el objetivo final de su carrera es utilizar la tecnología para reducir el crimen y asegurar que las naciones tengan control sobre su propia seguridad digital. Su historia demuestra que, con disciplina y curiosidad, es posible cambiar un destino que parecía marcado por la falta de recursos. Como él mismo señala, los retos grandes se ven pequeños cuando recuerda lo que vivió en su infancia. Jose Pino no solo aprendió a programar computadores; aprendió a programar un futuro diferente para él y su familia.
Catalina Giraldo ya no está en este mundo, pero la lucha jurídica para que se regule la muerte digna en Colombia prevalece. El nombre de esta psicóloga de 31 años pasó a ocupar los titulares de las noticias cuando solicitó el suicidio médicamente asistido a su EPS, pero le fue negado; así que decidió emprender una batalla legal que se extendió por 10 meses y llegó hasta la Corte Constitucional, donde permanece el caso para el respectivo estudio. Giraldo le envió un contundente mensaje a los magistrados del alto tribunal antes de su muerte.Noticias Caracol dio a conocer una entrevista póstuma que Catalina concedió horas antes de acceder a la eutanasia, el 9 de julio. Murió acompañada de su mamá, su hermana y su mascota en un centro médico de Bogotá. Pero su fallecimiento no se dio como ella lo esperaba. La importancia del suicidio asistido para ella radicaba en que era un acto de autonomía y de apropiarse de su proceso. Al final, aceptó resignada la eutanasia, aunque se sentía tranquila. El detonante para optar por este camino vino cuando fue hospitalizada en mayo pasado y se sintió restringida.El suicidio asistido fue despenalizado en Colombia en 2022, a través de la Sentencia C-164 de la Corte Constitucional. Sin embargo, los vacíos legales fueron de los que se valió la EPS de Giraldo para negarle el acceso a este derecho. Catalina era la primera paciente en pedir el acceso a este recurso, pero se encontró con que este no había sido debidamente reglamentado. Así las cosas, inició una batalla legal que duró 10 meses. Tutelas y frustraciones estuvieron acompañadas por el insoportable peso de vivir con el que cargaba Catalina. Su salud mental se deterioraba a medida que la demanda iba llegando a nuevas instancias.El duro mensaje de Catalina Giraldo a la Corte ConstitucionalEn sus últimas declaraciones, Catalina Giraldo envió un mensaje directo y contundente a los magistrados de la Corte Constitucional, enfocándose en la necesidad de justicia para quienes enfrentan situaciones similares a la suya. “Esta lucha no termina conmigo; yo voy a fallecer en las próximas horas; pero no fallece con este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria, hay personas que sufren y que se suicidan todos los días”, declaró.Giraldo les hizo un llamado a los magistrados a que comprendan que esta es una lucha por la salud mental y la muerte digna. “Muchas personas necesitan una muerte acompañada y segura, y no morir como la mayoría de personas que se suicidan de manera violenta”. Catalina aclaró que para ella sería infame que la alta corte no resuelva el caso de fondo.La pelea continúa: ¿en qué va la tutela de Catalina Giraldo?El capítulo más reciente de esta batalla fue la solicitud formal que hizo la representación de Giraldo a la Corte Constitucional de apartar del caso a la presidenta Paola Meneses, quien fue designada para revisar el expediente de la tutela. DescLAB, firma que acompaña el proceso jurídico, recordó que la magistrada salvó su voto a la hora de decidir sobre la Sentencia C-164 de 2022. “Al salvar su voto (...), la magistrada Meneses rechazó públicamente la Asistencia Médica al Suicidio, se opuso radicalmente a su despenalización y práctica en el sistema de salud”, señaló la organización.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Corte Constitucional emitió un nuevo fallo en el que aclara cuáles son los reglamentos de propiedad horizontal que rigen para animales de compañía en zonas comunes. La decisión fue adoptada tras resolver una tutela presentada por una residente a quien le impedían usar el ascensor junto a uno de sus perros, pese a que ambos tenían condiciones de salud que hacían necesario ese medio de acceso.La alta corte explicó en la Sentencia T-199 de 2026 que dentro de los reglamentos de propiedad horizontal "no puede prohibirse el tránsito y la permanencia de animales domésticos o mascotas en las zonas comunes", ni establecer autorizaciones previas para que sus propietarios puedan movilizarse con ellos. La decisión quedó consignada por la Sala Octava de Revisión que protegió los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Fallo de la Corte protege a residentes con mascotas en zonas comunesEl caso surgió luego de que una residente de un conjunto ubicado en Cajicá presentara una acción de tutela contra la administración del lugar. La mujer manifestó que le habían impedido utilizar el ascensor junto con uno de sus perros, pese a que ambos tenían limitaciones físicas que hacían inconveniente el uso de las escaleras. "Teresa presentó una tutela en contra del conjunto residencial donde vive porque la administración le prohibió utilizar el ascensor con Júpiter, uno de sus cuatro perros", indicó la Corte. De acuerdo con el expediente, la accionante padece osteoporosis y una hernia lumbar, mientras que uno de sus cuatro perros fue diagnosticado con displasia de cadera y una enfermedad degenerativa en la columna, por lo que el veterinario recomendó que el animal evitara subir y bajar escaleras para impedir el avance de su condición. Sin embargo, la administración del conjunto informó a los residentes que las mascotas no podían ser transportadas en los ascensores sin autorización. Y aunque durante el trámite judicial la administración otorgó un permiso especial para que la propietaria pudiera usar el ascensor con sus perros, la autorización tenía una vigencia limitada y estaba condicionada a la renovación periódica de certificados médicos y veterinarios, a lo que la Corte estableció que "en ningún caso es admisible prohibir su tránsito o permanencia, ni someter su ejercicio a autorizaciones discrecionales". La Corte explicó que exigir permisos para utilizar un ascensor junto con un animal de compañía constituye una restricción que afecta derechos fundamentales cuando la legislación ya reconoce la posibilidad de que estos animales transiten por las zonas comunes de las propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal. En ese sentido, el alto tribunal recordó que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que no pueden imponerse prohibiciones sobre el tránsito y permanencia de animales domésticos en las áreas comunes de los conjuntos residenciales."El tema de las mascotas es responsabilidad de sus propietarios. Lo que no se puede prohibir es el tránsito y la permanencia de estos animales en las zonas comunes de la propiedad. Las restricciones tienen que ver con que los propietarios se hagan cargos de las necesidades de sus mascotas y que se hagan cargo de las normas mínimas del acceso a la propiedad horizontal. Los conjuntos deben tener unos límites constitucionales y no prohibir la permanencia de los animales ni su tránsito. Lo importante es garantizar las condiciones de salud de las mascotas y su propietarios respetando sus responsabilidades", explicó Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, en Noticias Caracol.