La senadora por el Pacto Histórico María José Pizarro recalcó la importancia de respetar la separación de poderes, empezando por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, contra quien lanzó duras críticas.
Para la congresista, “todo este clima un poco turbulento lo ha generado precisamente el hecho de que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, haya decidido hacer un uso indebido de su rol como fiscal participando abiertamente en política y, además, dirigiéndose al presidente de la República. Recordemos que hay una figura presidencial que en este país debe respetarse. Y referirse al presidente de la República, Gustavo Petro, con cualquier tipo de improperios absolutamente falaces… Incluso llegó al extremo de tildarlo de narcotraficante, un fiscal general de la Nación. Y, por supuesto, aunque la Fiscalía tiene competencia en algunos casos, lo que uno esperaría es que actúe como debe actuar la justicia en nuestro país, de manera absolutamente imparcial, utilizando ese gran símbolo de la justicia, una justicia equilibrada, una justicia autónoma, una justicia que realiza su trabajo, que brinda todas las garantías, la garantía al debido proceso, a la presunción de inocencia, en fin”.
María José Pizarro señaló que colombianos “no sentimos, por supuesto, ningunas garantías con un fiscal que se ha expresado de esta manera, que claramente tiene unas posiciones políticas, que no ha sido capaz de separar sus posiciones personales, su partido político, los intereses de sus amigos y de sus aliados políticos, del cargo que está ocupando en la Fiscalía General de la Nación. Y tristemente, esta ha sido la realidad en las dos últimas fiscalías, así que creo que ha llegado el momento de dotar nuevamente de autonomía, de independencia a la Fiscalía General de la Nación, que recobre su legitimidad, que pueda avanzar en dos temas que son muy importantes”.
Sobre las palabras que ha expresado el presidente Petro, la congresista manifestó que “aquí no se trata de defender o no al presidente de la República. Por supuesto, nosotros tenemos unas posiciones absolutamente claras. Se trata de defender la institucionalidad, se trata de defender la separación de poderes, una separación de poderes que no existe hace un tiempo. Nosotros lo denunciábamos cuando el presidente de entonces, Iván Duque, claramente ponía a mejores amigos, inclusive a miembros de su propio gabinete, ternados en la Fiscalía y en la Procuraduría, como es el caso, y por eso tenemos la situación que vivimos en estos momentos. Así que llega el momento de elegir un nuevo fiscal general de la Nación”.
Es por eso que María José Pizarro aseguró que “la Corte Suprema de Justicia tiene sobre la mesa ya hace varios meses una terna de mujeres incuestionables, y entrar en un período de interinidad con una vicefiscal que está claramente cuestionada, ya hay pruebas, además sobrevinientes en relación con la actitud que ella habría tenido complaciente con, por ejemplo, Pacho Malo en Buenaventura, quien era director además del CTI, pero que era uno de los cabecillas de un grupo de narcotraficantes, dejar la Fiscalía en una persona tan cuestionada en estos momentos no hace sino incrementar la sensación de incertidumbre, de incomodidad y, por supuesto, la deslegitimización de la Fiscalía General de la Nación, que es el ente que debe otorgar y que debe impartir justicia en relación con los graves casos de derechos humanos, en relación con la corrupción, casos que han sido engavetados o que apenas han avanzado, como el caso de Odebrecht, cosa que no se ha visto en otros países. Y por supuesto, que actúe con independencia, con imparcialidad, con rigor, con autonomía”.
¿Hay un mal precedente o no que la Procuraduría sancione a un funcionario y el Ejecutivo no cumpla con esa orden?
“Hay una medida de observación y esto yo creo que la ciudadanía tiene que tenerlo perfectamente claro, hace parte del procedimiento y una vez se agota esta medida, si así se define, pues evidentemente el canciller debería ser suspendido. No deja de alertarnos en el sentido de que es la primera vez que se suspende un canciller, un ministro, en la historia de América Latina. La verdad, no hay precedentes de este tipo y por eso, pues evidentemente se encienden las alertas. Pero, por supuesto, hay una instancia que debe agotarse. Una vez agotada esta instancia, por supuesto, la Cancillería tiene que cumplir, porque nosotros somos respetuosos, y creo que así se ha demostrado, respetuosos de la institucionalidad. Por supuesto que a veces está uno en acuerdo o en desacuerdo con decisiones que toma la justicia, pero independientemente de estas posiciones, uno debe acatar las decisiones que se toman. Eso sí, volvemos y decimos, ojalá, en este caso, órganos de control absolutamente despolitizados”, señaló María José Pizarro.
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