En Colombia, la entrega de apartamentos en obra gris ha impulsado a miles de ciudadanos a buscar empresas de remodelación con la esperanza de terminar su hogar ideal. Sin embargo, lo que para muchos comenzó como un proyecto de vida, terminó convirtiéndose en un calvario financiero y hasta emocional revelado en esta investigación de Séptimo Día."Te prometían entregarte el apartamento espectacular”, “Como que te venden la experiencia de que tú te desentiendes y pues te lo van a entregar superbonito", comentaron algunas de las afectadas. Son decenas de familias las que en Bogotá y el Valle del Cauca denuncian que recibieron sus casas en ruinas.¿Falsas promesas de diseño?En Bogotá, varios propietarios señalaron a la empresa Vivvidero (Vivi SAS), representada legalmente por Santiago Zúñiga Ramírez. Los afectados aseguran que, tras entregar millonarias sumas de dinero, las obras nunca avanzaron según lo pactado.Clara Liliana Gómez, quien contrató la remodelación de su apartamento en diciembre de 2025, relató su experiencia: "En el contrato me especificaban que me entregaban el apartamento el 26 de marzo... No me lo entregaron en esa fecha. Los pagos no estaban amarrados al avance de obra”.El patrón de incumplimiento parece repetirse con otros clientes. Juan Felipe Guzmán, quien pagó cerca de 23 millones de pesos, se encontró con una escena desoladora: "Cuando miré el apartamento sin nada, ni un avance, cosa que yo quedé super preocupado y dije ‘no puede ser’". Por su parte, Miguel Solanilla, quien afirma haber pagado el 99% de la obra, denunció la presión para realizar los pagos bajo amenazas de perder beneficios: "No movían un tornillo, pero a la par te decían ‘si usted no paga, le quitamos el descuento’". Al ser consultado, Santiago Zúñiga se limitó a decir: "Se puede estar hablando de más sin conocer el otro lado de la historia". Aunque inicialmente accedió a una entrevista, terminó cancelándola.Incendios y obras que "destruyeron" hogaresLa situación de los clientes de Celico, que está bajo la representación de Brandon Steven Ocampo Acevedo, también es dramática. Cristina Martínez denunció que, tras siete meses de espera, recibió su vivienda en condiciones deplorables: "Él lo que hizo fue comenzar a destruir la casa. Dejaron una colilla de cigarrillo dentro de todos los escombros y la casa se me incendió. Unas ruinas completas lo que ellos habían dejado en mi casa".Otros afectados, como la pareja conformada por Andrés Cristancho y Luz Mery Ruiz, invirtieron todos sus recursos sin ver resultados: "El dinero se perdió, los ahorros porque tanto él como yo sacamos absolutamente todos los recursos, ahorros, préstamos, tarjetas". Según la denuncia colectiva presentada por el abogado Sergio Urrea, las víctimas de esta empresa superan las 20 personas y el monto de la supuesta estafa ascendería a más de 400 millones de pesos.Ante los señalamientos, Brandon Ocampo admitió fallas administrativas: "La empresa colapsó. Nosotros tomamos malas decisiones administrativamente, porque yo no estaba ganando nada... Ellos no logran entender que la empresa quebró". Además, reconoció su falta de experiencia previa: "Yo cero conozco administración, bueno, no sabía nada de temas contables... Eso colapsó fue después".La pesadilla de un sueño en el Valle del CaucaEn Cali y municipios aledaños como Jamundí y Yumbo, la empresa Inmoacabados, representada por Diego Alejandro Muñoz Ibarra, de tan solo 20 años, enfrenta denuncias similares. Enrique Varón, quien ahorró durante 26 años trabajando en Estados Unidos con la esperanza de jubilarse en Colombia, vio su sueño estancarse: "Yo les di 28 millones y el avance de la obra era muy pequeño. Eso sí me llamaban, me recordaban y que si yo no pagaba tenía que pagar una multa".Wilson Rendón, otro afectado en Yumbo, denunció que, tras un año de haber firmado el contrato, sigue pagando arriendo porque su casa es inhabitable: "Hasta la fecha ha pasado un año y un mes... espero, pero nunca como tal cumplen con terminar lo que se contrató".El representante de la empresa, Diego Muñoz, reconoció que tiene "aproximadamente entre 30 a 35 clientes" en espera y admitió no tener el dinero para responderles en este momento. No obstante, negó ser un estafador: "Yo no soy ningún ladrón, ningún estafador... Si fuera una estafa, yo no les estaría dando la cara".Que no le pase: recomendaciones de expertosDe acuerdo con cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre enero de 2022 y mayo de 2026 se han registrado 75 denuncias por incumplimiento en remodelaciones de vivienda en el país. Para evitar caer en estas situaciones, expertos sugieren pasos fundamentales antes de entregar cualquier adelanto.Fabiola Ortiz, de la Lonja de Propiedad Raíz en Cali, recomienda: "Verificar que estén debidamente registrados en un directorio de contratistas de gremio, que eso es una garantía".Asimismo, enfatiza la importancia de las pólizas de seguro de cumplimiento, las cuales garantizan que el contratista "va a atender lo que se compromete a hacer en el servicio, que lo va a terminar y que va a ser de una calidad específica".
A sus 23 años, Catherine Sánchez creyó haber logrado su sueño de ser reina cuando fue invitada a participar en el Reinado Nacional de Belleza de 1993 representado al Amazonas, pese a que había nacido en Caldas, Antioquia. Su paso por este concurso fue polémico y terminó hasta en una fuga de película la noche antes de la coronación. Más de 30 años después, Los Informantes habló con ella sobre lo ocurrido y lo que pasó en su vida luego del escándalo.En el año en que Colombia pasaba por uno de sus momentos más álgidos por la persecución a Pablo Escobar y al narcoterrorismo y la selección Colombia se jugaba las eliminatorias para el Mundial de Fútbol del 94, era furor el Reinado Nacional de la Belleza, al que Catherine Sánchez llegó a participar casada por la iglesia y con dos meses de embarazo, desafiando las estrictas reglas que tenía el concurso. Además, representaba a un departamento al que solo había ido un par de veces: el Amazonas. Sin embargo, uno de los jurados la daba como favorita y la expectativa era total.Catherine Sánchez se casó en 1992 con el piloto David Francisco Quiñonez en una gran ceremonia y tan enamorada que hasta dejó de lado sus estudios de Derecho para trasladarse a Bogotá. En la capital se inscribió a una escuela de modelaje y un día la invitaron a participar en el Reinado Nacional y ahí empezó lo que fue una verdadera travesía para cumplir su sueño de ser reina. Pese a que entró muy fácil al concurso, la noche anterior a la coronación pasó de todo y hasta se tuvo que fugar del hotel en el que se hospedaban todas las participantes.Los secretos salieron a la luzDías antes habían empezado los murmullos sobre su estado civil y los periodistas de la época investigaron hasta encontrar al cura que la había casado; fue él quien lo confirmó todo presionado por las preguntas de los reporteros. Entonces el escándalo estalló y el hotel se llenó de prensa que esperaba por sus declaraciones.“El hermano de la señorita Boyacá, la compañera de la habitación, me dijo ‘yo te ayudo’ y me tocó salir por detrás del Hilton, porque cómo salía normal. Se desdibujó lo que era el Reinado Nacional de Belleza y era Cathy Sánchez en una percusión”, recuerda la protagonista de esta historia casi de película. Salió el hotel como pudo rumbo al aeropuerto de Cartagena para salirle al paso a todos los seguidores y periodistas que la perseguían.Una avioneta la esperaba en el aeropuerto sin apagar sus motores y, según cuenta, “la gente se tiró a la plataforma, los periodistas corrían a coger el avión, que porque supuestamente yo me había ido de viaje a una isla escondida…puff, yo llegué a Bogotá, a Catam”, todo justo un día antes de la coronación en la que Carolina Gómez fue elegida reina.¿Qué ocurrió después del escándalo?Catherine Sánchez pasó de ser la favorita para coronarse como Miss Colombia a estar señalada por haber violado las reglas reales que imponía el concurso en aquellos años. Pasó por depresiones y tristezas profundas y hasta se dijo que los mafiosos de la época habían apostado por ella. Sin embargo, ella le salió al paso al escándalo, tuvo a su hija, luego a su hijo, se separó y hoy tiene cinco nietos y hace comidas para vuelos privados.“Me dedico a empresas de lujo, privadas, he trabajado con grandes artistas como J Balvin, Maluma, Karol G, futbolistas...”, contó.