¿Qué pueden regular los conjuntos residenciales sobre las mascotas?La decisión no significa que los conjuntos residenciales pierdan la facultad de establecer reglas relacionadas con la convivencia entre vecinos y la tenencia responsable de animales. La Corte precisó que la administración sí puede adoptar medidas dirigidas a garantizar el uso adecuado de las zonas comunes, siempre que esas disposiciones sean razonables y estén alineadas con la ley. Entre los aspectos que pueden ser objeto de regulación se encuentran:El uso obligatorio de correa en las áreas comunes.El cumplimiento de las normas de higiene por parte de los propietarios.La recolección de los desechos de los animales.El respeto por las medidas de seguridad previstas para razas que así lo requieran.Las reglas orientadas a evitar afectaciones a la convivencia entre residentes.Lo que no resulta constitucional, según la sentencia, es impedir de manera absoluta el ingreso de animales a zonas comunes, prohibir el uso de ascensores o exigir permisos especiales para ejercer un derecho que la ley reconoce. Además, la Corte reiteró que los animales de compañía ocupan un lugar importante dentro de muchas familias y que la relación que las personas construyen con ellos tiene incidencia en derechos como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar."La Corte, inicialmente, recordó que en la actualidad los animales de compañía o mascotas ocupan un papel relevante en la vida de muchas personas. Este fenómeno ha llevado a que se construyan relaciones entre los animales domésticos y los seres humanos. Para la Sala, ese vínculo tiene una dimensión constitucional, que se relaciona con el ejercicio de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, y la intimidad personal y familiar". En consecuencia, ordenó al conjunto residencial:Permitir el uso del ascensor por parte de la accionante junto con sus animales de compañía sin exigir permisos previos.Abstenerse de imponer sanciones relacionadas con el uso del ascensor por transportar mascotas.Dejar de aplicar el artículo del manual de convivencia que restringía el transporte de animales en el ascensor.Actualizar el reglamento interno para ajustarlo a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 1801 de 2016.La Corte también aclaró que la decisión no elimina las obligaciones que tienen los propietarios de mascotas respecto al cuidado de los espacios comunes, el cumplimiento de las normas sanitarias y el respeto por los demás residentes. "para garantizar la adecuada convivencia y el respeto de las normas de higiene y seguridad en las zonas comunes". VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
La firma DescLAB, que acompaña a Catalina Giraldo, pide apartar del caso a la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. Giraldo tiene 30 años y busca el acceso a la muerte digna a través del suicidio médicamente asistido. Esta mujer tiene un diagnóstico complejo y para nada menor: padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Ella ha intentado todo lo imaginable en terapias, pero no ha tenido mejoría: 40 esquemas farmacológicos distintos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Nada. En 2025, Catalina tomó la decisión de solicitar la muerte digna a través de una figura que hasta ahora no ha sido utilizada en Colombia: el suicidio médicamente asistido. Pero la EPS Sanitas le negó la petición. Por lo tanto, el caso trascendió a instancias legales a través de una tutela que hoy es objeto de estudio en la Corte Constitucional.¿Por qué piden apartar a la magistrada Paola Meneses?DescLAB sostiene que la magistrada Meneses es la designada para revisar el expediente de la tutela, pero está impedida para decidir en el caso de Catalina Giraldo. La organización ya envió un oficio para pedir que se le aparte del proceso. “La ley prohíbe fallar a un juez que ya manifestó su opinión sobre el asunto”, declara. Y es que Meneses salvó su voto en la sentencia C-164 de 2022, fallo reconocido por ser aquel que le abrió la puerta al mecanismo del suicidio médicamente asistido como una opción legal de morir dignamente en Colombia, al despenalizarlo.“Al salvar su voto (...), la magistrada Meneses rechazó públicamente la Asistencia Médica al Suicidio, se opuso radicalmente a su despenalización y práctica en el sistema de salud”, afirma DescLAB como parte de los argumentos para pedir que la togada no tenga peso en el caso.La firma también dice que la magistrada emitió un juicio que calificó como “profundamente estigmatizante” sobre la capacidad de manifestar la voluntad por parte de quienes tienen alguna condición de salud mental. “Meneses afirmó que las personas con sufrimiento psíquico tienen una voluntad distorsionada y son incapaces de dar un consentimiento libre e informado”. Además, señaló que la magistrada bloqueó la solución de fondo al decir que ni la Corte ni el Ministerio de Salud pueden regular sobre este asunto, sino que solo le corresponde al Congreso de la República.El caso de Catalina Giraldo: “Lo siento en mi pecho y me duele”El caso de Catalina Giraldo fue conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en su momento, antes de que este fuera admitido por la Corte Constitucional el pasado 28 de mayo. Es trascendental porque es la primera paciente que pide tomar esta ruta en el país y cumple todos los requisitos: padece una enfermedad grave, resistente a todo esfuerzo terapéutico.(Conozca todo el caso aquí: El pedido de una mujer de 30 años por una muerte digna a través de un suicidio médicamente asistido)“Yo siento que es un infierno. Por ejemplo, sentir que el corazón se te acelera, que no puedes respirar bien, que te tiemblan las manos, que tienes ganas de lastimarte, que quieres hacerte daño; luchar todo el tiempo con eso es muy desgastante también. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera poder apagar esas voces, apagar ese malestar; de pronto hay momentos pequeños en el día en que se apagan, pero la mayor parte del día eso está contigo a todas partes, a donde vayas, inclusive a dormir se va conmigo, no me deja descansar, no me deja en paz. Es como si quisieras decirle 'ya basta, vete por favor, déjame en paz'”, cuenta Catalina, a modo de describir lo que vive día tras día.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Un día festivo que fue recién decretado por el Gobierno nacional fue demandado ante la Corte Constitucional por un ciudadano. Se trata de la Fiesta Nacional del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que será conmemorada por primera vez este 9 de julio de 2026 tras ser avalada vía sanción presidencial después de su aprobación en el Congreso.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La acción pública contra el artículo 6 de la Ley 2578 de 2026, que decreta el día festivo, fue ingresada al sistema de la Corte Constitucional el pasado 9 de junio. Un ciudadano, identificado como R. Ospina, demandó la norma ante el alto tribunal por presunta inconstitucionalidad. Según el demandante, la ley vulnera varios principios consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991.Los argumentos de la demanda contra el nuevo festivoEl ciudadano sostiene que la norma incurre en tres violaciones directas a la Carta Magna:Ruptura del Estado laico y la neutralidad religiosa: Según el demandante, al consagrar un descanso obligatorio a nivel nacional para honrar explícitamente a una figura de la religión católica, el Congreso de la República rompe con su deber de neutralidad religiosa. El recurso argumenta que la medida otorga un privilegio civil a un credo específico, discriminando a quienes profesan otras creencias o se declaran no creyentes.Falta de análisis en materia de impacto fiscal: El demandante asegura que la ley se tramitó sin un estudio técnico previo ni el aval explícito del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que las leyes con impacto fiscal deben pasar por este proceso, lo que constituiría un vicio de trámite según las normas de presupuesto de la Ley 819 de 2003. Cabe recordar que la ley establece que los trabajadores del sector público y privado tendrán derecho al descanso remunerado en este día.Golpe a la libertad económica: Finalmente, el recurso advierte que la imposición de este festivo altera drásticamente los costos de nómina y la producción del sector empresarial privado. Al combinarse con las recientes reformas de recargos laborales, el ciudadano considera que se impone una carga desproporcionada que no persigue un fin constitucional general, sino un motivo exclusivamente conmemorativo religioso.¿Qué pasará con el festivo del 9 de julio en Colombia?De momento, el texto se encuentra en la Secretaría de la Corte Constitucional después de haber sido radicado formalmente. El caso deberá ser asignado a un magistrado ponente para que analice si el recurso cumple con los requisitos legales y, de ser así, sea admitido para su posterior estudio.Es importante aclarar que, hasta que no haya un fallo definitivo por parte del alto tribunal, el festivo del 9 de julio que conmemora a la Virgen de Chiquinquirá sigue plenamente vigente en el calendario de festivos en Colombia para este 2026.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El Ministerio de la Igualdad dejaría de existir el 20 de julio de 2026, luego de que la Corte Constitucional ordenara subsanar los fallos en la creación de la cartera, para lo que había dado un plazo de dos legislaciones (2024 y 2026).Dicho Ministerio fue creado en enero de 2023, bajo la administración del Gobierno de Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez fue la primera en dirigir ese despacho.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Por qué no podría seguir funcionando el Ministerio de la Igualdad?En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 “por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones por vicios de procedimiento en su formación”.Tras encontrar los fallos en la creación de la cartera, el alto tribunal determinó “DIFERIR los efectos de la presente decisión, por el término de dos (2) legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024”, es decir las de 2025 y de 2026. Lo anterior, con el fin de subsanar las falencias en la formación del despacho y así garantizar su continuidad en el Ejecutivo.El Congreso debía en esos dos periodos legislativos revisar la ley que dio origen al Ministerio de la Igualdad y corregir los errores cometidos. En abril de 2025, congresistas y miembros de la comunidad diversa radicaron el proyecto de ley que buscaba dar continuidad a la entidad gubernamental.Sin embargo, el 20 de junio termina la legislatura actual, por lo cual ya no quedaría tiempo para emitir una nueva norma que le dé permita al ministerio seguir funcionando.Con lo anterior y según el fallo de la Corte Constitucional, la “Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico” a partir del 20 de julio, lo que daría por cerrado el Ministerio de la Igualdad.NOTICIAS CARACOL
A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, distintos organismos del Estado, autoridades electorales y presidentes de las altas cortes coincidieron en un mensaje común: respetar los resultados que arrojen las urnas y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El llamado se produjo durante una cumbre internacional sobre instituciones y controles, convocada por la Procuraduría General de la Nación, en la que participaron representantes de las altas cortes, organismos de control y autoridades electorales. Durante el encuentro, los voceros insistieron en la necesidad de preservar la institucionalidad y acatar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en materia electoral.Altas cortes se sumaron al llamadoUno de los pronunciamientos más contundentes fue el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien subrayó que el respeto por los resultados electorales constituye una garantía para la democracia y para la ciudadanía.“Es fundamental el respeto de los resultados porque eso es un respeto a la ciudadanía, es un respeto a las reglas democráticas y eso fortalece la convivencia democrática”, afirmó.El magistrado agregó que la expectativa es que tanto los candidatos como los diferentes actores sociales acaten los resultados una vez sean informados oficialmente por la Registraduría Nacional y luego del escrutinio correspondiente.La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, también se refirió a la relación entre el poder judicial y quien resulte elegido presidente de la República.“Lo primero, sin duda, es respetar, acatar las decisiones judiciales y segundo la garantía de los principios y valores constitucionales, en especial lo que tiene que ver con la defensa y el respeto de los derechos fundamentales”, manifestó.Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, recordó que el Gobierno puede discrepar de las decisiones judiciales, pero está obligado a cumplirlas.“Constitucionalmente el presidente de la República y el gobierno no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tiene el deber de acatarlas”, señaló.Además, advirtió sobre la diferencia entre expresar desacuerdos y desafiar la institucionalidad. Según indicó, la legitimidad de las decisiones judiciales se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la ley.La desinformación fue otros de los temas discutidosEl registrador nacional, Hernán Penagos, enfocó su intervención en los riesgos que representa la circulación de información falsa o sesgada sobre el proceso electoral.“Difundir información sesgada, falsa o difamar no golpea la autoridad electoral, golpea la democracia en su conjunto, golpea la nación que somos todos y todas”, afirmó.Penagos recordó que las autoridades competentes ya adoptaron decisiones y certificaron los resultados de la primera vuelta presidencial mediante los procedimientos establecidos.“Ya las autoridades, jueces y Consejo Nacional Electoral, porque son las competentes, decidieron, entregaron los resultados y los acreditaron en una resolución”, expresó.En ese contexto, sostuvo que corresponde a ciudadanos y servidores públicos aceptar los resultados emitidos por las instituciones electorales, al considerar que forman parte de las reglas propias del sistema democrático.Organismos de control insisten en reducir la polarizaciónEl contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado a disminuir el nivel de confrontación política y pidió dar ejemplo desde las instituciones.Durante su intervención dirigió una invitación al presidente de la República para que contribuya a reducir la tensión alrededor del debate electoral.“Yo sí le haría una invitación muy cordial y respetuosa al señor presidente de la República para que lo hiciera y me parece que ese sería un gesto importante más allá de la polarización tan grave que hoy en día tenemos”, señaló.Rodríguez manifestó además su preocupación por posibles descalificaciones hacia los organismos de control y pidió moderar el tono de las discusiones públicas.A su turno, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró que las autoridades electorales son las únicas competentes para pronunciarse sobre los resultados y enfatizó que el presidente de la República no tiene facultades para modificarlos o desconocerlos.“Yo no le tengo que pedir nada al presidente, él conoce sus obligaciones”, afirmó.El procurador agregó que el jefe de Estado no tiene atribuciones para proclamar, negar o alterar un resultado electoral ya definido por las autoridades competentes. En ese sentido, sostuvo que el proceso electoral ha seguido su curso institucional y que los resultados corresponden a decisiones adoptadas por los organismos facultados para ello.Además, varios de los participantes respaldaron los llamados realizados por la Iglesia Católica para reducir la confrontación política y promover un ambiente de respeto durante la recta final de la campaña presidencial.Con el país a pocos días de acudir nuevamente a las urnas, las instituciones reiteraron que la confianza en el sistema democrático depende del reconocimiento de las reglas electorales y del respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que vive en Bogotá, pidió oficialmente a la Corte Constitucional que seleccione para revisión la tutela con la que busca acceder al derecho a morir dignamente mediante asistencia médica al suicidio (AMS), una figura que fue despenalizada en Colombia en 2022, pero que aún no cuenta con reglamentación por parte del Estado.La solicitud fue presentada este jueves 7 de mayo, fecha en la que vencía el plazo para que ciudadanos, organizaciones y entidades públicas pidieran la selección de expedientes ante la Corte. El caso de Catalina podría ser escogido por la Sala de Selección No. 5 y la decisión se conocería el próximo 28 de mayo. "Mi derecho está siendo vulnerado", subrayó la joven sobre el caso que la ha tenido en vilo desde hace unos meses. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sobre la irrevocable decisión que Catalina tomó en 2025 y que se ha convertido en uno de los procesos más relevantes alrededor del debate sobre muerte digna en Colombia, su verdadero temor es que su caso "se pierda entre cifras y mi lucha sea olvidada", debido a que podría definir si la asistencia médica al suicidio puede aplicarse realmente dentro del sistema de salud o si seguirá limitada por la falta de regulación.¿Qué es la asistencia médica al suicidio en Colombia?La asistencia médica al suicidio fue despenalizada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-164 de 2022. A diferencia de la eutanasia, en este procedimiento el médico suministra o facilita el medicamento, pero es el propio paciente quien decide administrárselo.Aunque la Corte eliminó las sanciones penales para los médicos que participen en estos casos bajo determinadas condiciones, el Congreso y el Ministerio de Salud no han expedido reglas claras sobre cómo debe aplicarse el procedimiento. Precisamente ese vacío jurídico es el centro de la tutela presentada por Catalina Giraldo, quien asegura que el sistema de salud ha impedido ejercer un derecho reconocido por la jurisprudencia constitucional."Hoy le pido a la Corte Constitucional que seleccione y falle de fondo mi caso porque a pesar de los esfuerzos de esconder lo obvio, la gente intenta suicidarse y muchos lo logran. Si bien algunos de estos suicidios hubieran podido ser prevenidos, muchos otros no necesitaban eso, más bien tenían derecho a ser acompañados", indicó. La petición de Catalina a la Corte sobre su muerte dignaAdemás de la solicitud escrita enviada al alto tribunal, Catalina publicó tres videos en los que pidió directamente a la Corte Constitucional estudiar su caso antes de que, según afirmó, "el vacío institucional" termine haciendo imposible acceder a su derecho a morir dignamente. "Mi dolor es tan difícil de contar como las heridas y cicatrices de mi cuerpo. Mi última oportunidad, y la de muchos otros, es que mi caso llegue a la Corte Constitucional", indicó en DescLAB, la firma que ha visibilizado su caso. En uno de los mensajes difundidos en redes sociales, Catalina señaló que su caso no solo busca resolver su situación personal, más bien busca también abrir una discusión más amplia sobre las personas que desean acceder