Para Nataly Torres, el acto de respirar, hablar o sentir la brisa en la cara no es un signo de vida, sino un dolor extremo. Esta mujer de Medellín vive atrapada en lo que los especialistas denominan un caso atípico de neuralgia del trigémino, una patología que históricamente se ha conocido como la “enfermedad del suicidio” debido a la intensidad insoportable de sus síntomas. Los Informantes conoció su testimonio.Su calvario comenzó en diciembre de 2023. Lo que parecía una jaqueca común se transformó en un dolor electrizante localizado en el lado derecho de su rostro que nunca más la abandonó. Antes de esto, Nataly era una mujer de 34 años, sociable, amante de la cocina y con 13 años de experiencia en servicio al cliente. Hoy, su realidad está en una especie de choques eléctricos que no cesan ni de día ni de noche.La medicina suele calificar el dolor en una escala del 1 al 10, pero para Nataly esas cifras se quedan cortas. "Es un dolor que pues a mí me ponen a calificarlo y yo simplemente respondo 11 por responder. Pues yo no puedo calificar el dolor en un porcentaje real porque el dolor es demasiado fuerte, es un dolor extremo. Un dolor que yo no le deseo a nadie", confiesa en Los Informantes.El impacto de la enfermedad ha sido devastador para su núcleo familiar. Su hijo de 11 años, diagnosticado con hiperactividad, tuvo que mudarse con su abuelo porque ella ya no puede brindarle los cuidados que requiere. "Incluso yo tengo por escrito la recomendación médica donde me dice que no puedo estar con los cuidados personales de mi hijo en el momento, hasta que yo no mejore y esté en condiciones", explica Nataly."El dolor es, yo lo llamo un dolor enloquecedor porque a mí se me olvida que soy madre, que soy esposa, que soy hija y me vuelvo egoísta, pienso en mí. Y hay momentos... por eso lo llaman la enfermedad del suicidio, porque hay momentos donde es tan fuerte el dolor que solamente uno quisiera terminar con él", relata sobre los episodios más fuertes de su crisis.¿Qué dicen los expertos?Para entender su sufrimiento, los médicos comparan el nervio trigémino con un cable eléctrico. El doctor Héctor Jaramillo, neurocirujano, explica que este nervio pierde su capa protectora, quedando como un "cable pelado" que, al entrar en contacto con otros tejidos o estímulos externos, genera descargas agudas e intensas.En el caso de Nataly, el diagnóstico es aún más complejo: neuralgia del trigémino del subtipo con dolor continúo asociado, lo que significa que, además de los "corrientazos", padece un dolor de fondo permanente. “Es como si yo me arrimara al alambre y me cogiera la luz. Se siente un corrientazo desde el oído, las tres ramas, la parte visual, la parte de la fosa nasal y mandibular", subraya.Medicamentos y cirugías fallidasEn su lucha por una vida normal tiene que consumir 16 medicamentos diarios, incluyendo hidromorfona, metadona, pregabalina y amitriptilina, pero este fuerte tratamiento le ha provocado efectos secundarios severos como amnesias temporales, movimientos involuntarios y un aumento de peso de 22 kilos. Sin embargo, incluso con esta carga química, el dolor apenas se estabiliza en un nivel 8 de 10.Nataly se ha sometido a múltiples procedimientos, desde bloqueos de ganglios hasta una craneotomía de alto riesgo. A pesar de los peligros de quedar cuadrapléjica o morir, ella aceptó la cirugía con una frase que resume su desesperación: "Yo tomo el riesgo porque es una posibilidad de no tener dolor".Lamentablemente, la intervención no solo no funcionó, sino que le provocó la pérdida total de la audición en su oído izquierdo y problemas de equilibrio.La sombra de la eutanasiaTras años de intentos fallidos y hospitalizaciones prolongadas —una de ellas de cinco meses y hasta pasó por cuidados intensivos—, la idea de la muerte digna ha cruzado su mente en repetidas ocasiones."En dos, tres ocasiones yo le decía a mi mamá, 'Yo quiero que me ayudes a gestionar la eutanasia, porque no quiero sentir más este dolor... Quiero vivir sin dolor'", admite Nataly.Recientemente, el uso de tecnología de punta como el CyberKnife (radiación focalizada) le ha brindado un alivio de apenas el 10% o 20%. Aunque es una mejora mínima, ha servido para alejar temporalmente las ideas suicidas. No obstante, ella es clara sobre su límite: "En una crisis como las que me han dado, fuertes, haría yo la gestión de la eutanasia sin decirle a nadie. Nadie me va a apoyar, pero no porque no quieran apoyarme, sino porque les duele apoyarme. Entonces, tendría que hacer yo esa gestión sola".Hoy, Nataly Torres sigue esperando un milagro médico o divino que la saque del dolor en el que vive encerrada hace más de dos años, anhelando simplemente volver a ser la mujer que alguna vez pudo abrazar a su hijo sin sentir que su rostro estallaba.
La comunicadora social y periodista Laura Camila Blanco murió la madrugada de 27 de julio de 2025 tras caer del noveno piso de su apartaestudio, ubicado en un conjunto residencial en el noroccidente de Bogotá, y, aunque las primeras hipótesis apuntaban a un suicidio, la evidencia forense dio un giro al caso y su entonces pareja, Óscar Santiago Gómez, de 28 años, fue capturada e imputada por el delito de feminicidio agravado.Debido a antecedentes de violencia por parte de Gómez, desde el inicio la familia de Laura Camila Blanco se rehusó a creer la versión del suicidio que había entregado Óscar Santiago y pidió celeridad en la investigación. Dos meses después de la muerte de la joven periodista, el examen forense realizado al cuerpo reveló que "Laura Camila fue estrangulada, fue asfixiada, luchó por su vida", confirmó Oswaldo Medina, abogado de la familia de la víctima, en una entrevista con Séptimo Día realizada a finales del 2025.Por ello, el 21 de agosto de 2025, capturaron a Óscar Santiago Gómez y la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado bajo la teoría de que aprovechó su "superioridad corporal" para estrangularla y sofocarla, y "cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad defensiva, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del noveno piso". El sujeto no aceptó los cargos imputados.Juez negó apelación de la defensaMientras avanza el proceso en su contra, el viernes 24 de julio de 2026, el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá negó una solicitud de la defensa de Óscar Santiago Gómez, que, según se conoció, buscaba obtener algunos elementos para incorporar en el proceso, entre esos, información del celular de Laura Camila Blanco, una inspección al apartamento y planos del inmueble, además de la historia laboral de la víctima.Sin embargo, el juez señaló que la defensa del presunto feminicida no sustentó de forma suficiente la necesidad de acceder a la información solicitada ni cuál sería su utilidad en el caso."La defensa no explicó la relación existente entre la historia laboral y el delito de feminicidio agravado, tampoco explicó cuál era la utilidad probatoria para conocer la historia laboral, y que la información pretendida carecía de pertinencia, y en este caso no se cumplía. Por esas razones, entonces, se impone la confirmación de la decisión tomada en primera instancia", indicó en la audiencia el juez.Tras esta decisión, se espera que a finales de agosto se realice una audiencia preparatoria en la que las partes presentarán las pruebas del caso.Vea también: ¿Gritos de auxilio de Laura Camila Blanco no fueron escuchados por 7 amigos que estaban en la sala?