a una muerte digna mediante procedimientos acompañados por el sistema de salud. "Estoy convencida de que el suicidio puede ser un acto protegido, seguro y acompañado. No debe ser un acto violento y traumático ni para la persona que decide quitarse la vida ni para su familia", expresó en uno de los videos.También aseguró que durante el proceso su sufrimiento derivado de enfermedades mentales ha sido minimizado y que la falta de reglamentación ha impedido estudiar de fondo su solicitud médica. La Defensoría del Pueblo también pidió formalmente a la Corte Constitucional seleccionar el expediente de Catalina Giraldo por considerar que tiene relevancia constitucional y podría tener impacto en el desarrollo del derecho a morir dignamente en Colombia.La entidad consideró necesario que el alto tribunal analice las barreras existentes para acceder a la asistencia médica al suicidio y determine el alcance de las obligaciones del sistema de salud frente a este tipo de solicitudes. "La Defensoria del Pueblo también solicitó la selección del expediente por su relevancia constitucional y su impacto en el derecho a morir dignamente", se lee en un comunicado de DescLAB. La historia detrás del caso de la joven que pide suicidio asistidoCatalina Giraldo hizo pública su situación en marzo de 2026, cuando contó que había solicitado a su EPS la autorización para acceder a la asistencia médica al suicidio. Según relató, ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. También aseguró haber pasado durante años por múltiples tratamientos psiquiátricos, hospitalizaciones y distintos esquemas farmacológicos sin mejoría clínica.En octubre de 2025 presentó la solicitud formal ante su EPS, Sanitas, argumentando que su condición le producía un sufrimiento incompatible con su idea de vida digna. Sin embargo, la entidad negó el procedimiento señalando que no existían condiciones normativas ni operativas para garantizar su realización de manera segura y legal. Tras esa respuesta, Catalina interpuso una acción de tutela con el acompañamiento del abogado Lucas Correa y la organización DescLAB, buscando que la justicia ordene garantizar el procedimiento."Yo he intentado acabar con mi vida y lo he hecho en maneras que han sido impulsivas, que no han tenido el fin que yo deseaba que tuviera, pero eso no me han quitado las ganas de hacerlo. Pero al mismo tiempo tampoco quiero lastimar a mi familia. Entonces yo me he preguntado desde hace un tiempo si hay una forma segura de hacer esto, si hay una forma en la que yo no tenga que hacer esto a escondidas".Mientras capotea la angustia que le provoca este permanente estado de incertidumbre, Catalina implora que la Corte revise su caso y escuche su clamor de auxilio. "Tal vez sea muy difícil, pero genuinamente estoy pidiendo ayuda y estoy pidiendo ayuda para mi familia también y estoy pidiendo ayuda porque es muy agotador, porque esto cansa mucho, porque estoy cansada (...) Y si yo he vivido una vida de sufrimiento, de dolor, yo quiero ya no callar y yo ya no quiero esconder esto, porque esconderlo es mucho trabajo".VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
La Corte Constitucional suspendió la segunda cuota del impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro, contemplado en la segunda emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El alto tribunal determinó que las únicas entidades que se libran de pagar este impuesto, decretado por cuenta de la emergencia económica por la ola invernal, son las empresas sin ánimo de lucro del régimen especial, entre las que se encuentran fundaciones, ONG’s, algunas universidades.También quedaron excluidas de este impuesto al patrimonio las personas jurídicas que estén en liquidación.El cobro de la segunda cuota estaba previsto para el próximo 4 de mayo. El resto de personas jurídicas que declaran renta y tienen un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos sí deberán pagar.La decisión fue adoptada con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández Andrade expresaron su desacuerdo al salvar el voto. A su vez, las magistradas Natalia Ángel Cabo y Lina Escarbar Martínez, junto con el magistrado Carlos Camargo Assis, presentaron aclaración de voto.Otros impuestos de emergencia econímica que suspendió la Corte ConstitucionalEn días pasados, la Corte Constitucional tumbó el segundo decreto de emergencia económica, el cual reglamentaba impuestos a juegos de suerte y azar e impuestos a los licores.La Corte señaló que los impuestos que se lograron cobrar en el mes en el que el decreto estuvo vigente, desde el 29 diciembre de 2025 al 29 de enero de 2026, tendrán que ser devueltos.Además, el decreto de emergencia económica incluía beneficios tributarios para quienes tuvieran mora al 31 de diciembre del 2025 y a las obligaciones tributarias al sector aduanero y cambiario en el país. Dichos beneficios continúan en firme.El Ministerio de Hacienda le comunicó a la Corte que el recaudo por este concepto de beneficios por pago ante la mora es de cerca de 1.63 billones de pesos.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La Corte Constitucional tumbó uno de los decretos reglamentarios de la emergencia económica. Se trata del 1474 del 29 de diciembre de 2025, que contemplaba impuestos a juegos de azar impuesto y a licores y “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.Para el alto tribunal, la norma, que hacía parte del decreto madre que también se cayó, es inexequible dado que no responde a hechos sobrevinientes o imprevisibles. (Lea también: Petro responde a decisión de Corte de tumbar definitivamente el decreto de emergencia económica)(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Efectos de la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económicaCon la sentencia, la sala ordenó que “los impuestos directos que fueron modificados o se hayan causado mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos no sean objeto de declaración, liquidación o cobro por parte de la DIAN, y que se devuelvan los que se hayan pagado anticipadamente”.Asimismo, indicó que “los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado el pago y así lo acrediten, para lo cual la DIAN aplicará, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondrá la adopción de uno específico para ese efecto, si fuere necesario”.Por último, pidió mantener “incólumes las situaciones jurídicas consolidadas respecto de los contribuyentes que acreditaron las condiciones exigidas para acceder a los beneficios tributarios previstos en el Decreto Legislativo 1474 de 2025 mientras este produjo efectos”.Estos aplicaban a quienes tuvieran mora al 31 de diciembre de 2025 y a las obligaciones tributarias del sector aduanero y cambiario, y con la decisión del alto tribunal deben mantenerse.El Ministerio de Hacienda le había informado a la Corte Constitucional que el recaudo por concepto de beneficios es de 1,63 billones de pesos.Existe otro decreto, el 0044 de 2026, que contempla medidas "para propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica" en el marco del estado de emergencia, con mayor influencia en la región Caribe, por lo que plantea la creación de una contribución parafiscal transitoria y una contraprestación tributaria en energía. La Corte también deberá analizarlo y se prevé que tome la misma decisión. (Lea también: Corte suspende decreto de impuesto a generadoras de energía al amparo de la emergencia económica)Al tumbar a comienzos de abril el decreto madre de la emergencia económica, la Corte Constitucional concluyó que este “no cumplió con los requisitos de la Constitución, la Ley Estatutaria de Justicia y la jurisprudencia constitucional” y encontró que las causales mencionadas no fueron bien sustentadas.NOTICIAS CARACOL
Meta Platforms Inc., quien administra los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp, acató la orden de la Corte Constitucional por el fallo emitido en el caso Esperanza Gómez, actriz de contenido para adultos.En una sentencia proferida en septiembre de 2025, el alto tribunal encontró que Meta vulneró los derechos fundamentales de la actriz al eliminar su cuenta de Instagram, que contaba con más de 5 millones de seguidores, sin una justificación transparente y clara "y sin darle un trato equitativo frente a perfiles con publicaciones semejantes".De acuerdo con Esperanza Gómez, Meta decidió eliminar su cuenta porque, en el pasado, se dedicó a actividades de pornografía. (Lea también: Esperanza Gómez reveló que puede terminar en silla de ruedas por una enfermedad: "Quedo paralizada")Tras la sentencia, la actriz fue enfática en decir que presentó “muchísimas pruebas de las penalidades y son contundentes, en las cuales (demuestro que) mis contenidos no infringían las normas de Meta porque yo dentro de Instagram jamás he vendido pornografía. Mis publicaciones, la mayoría, eran en ropa interior, donde promociono también mi propia marca de lencería, en las cuales había insinuaciones sugestivas, pero no era pornografía explícita".También mostró "páginas de otras chicas, de otras modelos, incluso personalidades famosas internacionales a nivel mundial, donde suben contenido desnudo 100% y nunca han sido considerados infracciones para las reglas de Instagram". (Lea también: "En Instagram jamás he vendido pornografía": Esperanza Gómez sobre fallo de la Corte a su favor)(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Las medidas que adoptará MetaLa Corte Constitucional advirtió que la compañía no podía cerrar cuentas "sin transparencia ni motivación suficiente de personas que han ejercido actividades de pornografía fuera de la plataforma (actividades offline)".Asimismo, indicó que “Meta no aplicó de forma transparente y consistente las normas previstas en sus Condiciones de Uso y Normas Comunitarias a la hora de tomar decisiones de moderación de contenidos en este caso. Por lo tanto, pese a que ya no era posible recuperar la cuenta eliminada por el paso del tiempo, sí encontró que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, debido proceso, igualdad, trabajo y libertad de escoger profesión u oficio de la accionante”.Por eso, le ordenó a la empresa “crear un canal electrónico visible para notificaciones judiciales en procesos de tutela en Colombia, asegurar que sus políticas estén disponibles en español y en un sitio web unificado, y revisar y ajustar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram, de modo que los usuarios conozcan con claridad los mecanismos para impugnar decisiones de moderación”.También “instó a Meta a definir con mayor precisión sus reglas sobre contenidos sexuales implícitos y pidió a su Consejo Asesor emitir un dictamen consultivo sobre la moderación de contenidos frente a desnudos y actividades sexuales de adultos, especialmente frente al uso de conductas offline como criterio de moderación”.Tras esto, de acuerdo con lo informado por la Corte Constitucional, la plataforma Meta “estableció un canal de comunicación al que pueden acceder las autoridades judiciales colombianas para notificar acciones de tutela, publicó información dirigida a usuarios ubicados en Colombia sobre cómo se puede apelar el cierre de cuentas de Instagram y unificó las Condiciones de Uso y las Normas Comunitarias en el Centro de Transparencia, incluido en español”.Dichos sitios web son: https://transparency.meta.com/policies/other-policies/colombian-constitutional-court/ y https://transparency.meta.com/sr/Esperanza-Gomez-CCC-Compliance-Report-SpanishPOR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
A solo horas del triunfo de la Selección de Argentina contra Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026; Teófilo Gutiérrez se reportó a través de sus redes sociales, con curiosa publicación, en la que destacó a una de las figuras del combinado ‘albiceleste’.Y es que, el actual delantero del Junior de Barranquilla recordó lo que fue su paso por el fútbol argentino; especialmente cuando vestía los colores de Rosario Central.Justo para ese tiempo, Enzo Fernández todavía no era el jugador de hoy en día; incluso, hasta ahora estaba dando sus primeros ‘pinitos’ en su carrera y, coincidencialmente, estando en la cancha del Monumental, hizo presencia en un duelo entre River Plate y el conjunto rosarino.Después del partido, Enzo ingresó a la cancha para pedirle la foto a nadie más y nadie menos que Teófilo Gutiérrez; quien para ese entonces ya era una figura del club ‘millonario’, después de haber sido fundamental en la conquista de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.Años más tarde de aquella fotografía, que se ha vuelto viral en redes sociales; al punto de llegar al mismo atacante colombiano, que actualmente milita en Junior de Barranquilla.“De River hasta el infinito”, puso de mensaje en su historia de Instagram Teófilo, solo hace un par de horas, acompañado de dicha fotografía, en la que se le ve con Enzo Fernández, haciendo alusión a que los dos pasaron por el club ‘millonario’ y que ahora el argentino es figura en la Copa del Mundo 2026 con su país.Es importante recalcar que el mediocampista de 25 años fue fundamental en la ‘albiceleste’, el pasado miércoles, en el triunfo 2-1 contra Inglaterra, en las semifinales del certamen mundialista. Enzo anotó el gol de la igualdad parcial, que encaminó la posterior remontada de Argentina.