En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hablaron sobre las expectativas que tiene sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella y las tensiones que se han registrado con el gobierno saliente de Gustavo Petro.
Por primera vez, los presidentes de las tres más importantes cortes de Colombia -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, se sentaron al tiempo para hablar, sin tapujos, sobre la transición de gobierno que se avecina en el país. Los magistrados dialogaron francamente con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre el estado en el que quedaron las relaciones de la rama judicial con el poder ejecutivo, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, y de las expectativas que tienen frente a la administración entrante con Abelardo de la Espriella. (Lea también: ¿Dónde queda el Palacio de San Carlos y cuál es su historia? Sería sede de De la Espriella en Bogotá)Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que “esperaría con este nuevo Gobierno que haya un diálogo armónico, institucional, porque es mejor así para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma que se haga posible esa colaboración armónica institucional. También que haya un respeto real por las instituciones y la justicia. (…) Esperamos que esa sea la dinámica durante estos cuatro años”.Por su parte, Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, reconoció que “siempre hay tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, ese no es un tema de estos momentos, esto ocurre cuando hay que ejercer competencias donde se ejerce un control sobre las atribuciones dadas al Ejecutivo”, refiriéndose a los momentos en que deben declarar la inconstitucionalidad de algún decreto, por lo que subrayó que “respetamos las competencias ajenas con la misma vehemencia con que defendemos las propias”.Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, agregó frente a lo dicho por su par que “es legítimo que se hagan críticas; sin embargo, una cosa en no estar de acuerdo con una decisión y otra cosa es no cumplir”, explicando que las decisiones “tienen que ser cumplidas” aunque “a veces no les gustan a los gobiernos, pero deben ser acatadas”.¿El Gobierno Petro respetó los límites de los poderes públicos?El magistrado Lenis, “los gobernantes deben comprender que deben gobernar con controles” y “ningún poder público puede ser ejercido sin límites y sin control”, por lo que instó a “los gobernantes a respetar las competencias de los otros poderes públicos”, asegurando que cuando se toma una “decisión frente a una acción de poder público, Ejecutivo o Legislativo, no se debe entender que es un obstáculo a la democracia. Por el contrario, también es para defender otros valores democráticos importantes”. Por otro lado, recordó el “hecho desafortunado” en que se bloqueó la salida de los magistrados cuando estaban eligiendo al fiscal que reemplazaría a Francisco Barbosa. Respecto al Gobierno actual, consideró que “no se facilitó ese diálogo institucional de manera armónica, eso fue tensionante”.La togada Meneses reiteró que siempre hay tensiones con los gobiernos, “pero acá lo importante es que cada uno de los integrantes de las ramas del poder público deben actuar conforme lo señala la Constitución y la ley. De manera que en estos cuatro años lo que ha quedado evidente es que tenemos una institucionalidad sólida y una justicia comprometida con respetar las garantías del Estado Social y democrático de Derecho”.El presidente del Consejo de Estado manifestó que “sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo” porque “la rama judicial en general tuvo que hacer manifestaciones públicas llamando a la cordura y al respeto por las decisiones judiciales”. En el caso de su despacho, incluso “hubo una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual le pusimos de presente a la comisión esas reacciones del presidente”, ya que “decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, hacer señalamientos que deslegitiman la autoridad judicial, como si nosotros nos debiéramos a un electorado y no a la Constitución y a la ley, en materia de designación, que el Consejo de Estado tome la decisión de anular la designación de alguien y a los pocos días se profiera un decreto cambiando los requisitos para que esa persona siga ahí, en mi opinión no son reacciones normales ni deseables”.¿Qué debe tener una reforma a la justicia?El presidente de la Corte Suprema recordó la propuesta del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, “como eliminar algunas de las audiencias para tratar de que sea más celera y como funciona el procedimiento abreviado penal. Esa es una discusión que podemos dar. Pero no se trata de eliminar una audiencia sino de hacer una reforma a todo el procedimiento, porque esa audiencia está conectada con otras etapas y otras prerrogativas del proceso penal, eso implicará una reforma más integral”. Agregó que espera que “la justicia sea más cercana y más oportuna, y que los métodos alternativos de solución de conflictos sean más efectivos”.En el concepto del magistrado Montaña “debemos ser muy prudentes porque son reformas que tienen que ver con nosotros”, pero “también debemos ser participativos en los problemas y en lo estructural” como “la congestión, donde hay que tomar medidas”, refiriéndose a “los jueces individuales, que este año cumplen 20 años de creación, ellos sí se han congestionado más. Entonces nada hacemos si en la alta corte se genera una descongestión y abajo se está congestionando más”, señalando que hay jueces que tienen 5.000 procesos.La presidenta de la Corte Constitucional habló de las tutelas, indicando que reciben a diario, en promedio, 5.650. “Cada mes hay dos magistrados que se seleccionan aleatoriamente para hacer parte de una sala de selección y tenemos que revisar un rango que va aproximadamente entre 80.000 y 100.000 tutelas” al mes para decidir cuáles se van a seleccionar, explicó. Por ello acuden al Consejo Superior de la Judicatura y actualmente hay “226.000 tutelas pendientes por radicar para hacer la selección”, agregó. También se refirió al tema del derecho a la salud, el segundo que más tutelas tiene, el primero es de petición.¿Qué ha significado la JEP?“Significó un consenso nacional en esa búsqueda por lograr la paz”, expresó el magistrado Lenis, quien señaló que “la JEP tiene unos plazos y es prudente esperar que se cumplan esos plazos para que cumpla su misión”, considerando que “la JEP viene actuando, hay unos logros que se pueden mirar, pueden ser intangibles: han identificado cuerpos, se los han entregado a sus familiares; ha facilitado construcción de verdad en medio de las circunstancias del conflicto armado, ha facilitado la reconciliación”, reconociendo que “viene un poco lento”. Agregó: “Cuando se cumplan esos plazos, vamos a mirar si es momento de hacer la prórroga como lo establece la Constitución”.El magistrado Montaña indicó que “para terminarla, para acabarla, para reformarla, se van a necesitar reformas constitucionales, no bastará una reforma legal”, y manifestó que “la justicia transicional no es una política de Gobierno, es una política de Estado”, por lo que “es un compromiso de todos los órganos del poder público y no solamente del Ejecutivo”. (Lea también: JEP le respondió a Abelardo de la Espriella y lo invitó a una reunión para presentar resultados)NOTICIAS CARACOL