El Tribunal Supremo de Italia rechazó la apelación presentada por la familia de la joven pakistaní Saman Abbas, asesinada a los 18 años tras negarse a un matrimonio forzado con un pariente en Pakistán, por lo que se dan por firmes las condenas impuestas a varios de sus familiares en el marco de un caso que conmocionó a la opinión pública italiana.El Supremo italiano dio así por definitivas la condena a cadena perpetua a sus padres y a dos primos, y los 22 años de reclusión dictaminados para uno de sus tíos por su implicación en el suceso.¿Cómo ocurrió el crimen de la joven?La joven pakistaní fue asesinada en Novellara , en la región de Reggio Emilia, en la primavera de 2021, en un homicidio programado por toda la familia por oponerse a un matrimonio concertado y por adoptar un estilo de vida considerado incompatible con las tradiciones familiares, según afirmó la Fiscalía. La joven fue asesinada en la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 2021 y su cuerpo fue encontrado enterrado en un descampado cercano un año y medio después de su desaparición.Durante el proceso ninguno de los acusados confesó el crimen y se inculparon entre ellos, pero para los jueces de apelación toda la familia es responsable del asesinato.La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comentó tras la sentencia del Supremo: "Concluye un doloroso proceso judicial. Saman (...) fue asesinada (...) tras resistirse a un matrimonio forzado y exigir el derecho a elegir libremente su futuro. Ninguna sentencia puede devolverle la vida, pero es justo que los responsables de este crimen bárbaro hayan sido condenados definitivamente". Agregó: "En Italia, no hay lugar para quienes pretenden negar, en nombre de supuestas justificaciones culturales o religiosas, la libertad, la dignidad y la vida de la mujer. Estos son principios inalienables de los que jamás nos apartaremos. Mis pensamientos están con Saman. Que finalmente descanse en paz".La sentencia en apelación fue más dura que la de primera instancia, en la que los padres, Shabbar Abbas y Nazia Shaheen, fueron condenados a cadena perpetua, mientras que el tío Danish Hasnain, quien hizo encontrar el cuerpo, fue condenado a 14 años y sus primos Noman Hulhaq e Ikram Ijaz fueron absueltos. El Tribunal de apelación consideró creíble el testimonio del hermano menor de Saman, de 16 años, que no había convencido a los jueces de primera instancia. El menor explicó algunos detalles de aquellos días como que había visto el agujero en el que habían enterrado a su hermana "en los periódicos" y cuando el fiscal le preguntó quién había cavado el agujero, el niño respondió que fue obra del "tío Danish y los primos Ikram y Nomanhulaq".Saman había denunciado a su familia por maltrato y vivía protegida por los servicios sociales. La familia la maltrataba porque no aceptaba las reglas y tradiciones de sus orígenes. (Lea también: Colombiana fue víctima de secuestro y abuso sexual en Roma: todo ocurrió en un edificio abandonado)El tío y los dos primos de Saman fueron detenidos en Francia y España tras huir de Italia poco después de los hechos. Poco antes del descubrimiento del cuerpo, el padre, Shabbar Abbas, fue arrestado en Pakistán y la última detenida fue la madre, en mayo de 2024. Ambos fueron extraditados con disposiciones históricas, pues nunca antes el país asiático había entregado a sus ciudadanos acusados por las autoridades judiciales italianas.AGENCIA EFEEDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL
Juan Sebastián Romero Macías, un hombre de 39 años, recibió un disparo en el pecho en medio de su jornada laboral. Este diseñador gráfico, oriundo de Honda (Tolima), trabajaba en una empresa ubicada en el occidente de Bogotá desde hacía varios años. Su familia pide justicia y celeridad en el caso. A su vez, advierte el riesgo de que la persona que habría accionado el arma no sea juzgada como ellos consideran que debería ser.Los hechos ocurrieron en una oficina de la localidad de Fontibón, el 26 de junio. Su hermano, Diego Romero, habló con Noticias Caracol e indicó cómo se dio el caso. Una grabación que al parecer tiene la Fiscalía General de la Nación da cuenta de cómo ocurrieron los hechos, aunque la familia denuncia que no ha podido acceder directamente al recurso. Según Romero, su hermano estaba en la oficina junto a su jefe, Jonathan Trujillo, quien es dueño de la empresa donde trabajaba. Por un lapso de 10 a 15 minutos, asegura el fiscal, esta persona habría manipulado un arma que supuestamente era traumática, aunque todavía no se sabe si este artefacto tenía modificaciones. El sujeto apuntó al pecho de Juan Sebastián y disparó.Desde ese momento, las versiones varían. Y es que Juan Sebastián fue trasladado a un centro asistencial por su jefe, quien posteriormente se fue. Lo siguiente que se supo del hombre fue cuando llamó a la novia de Juan Sebastián y le dijo: “Allá dejé a Juan y yo estoy con mi abogado”. No está claro todavía si Juan Sebastián llegó con signos vitales o no, pero el personal de urgencias le dijo a la familia que cuando llegó al centro asistencial ya no estaba con vida.Diego afirma que su hermano muchas veces contó el ambiente que vivía en la empresa, donde trabajaba como diseñador de dos marcas. Juan Sebastián tuvo la intención de renunciar en ocasiones por el presunto acoso laboral que estaba viviendo. “Me ha tocado demostrar que no le pagaban, lo trataban mal en el trabajo. Él se quería ir, lo había manifestado por escrito en ocasiones”, señaló su familiar.Preocupación por el caso y el manejo que se le dé en FiscalíaEste medio consultó con la Fiscalía General de la Nación para conocer en qué va el caso de Juan Sebastián Romero. De momento, sigue en etapa de indagación. La fiscal encargada ordenó que se lleven a cabo actividades de policía judicial como entrevistas y recolección de posible elemento material probatorio. Pero en la conversación con Noticias Caracol, Diego manifiesta preocupación, ya que ha notado que el caso podría ser manejado como homicidio culposo. Diego y su familia sostienen que este debería ser tratado como homicidio doloso. “Este es un personaje que ya tiene más de 40 años, que está consciente (...) estuvo casi 15 minutos al lado de mi hermano y después va, le apunta, le dispara y lo mata”. Para ellos, este asunto estuvo lejos de ser un simple accidente. Diego advierte sobre posibles irregularidades en la actuación de la fiscal, quien no le ha permitido acceder al único video que registró el momento de los hechos.¿Qué responde la marca donde trabajaba Juan Sebastián?Amateur, la marca a la que estuvo vinculado Sebastián durante ocho años, lamentó la muerte del colaborador y señaló que ha mantenido reserva por respeto a la investigación que continúa en desarrollo, así como también ha seguido recomendaciones jurídicas. La empresa manifestó disposición para colaborar con las autoridades y pidió abstenerse de difundir información no verificada.Mientras la familia pide celeridad en el caso y el vinculado al proceso continúa en libertad, los allegados de Juan Sebastián recuerdan el legado que dejó en este mundo. Y es que su pasión por el skate no solo se limitó a ser algo de disfrute. También hizo que este deporte impactara la vida de otras personas, especialmente niños que pasaron de estar simplemente en las calles sin buenas influencias a tomar un skate y formar comunidad. A su funeral fueron centenares de personas, comenta Diego, de Colombia y Estados Unidos. “Era gente que reconocía que Juan era una muy buena persona”, recordó su hermano. “Alguien hace poco me decía que las buenas personas duran poco, entonces yo me quedo con las buenas cosas de él”.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El Gobierno británico reiteró este jueves su petición a la FIFA de investigar si la selección argentina infringió las normas al desplegar una pancarta reivindicando la soberanía de las islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial, y subrayó su apoyo a los habitantes del archipiélago situado en el Atlántico Sur."Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas (Falkland en inglés) sin duda lo son", dijo a los medios la portavoz del primer ministro, Keir Starmer."Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas", que están bajo soberanía británica desde 1833, señaló.En 2013, los habitantes de las Malvinas se pronunciaron en un referéndum abrumadoramente (92 % de los votos) en favor de permanecer bajo soberanía británica.La portavoz gubernamental añadió hoy que, frente a la reclamación de soberanía de Argentina, el compromiso del Reino Unido "nunca flaqueará".Previamente, el ministro de Ciencia, Peter Kyle, había declarado a la emisora BBC que el gesto de ayer de los futbolistas "fue totalmente inapropiado" y apuntó que "la política debe mantenerse al margen del fútbol"."Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", manifestó el ministro, que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".Los jugadores argentinos defendieron la exhibición el miércoles, tras el triunfo por 1 a 2 ante Inglaterra, de una bandera con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas', en alusión al archipiélago por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.Consultado sobre el significado de la victoria frente a la selección inglesa, el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las islas Malvinas, que siguen siendo objeto de disputa entre los dos países.Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA prohibieron a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta con banderas o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas, pero de algún modo la pancarta pudo ser introducida en el estadio y luego entregada a los jugadores.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se pronunció sobre la propuesta que hizo Iván Cancino, ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, para agilizar los trámites judiciales. El futuro jefe de la cartera consideró que se podría eliminar la audiencia de imputación de cargos. En una entrevista con Caracol Radio expresó que “si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, que hace parte de otros planteamientos que sugeriría para hacer “mucho más efectiva y tranquila” la justicia en Colombia.En Noticias Caracol, Cancino aseguró que presentarán una reforma la justicia “y va a ser consensuada. En su momento haremos el anuncio de cuáles son los puntos que nos interesan”, además de buscar “cerrar la brecha para que todos los colombianos tengan acceso a la justicia desde las casas de justicia hasta las altas cortes en todas las jurisdicciones y ramas del derecho y partes del país” para “mejorar todos los aspectos que se puedan frente al sistema acusatorio”. (Lea también: Megacárceles y futuro de JEP: habla Iván Cancino, ministro de Justicia designado por De la Espriella)La reacción de la fiscal a las propuestas del minjusticiaCamargo señaló “que coincido en varios de los planteamientos que realizó (Cancino), entre ellos este de si podríamos pensar en la eliminación de las audiencias de imputación. Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito del ministro, que es un buen conocedor del sistema penal colombiano, es ver cómo agilizamos el procedimiento, y es un propósito con el que nosotros siempre estaremos ahí para apoyar”.La fiscal hizo estas declaraciones durante una visita que hizo a Barranquilla, recalcando que aún no conoce “al presidente electo Abelardo De La Espriella. Estamos efectivamente generando un espacio de encuentro con él para hacerlo, para que conozca nuestro equipo y contarle los planes que trazamos para los próximos cuatro años al frente de la Fiscalía. Esperamos entregarle una entidad más sólida en lo jurídico, más técnica en lo investigativo, más estratégica en lo procesal”.Al ser preguntada sobre si renunciaría a la Fiscalía General de la Nación, respondió con contundencia “no, es totalmente falso. No tengo intenciones de presentar esta renuncia ni se me ha insinuado, ni se me ha pedido ni tengo ese propósito. Fui elegida por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de cuatro años que inició el 23 de marzo del año 2024 y que concluirá el 23 de marzo del año 2028”. (Lea también: La fiscal general reasignó un caso de terrorismo en Bogotá a un grupo que investiga protesta social)NOTICIAS CARACOL