La Corte Constitucional ordenó proteger el mural de ‘Las cuchas tienen razón’ para evitar el borrado o sabotaje de esta obra ubicada en la ciudad de Manizales, Caldas. Además, ordenó ofrecer disculpas públicas por parte del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como Gury, quien promovió actuaciones en contra del mural. Esta decisión, indicó el alto tribunal, busca proteger las expresiones artísticas vinculadas a la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en Colombia.La controversia jurídica llegó a la corte tras el estudio de dos acciones de tutela con pretensiones opuestas. La primera fue interpuesta por un ciudadano que solicitó el retiro del mural alegando que frases como ‘Las cuchas tienen razón’ incitaban al odio, la polarización y afectaban la salud mental de los habitantes de Manizales. La segunda tutela fue presentada por representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Corporación Reiniciar y el grupo NUGEPAZ. Estos últimos denunciaron que el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez (Gury) intervino físicamente la obra y utilizó sus redes sociales para instigar a la ciudadanía a manifestarse en contra de esta expresión artística.Blanca Monroy relata su lucha por la verdad tras el asesinato de su hijo en los falsos positivosCorte dice que murales como el de 'Las cuchas tienen razón' reconstruyen democraciaEn la Sentencia T-202 de 2026, bajo la ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, la Sala Tercera de Revisión indicó que el arte desempeña un papel fundamental en la justicia transicional. Al respecto, la Corte señaló que “el arte puede constituirse en un medio particularmente potente para la reconstrucción del tejido social y la transmisión de las memorias del conflicto armado”. Según el alto tribunal, estas manifestaciones no son solo estéticas, sino que “operan como dispositivos de reconstrucción democrática” y constituyen un “lenguaje alternativo de producción de verdad que permite visibilizar experiencias históricamente silenciadas”.El fallo resaltó que el muralismo en el espacio público cumple una “función pedagógica y deliberativa” al fomentar conversaciones sociales sobre el pasado violento. En el caso específico de “Las cuchas tienen razón”, la Corte reconoció que la obra es un tributo a la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Recordó, además, que, según la Ley 2364 de 2024, estas mujeres tienen un “estatus reforzado de protección” y su labor está intrínsecamente ligada a la realización del derecho a la verdad. Por ello, cualquier intervención que pretenda estigmatizarlas debe examinarse bajo un estándar constitucional riguroso, regido por los principios de “dignidad, no revictimización y acción sin daño”.Así deberá disculparse concejal 'Gury' por dañar muralComo consecuencia, el concejal Andrés Felipe Rodríguez deberá realizar una disculpa pública en sus redes sociales, reconociendo “la legitimidad de la frase ‘Las cuchas tienen razón’ y del mural como ejercicio de la libertad de expresión y memoria de las víctimas”. Asimismo, se le prohibió a este servidor público promover o realizar cualquier acción futura que busque sabotear, cubrir o borrar obras artísticas relacionadas con las víctimas o las madres buscadoras, evitando mensajes que puedan revictimizarlas.Para asegurar la integridad de la pieza, la Corte ordenó a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana de Manizales la creación de un protocolo de reacción inmediata contra sabotajes por un lapso de seis meses. Finalmente, el tribunal pidió a los servidores públicos, especialmente a los de elección popular, a ser promotores de la reparación simbólica, definida por la Corte como el “conjunto de acciones orientadas a preservar la memoria histórica, reconocer públicamente la dignidad de las víctimas y contribuir a la reconstrucción del tejido social”.Concejal Gury responde a decisión de la CorteEl concejal Andrés Felipe Rodríguez (Gury) publicó un video a través de sus redes sociales respondiendo el fallo de la corte y mencionó que “me parece increíble que un magistrado llegue hasta estas instancias para darles la razón a los que acaban con la propiedad pública y pintan cosas ilógicas en los muros y legisla diciendo que los muros de ‘Las cuchas tienen razón’ es memoria histórica y se olvida que eso lo utilizaron para hacer campaña política.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Catalina Giraldo ya no está en este mundo, pero la lucha jurídica para que se regule la muerte digna en Colombia prevalece. El nombre de esta psicóloga de 31 años pasó a ocupar los titulares de las noticias cuando solicitó el suicidio médicamente asistido a su EPS, pero le fue negado; así que decidió emprender una batalla legal que se extendió por 10 meses y llegó hasta la Corte Constitucional, donde permanece el caso para el respectivo estudio. Giraldo le envió un contundente mensaje a los magistrados del alto tribunal antes de su muerte.Noticias Caracol dio a conocer una entrevista póstuma que Catalina concedió horas antes de acceder a la eutanasia, el 9 de julio. Murió acompañada de su mamá, su hermana y su mascota en un centro médico de Bogotá. Pero su fallecimiento no se dio como ella lo esperaba. La importancia del suicidio asistido para ella radicaba en que era un acto de autonomía y de apropiarse de su proceso. Al final, aceptó resignada la eutanasia, aunque se sentía tranquila. El detonante para optar por este camino vino cuando fue hospitalizada en mayo pasado y se sintió restringida.El suicidio asistido fue despenalizado en Colombia en 2022, a través de la Sentencia C-164 de la Corte Constitucional. Sin embargo, los vacíos legales fueron de los que se valió la EPS de Giraldo para negarle el acceso a este derecho. Catalina era la primera paciente en pedir el acceso a este recurso, pero se encontró con que este no había sido debidamente reglamentado. Así las cosas, inició una batalla legal que duró 10 meses. Tutelas y frustraciones estuvieron acompañadas por el insoportable peso de vivir con el que cargaba Catalina. Su salud mental se deterioraba a medida que la demanda iba llegando a nuevas instancias.El duro mensaje de Catalina Giraldo a la Corte ConstitucionalEn sus últimas declaraciones, Catalina Giraldo envió un mensaje directo y contundente a los magistrados de la Corte Constitucional, enfocándose en la necesidad de justicia para quienes enfrentan situaciones similares a la suya. “Esta lucha no termina conmigo; yo voy a fallecer en las próximas horas; pero no fallece con este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria, hay personas que sufren y que se suicidan todos los días”, declaró.Giraldo les hizo un llamado a los magistrados a que comprendan que esta es una lucha por la salud mental y la muerte digna. “Muchas personas necesitan una muerte acompañada y segura, y no morir como la mayoría de personas que se suicidan de manera violenta”. Catalina aclaró que para ella sería infame que la alta corte no resuelva el caso de fondo.La pelea continúa: ¿en qué va la tutela de Catalina Giraldo?El capítulo más reciente de esta batalla fue la solicitud formal que hizo la representación de Giraldo a la Corte Constitucional de apartar del caso a la presidenta Paola Meneses, quien fue designada para revisar el expediente de la tutela. DescLAB, firma que acompaña el proceso jurídico, recordó que la magistrada salvó su voto a la hora de decidir sobre la Sentencia C-164 de 2022. “Al salvar su voto (...), la magistrada Meneses rechazó públicamente la Asistencia Médica al Suicidio, se opuso radicalmente a su despenalización y práctica en el sistema de salud”, señaló la organización.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Corte Constitucional emitió un nuevo fallo en el que aclara cuáles son los reglamentos de propiedad horizontal que rigen para animales de compañía en zonas comunes. La decisión fue adoptada tras resolver una tutela presentada por una residente a quien le impedían usar el ascensor junto a uno de sus perros, pese a que ambos tenían condiciones de salud que hacían necesario ese medio de acceso.La alta corte explicó en la Sentencia T-199 de 2026 que dentro de los reglamentos de propiedad horizontal "no puede prohibirse el tránsito y la permanencia de animales domésticos o mascotas en las zonas comunes", ni establecer autorizaciones previas para que sus propietarios puedan movilizarse con ellos. La decisión quedó consignada por la Sala Octava de Revisión que protegió los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Fallo de la Corte protege a residentes con mascotas en zonas comunesEl caso surgió luego de que una residente de un conjunto ubicado en Cajicá presentara una acción de tutela contra la administración del lugar. La mujer manifestó que le habían impedido utilizar el ascensor junto con uno de sus perros, pese a que ambos tenían limitaciones físicas que hacían inconveniente el uso de las escaleras. "Teresa presentó una tutela en contra del conjunto residencial donde vive porque la administración le prohibió utilizar el ascensor con Júpiter, uno de sus cuatro perros", indicó la Corte. De acuerdo con el expediente, la accionante padece osteoporosis y una hernia lumbar, mientras que uno de sus cuatro perros fue diagnosticado con displasia de cadera y una enfermedad degenerativa en la columna, por lo que el veterinario recomendó que el animal evitara subir y bajar escaleras para impedir el avance de su condición. Sin embargo, la administración del conjunto informó a los residentes que las mascotas no podían ser transportadas en los ascensores sin autorización. Y aunque durante el trámite judicial la administración otorgó un permiso especial para que la propietaria pudiera usar el ascensor con sus perros, la autorización tenía una vigencia limitada y estaba condicionada a la renovación periódica de certificados médicos y veterinarios, a lo que la Corte estableció que "en ningún caso es admisible prohibir su tránsito o permanencia, ni someter su ejercicio a autorizaciones discrecionales". La Corte explicó que exigir permisos para utilizar un ascensor junto con un animal de compañía constituye una restricción que afecta derechos fundamentales cuando la legislación ya reconoce la posibilidad de que estos animales transiten por las zonas comunes de las propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal. En ese sentido, el alto tribunal recordó que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que no pueden imponerse prohibiciones sobre el tránsito y permanencia de animales domésticos en las áreas comunes de los conjuntos residenciales."El tema de las mascotas es responsabilidad de sus propietarios. Lo que no se puede prohibir es el tránsito y la permanencia de estos animales en las zonas comunes de la propiedad. Las restricciones tienen que ver con que los propietarios se hagan cargos de las necesidades de sus mascotas y que se hagan cargo de las normas mínimas del acceso a la propiedad horizontal. Los conjuntos deben tener unos límites constitucionales y no prohibir la permanencia de los animales ni su tránsito. Lo importante es garantizar las condiciones de salud de las mascotas y su propietarios respetando sus responsabilidades", explicó Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, en Noticias Caracol.¿Qué pueden regular los conjuntos residenciales sobre las mascotas?La decisión no significa que los conjuntos residenciales pierdan la facultad de establecer reglas relacionadas con la convivencia entre vecinos y la tenencia responsable de animales. La Corte precisó que la administración sí puede adoptar medidas dirigidas a garantizar el uso adecuado de las zonas comunes, siempre que esas disposiciones sean razonables y estén alineadas con la ley. Entre los aspectos que pueden ser objeto de regulación se encuentran:El uso obligatorio de correa en las áreas comunes.El cumplimiento de las normas de higiene por parte de los propietarios.La recolección de los desechos de los animales.El respeto por las medidas de seguridad previstas para razas que así lo requieran.Las reglas orientadas a evitar afectaciones a la convivencia entre residentes.Lo que no resulta constitucional, según la sentencia, es impedir de manera absoluta el ingreso de animales a zonas comunes, prohibir el uso de ascensores o exigir permisos especiales para ejercer un derecho que la ley reconoce. Además, la Corte reiteró que los animales de compañía ocupan un lugar importante dentro de muchas familias y que la relación que las personas construyen con ellos tiene incidencia en derechos como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar."La Corte, inicialmente, recordó que en la actualidad los animales de compañía o mascotas ocupan un papel relevante en la vida de muchas personas. Este fenómeno ha llevado a que se construyan relaciones entre los animales domésticos y los seres humanos. Para la Sala, ese vínculo tiene una dimensión constitucional, que se relaciona con el ejercicio de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, y la intimidad personal y familiar". En consecuencia, ordenó al conjunto residencial:Permitir el uso del ascensor por parte de la accionante junto con sus animales de compañía sin exigir permisos previos.Abstenerse de imponer sanciones relacionadas con el uso del ascensor por transportar mascotas.Dejar de aplicar el artículo del manual de convivencia que restringía el transporte de animales en el ascensor.Actualizar el reglamento interno para ajustarlo a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 1801 de 2016.La Corte también aclaró que la decisión no elimina las obligaciones que tienen los propietarios de mascotas respecto al cuidado de los espacios comunes, el cumplimiento de las normas sanitarias y el respeto por los demás residentes. "para garantizar la adecuada convivencia y el respeto de las normas de higiene y seguridad en las zonas comunes". VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
La firma DescLAB, que acompaña a Catalina Giraldo, pide apartar del caso a la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. Giraldo tiene 30 años y busca el acceso a la muerte digna a través del suicidio médicamente asistido. Esta mujer tiene un diagnóstico complejo y para nada menor: padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Ella ha intentado todo lo imaginable en terapias, pero no ha tenido mejoría: 40 esquemas farmacológicos distintos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Nada. En 2025, Catalina tomó la decisión de solicitar la muerte digna a través de una figura que hasta ahora no ha sido utilizada en Colombia: el suicidio médicamente asistido. Pero la EPS Sanitas le negó la petición. Por lo tanto, el caso trascendió a instancias legales a través de una tutela que hoy es objeto de estudio en la Corte Constitucional.¿Por qué piden apartar a la magistrada Paola Meneses?DescLAB sostiene que la magistrada Meneses es la designada para revisar el expediente de la tutela, pero está impedida para decidir en el caso de Catalina Giraldo. La organización ya envió un oficio para pedir que se le aparte del proceso. “La ley prohíbe fallar a un juez que ya manifestó su opinión sobre el asunto”, declara. Y es que Meneses salvó su voto en la sentencia C-164 de 2022, fallo reconocido por ser aquel que le abrió la puerta al mecanismo del suicidio médicamente asistido como una opción legal de morir dignamente en Colombia, al despenalizarlo.“Al salvar su voto (...), la magistrada Meneses rechazó públicamente la Asistencia Médica al Suicidio, se opuso radicalmente a su despenalización y práctica en el sistema de salud”, afirma DescLAB como parte de los argumentos para pedir que la togada no tenga peso en el caso.La firma también dice que la magistrada emitió un juicio que calificó como “profundamente estigmatizante” sobre la capacidad de manifestar la voluntad por parte de quienes tienen alguna condición de salud mental. “Meneses afirmó que las personas con sufrimiento psíquico tienen una voluntad distorsionada y son incapaces de dar un consentimiento libre e informado”. Además, señaló que la magistrada bloqueó la solución de fondo al decir que ni la Corte ni el Ministerio de Salud pueden regular sobre este asunto, sino que solo le corresponde al Congreso de la República.El caso de Catalina Giraldo: “Lo siento en mi pecho y me duele”El caso de Catalina Giraldo fue conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en su momento, antes de que este fuera admitido por la Corte Constitucional el pasado 28 de mayo. Es trascendental porque es la primera paciente que pide tomar esta ruta en el país y cumple todos los requisitos: padece una enfermedad grave, resistente a todo esfuerzo terapéutico.(Conozca todo el caso aquí: El pedido de una mujer de 30 años por una muerte digna a través de un suicidio médicamente asistido)“Yo siento que es un infierno. Por ejemplo, sentir que el corazón se te acelera, que no puedes respirar bien, que te tiemblan las manos, que tienes ganas de lastimarte, que quieres hacerte daño; luchar todo el tiempo con eso es muy desgastante también. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera poder apagar esas voces, apagar ese malestar; de pronto hay momentos pequeños en el día en que se apagan, pero la mayor parte del día eso está contigo a todas partes, a donde vayas, inclusive a dormir se va conmigo, no me deja descansar, no me deja en paz. Es como si quisieras decirle 'ya basta, vete por favor, déjame en paz'”, cuenta Catalina, a modo de describir lo que vive día tras día.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Un día festivo que fue recién decretado por el Gobierno nacional fue demandado ante la Corte Constitucional por un ciudadano. Se trata de la Fiesta Nacional del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que será conmemorada por primera vez este 9 de julio de 2026 tras ser avalada vía sanción presidencial después de su aprobación en el Congreso.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La acción pública contra el artículo 6 de la Ley 2578 de 2026, que decreta el día festivo, fue ingresada al sistema de la Corte Constitucional el pasado 9 de junio. Un ciudadano, identificado como R. Ospina, demandó la norma ante el alto tribunal por presunta inconstitucionalidad. Según el demandante, la ley vulnera varios principios consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991.Los argumentos de la demanda contra el nuevo festivoEl ciudadano sostiene que la norma incurre en tres violaciones directas a la Carta Magna:Ruptura del Estado laico y la neutralidad religiosa: Según el demandante, al consagrar un descanso obligatorio a nivel nacional para honrar explícitamente a una figura de la religión católica, el Congreso de la República rompe con su deber de neutralidad religiosa. El recurso argumenta que la medida otorga un privilegio civil a un credo específico, discriminando a quienes profesan otras creencias o se declaran no creyentes.Falta de análisis en materia de impacto fiscal: El demandante asegura que la ley se tramitó sin un estudio técnico previo ni el aval explícito del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que las leyes con impacto fiscal deben pasar por este proceso, lo que constituiría un vicio de trámite según las normas de presupuesto de la Ley 819 de 2003. Cabe recordar que la ley establece que los trabajadores del sector público y privado tendrán derecho al descanso remunerado en este día.Golpe a la libertad económica: Finalmente, el recurso advierte que la imposición de este festivo altera drásticamente los costos de nómina y la producción del sector empresarial privado. Al combinarse con las recientes reformas de recargos laborales, el ciudadano considera que se impone una carga desproporcionada que no persigue un fin constitucional general, sino un motivo exclusivamente conmemorativo religioso.¿Qué pasará con el festivo del 9 de julio en Colombia?De momento, el texto se encuentra en la Secretaría de la Corte Constitucional después de haber sido radicado formalmente. El caso deberá ser asignado a un magistrado ponente para que analice si el recurso cumple con los requisitos legales y, de ser así, sea admitido para su posterior estudio.Es importante aclarar que, hasta que no haya un fallo definitivo por parte del alto tribunal, el festivo del 9 de julio que conmemora a la Virgen de Chiquinquirá sigue plenamente vigente en el calendario de festivos en Colombia para este 2026.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El Ministerio de la Igualdad dejaría de existir el 20 de julio de 2026, luego de que la Corte Constitucional ordenara subsanar los fallos en la creación de la cartera, para lo que había dado un plazo de dos legislaciones (2024 y 2026).Dicho Ministerio fue creado en enero de 2023, bajo la administración del Gobierno de Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez fue la primera en dirigir ese despacho.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Por qué no podría seguir funcionando el Ministerio de la Igualdad?En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 “por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones por vicios de procedimiento en su formación”.Tras encontrar los fallos en la creación de la cartera, el alto tribunal determinó “DIFERIR los efectos de la presente decisión, por el término de dos (2) legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024”, es decir las de 2025 y de 2026. Lo anterior, con el fin de subsanar las falencias en la formación del despacho y así garantizar su continuidad en el Ejecutivo.El Congreso debía en esos dos periodos legislativos revisar la ley que dio origen al Ministerio de la Igualdad y corregir los errores cometidos. En abril de 2025, congresistas y miembros de la comunidad diversa radicaron el proyecto de ley que buscaba dar continuidad a la entidad gubernamental.Sin embargo, el 20 de junio termina la legislatura actual, por lo cual ya no quedaría tiempo para emitir una nueva norma que le dé permita al ministerio seguir funcionando.Con lo anterior y según el fallo de la Corte Constitucional, la “Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico” a partir del 20 de julio, lo que daría por cerrado el Ministerio de la Igualdad.NOTICIAS CARACOL
A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, distintos organismos del Estado, autoridades electorales y presidentes de las altas cortes coincidieron en un mensaje común: respetar los resultados que arrojen las urnas y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El llamado se produjo durante una cumbre internacional sobre instituciones y controles, convocada por la Procuraduría General de la Nación, en la que participaron representantes de las altas cortes, organismos de control y autoridades electorales. Durante el encuentro, los voceros insistieron en la necesidad de preservar la institucionalidad y acatar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en materia electoral.Altas cortes se sumaron al llamadoUno de los pronunciamientos más contundentes fue el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien subrayó que el respeto por los resultados electorales constituye una garantía para la democracia y para la ciudadanía.“Es fundamental el respeto de los resultados porque eso es un respeto a la ciudadanía, es un respeto a las reglas democráticas y eso fortalece la convivencia democrática”, afirmó.El magistrado agregó que la expectativa es que tanto los candidatos como los diferentes actores sociales acaten los resultados una vez sean informados oficialmente por la Registraduría Nacional y luego del escrutinio correspondiente.La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, también se refirió a la relación entre el poder judicial y quien resulte elegido presidente de la República.“Lo primero, sin duda, es respetar, acatar las decisiones judiciales y segundo la garantía de los principios y valores constitucionales, en especial lo que tiene que ver con la defensa y el respeto de los derechos fundamentales”, manifestó.Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, recordó que el Gobierno puede discrepar de las decisiones judiciales, pero está obligado a cumplirlas.“Constitucionalmente el presidente de la República y el gobierno no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tiene el deber de acatarlas”, señaló.Además, advirtió sobre la diferencia entre expresar desacuerdos y desafiar la institucionalidad. Según indicó, la legitimidad de las decisiones judiciales se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la ley.La desinformación fue otros de los temas discutidosEl registrador nacional, Hernán Penagos, enfocó su intervención en los riesgos que representa la circulación de información falsa o sesgada sobre el proceso electoral.“Difundir información sesgada, falsa o difamar no golpea la autoridad electoral, golpea la democracia en su conjunto, golpea la nación que somos todos y todas”, afirmó.Penagos recordó que las autoridades competentes ya adoptaron decisiones y certificaron los resultados de la primera vuelta presidencial mediante los procedimientos establecidos.“Ya las autoridades, jueces y Consejo Nacional Electoral, porque son las competentes, decidieron, entregaron los resultados y los acreditaron en una resolución”, expresó.En ese contexto, sostuvo que corresponde a ciudadanos y servidores públicos aceptar los resultados emitidos por las instituciones electorales, al considerar que forman parte de las reglas propias del sistema democrático.Organismos de control insisten en reducir la polarizaciónEl contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado a disminuir el nivel de confrontación política y pidió dar ejemplo desde las instituciones.Durante su intervención dirigió una invitación al presidente de la República para que contribuya a reducir la tensión alrededor del debate electoral.“Yo sí le haría una invitación muy cordial y respetuosa al señor presidente de la República para que lo hiciera y me parece que ese sería un gesto importante más allá de la polarización tan grave que hoy en día tenemos”, señaló.Rodríguez manifestó además su preocupación por posibles descalificaciones hacia los organismos de control y pidió moderar el tono de las discusiones públicas.A su turno, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró que las autoridades electorales son las únicas competentes para pronunciarse sobre los resultados y enfatizó que el presidente de la República no tiene facultades para modificarlos o desconocerlos.“Yo no le tengo que pedir nada al presidente, él conoce sus obligaciones”, afirmó.El procurador agregó que el jefe de Estado no tiene atribuciones para proclamar, negar o alterar un resultado electoral ya definido por las autoridades competentes. En ese sentido, sostuvo que el proceso electoral ha seguido su curso institucional y que los resultados corresponden a decisiones adoptadas por los organismos facultados para ello.Además, varios de los participantes respaldaron los llamados realizados por la Iglesia Católica para reducir la confrontación política y promover un ambiente de respeto durante la recta final de la campaña presidencial.Con el país a pocos días de acudir nuevamente a las urnas, las instituciones reiteraron que la confianza en el sistema democrático depende del reconocimiento de las reglas electorales y del respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que vive en Bogotá, pidió oficialmente a la Corte Constitucional que seleccione para revisión la tutela con la que busca acceder al derecho a morir dignamente mediante asistencia médica al suicidio (AMS), una figura que fue despenalizada en Colombia en 2022, pero que aún no cuenta con reglamentación por parte del Estado.La solicitud fue presentada este jueves 7 de mayo, fecha en la que vencía el plazo para que ciudadanos, organizaciones y entidades públicas pidieran la selección de expedientes ante la Corte. El caso de Catalina podría ser escogido por la Sala de Selección No. 5 y la decisión se conocería el próximo 28 de mayo. "Mi derecho está siendo vulnerado", subrayó la joven sobre el caso que la ha tenido en vilo desde hace unos meses. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sobre la irrevocable decisión que Catalina tomó en 2025 y que se ha convertido en uno de los procesos más relevantes alrededor del debate sobre muerte digna en Colombia, su verdadero temor es que su caso "se pierda entre cifras y mi lucha sea olvidada", debido a que podría definir si la asistencia médica al suicidio puede aplicarse realmente dentro del sistema de salud o si seguirá limitada por la falta de regulación.¿Qué es la asistencia médica al suicidio en Colombia?La asistencia médica al suicidio fue despenalizada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-164 de 2022. A diferencia de la eutanasia, en este procedimiento el médico suministra o facilita el medicamento, pero es el propio paciente quien decide administrárselo.Aunque la Corte eliminó las sanciones penales para los médicos que participen en estos casos bajo determinadas condiciones, el Congreso y el Ministerio de Salud no han expedido reglas claras sobre cómo debe aplicarse el procedimiento. Precisamente ese vacío jurídico es el centro de la tutela presentada por Catalina Giraldo, quien asegura que el sistema de salud ha impedido ejercer un derecho reconocido por la jurisprudencia constitucional."Hoy le pido a la Corte Constitucional que seleccione y falle de fondo mi caso porque a pesar de los esfuerzos de esconder lo obvio, la gente intenta suicidarse y muchos lo logran. Si bien algunos de estos suicidios hubieran podido ser prevenidos, muchos otros no necesitaban eso, más bien tenían derecho a ser acompañados", indicó. La petición de Catalina a la Corte sobre su muerte dignaAdemás de la solicitud escrita enviada al alto tribunal, Catalina publicó tres videos en los que pidió directamente a la Corte Constitucional estudiar su caso antes de que, según afirmó, "el vacío institucional" termine haciendo imposible acceder a su derecho a morir dignamente. "Mi dolor es tan difícil de contar como las heridas y cicatrices de mi cuerpo. Mi última oportunidad, y la de muchos otros, es que mi caso llegue a la Corte Constitucional", indicó en DescLAB, la firma que ha visibilizado su caso. En uno de los mensajes difundidos en redes sociales, Catalina señaló que su caso no solo busca resolver su situación personal, más bien busca también abrir una discusión más amplia sobre las personas que desean acceder a una muerte digna mediante procedimientos acompañados por el sistema de salud. "Estoy convencida de que el suicidio puede ser un acto protegido, seguro y acompañado. No debe ser un acto violento y traumático ni para la persona que decide quitarse la vida ni para su familia", expresó en uno de los videos.También aseguró que durante el proceso su sufrimiento derivado de enfermedades mentales ha sido minimizado y que la falta de reglamentación ha impedido estudiar de fondo su solicitud médica. La Defensoría del Pueblo también pidió formalmente a la Corte Constitucional seleccionar el expediente de Catalina Giraldo por considerar que tiene relevancia constitucional y podría tener impacto en el desarrollo del derecho a morir dignamente en Colombia.La entidad consideró necesario que el alto tribunal analice las barreras existentes para acceder a la asistencia médica al suicidio y determine el alcance de las obligaciones del sistema de salud frente a este tipo de solicitudes. "La Defensoria del Pueblo también solicitó la selección del expediente por su relevancia constitucional y su impacto en el derecho a morir dignamente", se lee en un comunicado de DescLAB. La historia detrás del caso de la joven que pide suicidio asistidoCatalina Giraldo hizo pública su situación en marzo de 2026, cuando contó que había solicitado a su EPS la autorización para acceder a la asistencia médica al suicidio. Según relató, ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. También aseguró haber pasado durante años por múltiples tratamientos psiquiátricos, hospitalizaciones y distintos esquemas farmacológicos sin mejoría clínica.En octubre de 2025 presentó la solicitud formal ante su EPS, Sanitas, argumentando que su condición le producía un sufrimiento incompatible con su idea de vida digna. Sin embargo, la entidad negó el procedimiento señalando que no existían condiciones normativas ni operativas para garantizar su realización de manera segura y legal. Tras esa respuesta, Catalina interpuso una acción de tutela con el acompañamiento del abogado Lucas Correa y la organización DescLAB, buscando que la justicia ordene garantizar el procedimiento."Yo he intentado acabar con mi vida y lo he hecho en maneras que han sido impulsivas, que no han tenido el fin que yo deseaba que tuviera, pero eso no me han quitado las ganas de hacerlo. Pero al mismo tiempo tampoco quiero lastimar a mi familia. Entonces yo me he preguntado desde hace un tiempo si hay una forma segura de hacer esto, si hay una forma en la que yo no tenga que hacer esto a escondidas".Mientras capotea la angustia que le provoca este permanente estado de incertidumbre, Catalina implora que la Corte revise su caso y escuche su clamor de auxilio. "Tal vez sea muy difícil, pero genuinamente estoy pidiendo ayuda y estoy pidiendo ayuda para mi familia también y estoy pidiendo ayuda porque es muy agotador, porque esto cansa mucho, porque estoy cansada (...) Y si yo he vivido una vida de sufrimiento, de dolor, yo quiero ya no callar y yo ya no quiero esconder esto, porque esconderlo es mucho trabajo".VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
En la madrugada de este jueves 30 de julio fue inmovilizado el carro Spark azul, cuyo conductor intentó subirse a un puente peatonal en Bogotá en días pasados. Lo que se sabe hasta ahora es que el vehículo fue inmovilizado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.Vea: Nuevo video mostraría al carro que intentó subir a puente peatonal realizando peligrosa maniobraLas autoridades de tránsito lo inmovilizaron y encontraron que no cuenta con la revisión técnico-mecánica vigente. El vehículo fue visto en varios videos cuando su conductor intentó subir a un puente peatonal en la calle 26, generando riesgo para la vida de muchos transeúntes.Es un vehículo que debe multas por más de 4.500.000 pesos. El dueño del vehículo asegura que él no era el que había hecho esas maniobras riesgosas en días pasados. El dueño tendrá que responder por varios comparendos y muy posiblemente también el conductor que ha hecho estas maniobras riesgosas tendrá suspendida su licencia. El carro fue trasladado en una grúa hacia uno de los patios de Bogotá.Lea: Estas son las sanciones que tendría el conductor del carro que se subió a puente peatonal en BogotáDurante una entrevista con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, para Noticias Caracol, el funcionario contó que "la situación todavía está en proceso. En horas de la madrugada se encontró el vehículo, el Spark, justamente en situación de abandono, lo encontraron en Cajicá. Se informó inmediatamente a la Policía y ya en estos momentos hace muy poco tiempo apareció el conductor. Entonces el caso está en proceso, esperamos que tenga que responder por las infracciones cometidas, por los desafíos hechos, porque con la autoridad no se juega, la autoridad se respeta".MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Este jueves, el calendario futbolero trae más acción con la vuelta de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana, y aquí Santa Fe, que visita a Caracas FC, espera aprovechar la ventaja conseguida en la ida para instarle en los octavos de final. También juega Boca Juniors, que tiene en sus filas a colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa. Igualmente, hay actividad en la Copa BetPlay, en la Liga II-2026 y el Brasileirao. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 30 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nadaPartidos EN VIVO HOY, jueves 30 de julio del 2026:Equipos HorarioCompeticiónTransmisión por TVEnvigado vs. Once Caldas3:30 p.m.Copa BetPlayWinTalleres Córdoba vs. Vélez Sarsfield5:00 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, FanatizGremio vs. Bolívar5:00 p.m.Copa SudamericanaDisney+ Premium, ESPNCorinthians vs. Atlético Paranaense5:30 p.m.BrasileiraoWinIndependiente vs. Newell's Old Boys7:15 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, FanatizO'Higgins vs. Boca Juniors7:30 p.m.Copa SudamericanaDisney+ Premium, ESPNCaracas FC vs. Santa Fe7:30 p.m. Copa SudamericanaDSports - DGOBucaramanga vs. Llaneros8:00 p.m.Liga BetPlay II-2026Win+
Independiente Santa Fe se juega, este jueves 30 de julio, su opción de continuar en la Copa Sudamericana, ya que enfrenta la vuelta de los 'play-offs' contra Caracas, en Venezuela. El rojo bogotano confía en realizar un buen compromiso en tierras vecinas para avanzar a los octavos de final. ¿Cómo va la serie de este enfrentamiento?Los dirigidos por Pablo Repetto lograron imponerse en la ida en el estadio Nemesio Camacho El Campín por marcador de 2-0, gracias a las anotaciones de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. Santa Fe mostró un rendimiento colectivo sólido y estuvo 'letal' en el ataque, por lo que esas mismas cualidades espera ejecutarlas en el decisivo encuentro de este jueves en el Metropolitano de Lara. Por el lado de Caracas, el objetivo es aprovechar la localía, contrarrestar las virtudes del 'león' y aprovechar las suyas para darle vuelta al tablero. La tarea no será fácil, pero están dispuestos a enfrentar el reto. Estos son los convocados de Santa Fe para el juego del 'copero' internacional:A qué hora juega HOY Caracas vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana y dónde verlo EN VIVO por TVEn ese orden de ideas, el compromiso de vuelta de los 'play-offs' de la 'otra mitad de la gloria' entre los 'avileños' y los 'cardenales' está previsto a jugarse HOY jueves 30 de julio, en el estadio Metropolitano de Lara, y tiene un horario establecido de las 7:30 de la noche, en Colombia. Los fanáticos podrá seguir y ver EN VIVO por TV este partido por la señal de 'DSports' y 'DGO'. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del duelo, los golazos, las jugadas virales, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se pierda nada. Hay que indicar que el ganador de la llave entre Santa Fe y Caracas FC se enfrentará a River Plate, en los octavos de final.
Los rumores en el actual mercado de pases en Europa está en su 'apogeo', teniendo a varios jugadores colombianos en ese listado de nombres. De los que no paran de sonar con un posible cambio de equipo para la temporada que se avecina es el de Jhon Lucumí. ¿Lo dejará salir el Bologna? El defensor central colombiano tuvo regularidad en la campaña anterior de la Serie A con los 'rossoblù', y en el reciente Mundial en Estados Unidos, México y Canadá fue uno de los grandes destacados de la Selección Colombia, combinado que llegó hasta los octavos de final, siendo eliminada en la tanda de los penaltis por Suiza 4-3 luego del 0-0 en e tiempo reglamentario y la prórroga. Volviendo al tema que compete a Lucumí, el oriundo de la ciudad de Cali está en la mira de otra escuadra del fútbol italiano que disputará la Champions League. Hasta se conoció el dinero que pagaría dicho equipo para hacerse con los servicios deportivo del zaguero de nuestro país. ¿Qué equipo de la Serie A quiere fichar a Jhon Lucumí y cuánto pagaría por él al Bologna?Así las cosas, es el Como, elenco entrenado por el español Cesc Fàbregas, el que está dispuesto a cancelar una buena cantidad de dinero por Jhon Jáner. Según informó el reconocido periodista italiano, Nicolo Schira, dicho equipo "está listo para ofrecer 22 millones de euros a Bologna para intentar fichar a Jhon Lucumí, quien está dispuesto a dejar al 'rossoblù' este verano", escribió en su cuenta en la plataforma social, 'X'. Y es que, por la participación histórica del Como en el máximo torneo de clubes en el 'viejo continente', está en la búsqueda de reforzar todas sus líneas, siendo una de ellas la parte posterior. Además del nombre de Lucumí, otro jugador de la Selección Colombia también ha sido vinculado con este club, tal es el caso de Dávinson Sánchez, compañero en la zaga de la 'tricolor' del exDeportivo Cali y Genk. Por lo tanto, ahora sólo queda esperar a ver cómo terminan estos rumores de la ventana de transferencias en Europa, si el Como apuesta ese dinero por Lucumí, y si el Bologna decide aceptarlo.
El capitán Óscar Leandro Mojica firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía por su participación en las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, quien en su momento trabajaba para Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Noticias Caracol conoció que el documento del acuerdo es revelador porque el oficial se comprometió a colaborar con la justicia y a señalar directamente a Sarabia en los hechos. En el principio de oportunidad, quedó consignado que Mojica declarará bajo juramento que fue Sarabia quien dio la instrucción de cambiar su esquema de seguridad y de practicar el polémico polígrafo a su empleada doméstica.(Lea: Primeras condenas en caso de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia: así lograron interceptarla)El documento también detalló el testimonio que rendirá contra el coronel Carlos Alberto Feria y el mayor Duván Muñoz sobre actuaciones relacionadas con la investigación del presunto hurto en la residencia de la entonces funcionaria. A cambio de esa colaboración, Mojica recibió una inmunidad parcial por uno de los delitos que enfrenta, mientras continuará respondiendo por los demás.Se conoció que, casi tres años después de la muerte del coronel Óscar Dávila, la Fiscalía el pasado mes de marzo cerró el capítulo penal al archivar la investigación tras concluir que no encontró elementos para desvirtuar la hipótesis del suicidio.De acuerdo con las investigaciones, la razón principal que desencadenó el uso del polígrafo fue la pérdida de una suma de dinero (un maletín) en la residencia de Laura Sarabia, en hechos que ocurrieron en enero de 2023. Ante las sospechas de hurto, se puso en marcha un operativo de seguridad que incluyó a cuatro personas sometidas a la prueba, entre ellas Marelbys Meza.En cuanto a Mojica, la Fiscalía General de la Nación determinó que, para el momento de los hechos, se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá. El capitán presuntamente, según la investigación, participó en la falsificación de informes policiales y formatos de entrevistas a fuentes no formales. Estos documentos contenían afirmaciones falsas que vinculaban a las víctimas con una organización criminal dedicada al hurto de residencias, con el único fin de obtener ilegalmente las órdenes de interceptación.(Le puede interesar: Laura Sarabia presenta renuncia como embajadora del Reino Unido: esto se sabe)Por este caso, en octubre del 2025, se emitieron condenas contra el capitán Carlos Correa y el patrullero John Fredy Morales, por presentar informes falsos ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) del departamento del Chocó, afirmando que Marelbys era, supuestamente, cabecilla de una organización criminal, más específicamente, del Clan del Golfo.Otros involucrados en el caso son el coronel Carlos Feria, quien fue jefe de seguridad de la Presidencia de la República; el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez. A los señalados se les investiga como presuntos responsable del uso irregular del polígrafo en el interrogatorio a la exniñera de Laura Sarabia.NOTICIAS CARACOL