Séptimo Día reveló las denuncias de ciudadanos en Bogotá que aseguran haber sido víctimas del hurto de sus vehículos o de sus pertenencias dentro de parqueaderos que consideraban seguros. Los testimonios expuestos en la investigación dan cuenta de presuntas fallas en los controles de seguridad y, en algunos casos, de cuestionamientos por las respuestas recibidas tras los hechos.El 16 de abril de 2026, el ingeniero Ángel Ignacio Arias ingresó a un centro comercial para comer después de permanecer cerca de dos horas y media en medio del trancón. Aproximadamente una hora después, regresó al parqueadero para continuar su camino, pero su camioneta ya no estaba.Al consultar con el personal de seguridad, le informaron que el vehículo había sido sacado minutos antes y que, aparentemente, los responsables habrían forzado la talanquera de salida.“Me fui a comer una hamburguesa y ya a las 7:20 más o menos, o sea, una hora después fui a buscar el carro para seguir mi camino y ya no estaba... El vigilante me dijo: ‘Hace 10 minutos sacaron una camioneta y forjaron la talanquera”, contó Arias.Estos hechos se extendieron a otros sectores de la capital colombiana. El profesor Héctor Gerardo Castro denunció el hurto de su camioneta, luego de dejarla en el parqueadero de un reconocido establecimiento mientras realizaba las compras del mercado. “Cuando baje, no encontré la camioneta en el sitio. Automáticamente supe que se la habían robado”, relató.En otro caso, ocurrido en un parqueadero público de Chapinero, al vendedor Walter David Romero le entregaron su camioneta a una mujer que, según su denuncia, se hizo pasar por su hija. Al reclamarle al encargado por qué había entregado las llaves del vehículo a una desconocida, el hombre le respondió que ella había asegurado ser su hija. Por ello, Walter le aclaró que no tenía hijas.Los casos de Ángel, Walter y Héctor ocurrieron en menos de cuatro meses en diferentes parqueaderos de una misma zona de Bogotá. Sin embargo, la comerciante Isabel Muñoz ya había denunciado una situación similar en mayo de 2022.En el parqueadero ubicado en la calle 175 en Bogotá, Isabel aseguró que dejó su camioneta mientras realizaba unas diligencias y, al regresar varias horas después, ya no la encontró. "Eso fue como a las 10 de la mañana y ya en la tarde que regresaba, pues ya no estaba el carro. Entonces yo le dije, 'Nos robaron el carro’”, recordó.El 22 de junio de 2021, la psicóloga Camila Silva Páez también afirmó haber sido víctima de hurto en el mismo parqueadero donde Ángel dejó su vehículo. Según su denuncia, delincuentes ingresaron a su carro y sacaron objetos de valor mientras ella realizaba una compra.Aunque se trataba de un parqueadero gratuito, Camila cuestionó las condiciones de seguridad del lugar: “No me parece que por ser un parqueadero gratis lo deban robar”.Por esa misma zona, la ingeniera informática Geraldine González denunció otro caso. En julio de 2026, aseguró que delincuentes ingresaron a su vehículo y se llevaron equipos y pertenencias de trabajo. “Me robaron todo mi trabajo, me dejaron sin nada porque pues en mi maleta estaba todas mis pertenencias y sacan todo el vehículo. Me robaron 23 millones”, aseguró.Experimento social con cámara oculta en parqueaderosEl equipo de Séptimo Día realizó un experimento en cuatro estacionamientos de Bogotá para comprobar qué tan rigurosos son los controles al momento de entregar los vehículos. Una productora del programa simuló haber olvidado el tiquete de ingreso e intentó retirar el carro ofreciendo dinero o dando diferentes explicaciones para justificar que no contaba con el comprobante.En el primer parqueadero, el encargado se negó a entregar el vehículo porque la mujer no tenía el comprobante de ingreso. Una situación similar se presentó en el cuarto establecimiento, donde también se mantuvieron los controles y no se permitió retirar el automóvil sin acreditar que correspondía a la persona autorizada.Sin embargo, en los otros dos parqueaderos las medidas de seguridad fueron diferentes. En el segundo establecimiento, el encargado permitió retirar el vehículo con solo presentar las llaves, mientras que en el tercero bastó con diligenciar un formato, sin una verificación rigurosa de la identidad.Tras ser confrontados por el equipo periodístico, ambos establecimientos reconocieron que se trató de un error y una falla en la seguridad.Cifras oficiales sobre estas denunciasEntre 2025 y lo que va de 2026, la Fiscalía investiga cerca de 1.500 denuncias relacionadas con esta modalidad de hurto en Bogotá, alrededor de 500 casos en Cali y poco más de 300 en Medellín. En Bogotá y Medellín, ocho ciudadanos denunciaron ante Séptimo Día que fueron víctimas de robos dentro de parqueaderos donde confiaban en que sus vehículos y pertenencias estarían seguros.Sobre la normatividad, Fernando Dueñas, vocero de los parqueaderos en Colombia, explicó que este servicio implica un contrato de depósito, que establece una obligación de custodia sobre el vehículo y contempla una póliza de responsabilidad civil. Sin embargo, aclaró que esta responsabilidad no se extiende automáticamente a los objetos personales que se encuentren dentro del automóvil."No se responde porque no hay una constancia de su preexistencia, se hace un inventario escrito para que de esa misma manera me responda si le llega a suceder algo”, precisó Dueñas.Por su parte, el vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho al Consumo, Juan Pablo López, indicó que abstenerse de entregar tiquete o carecer de seguridad constituye una “culpa grave”.Quena Ribadeneira, consejala de Bogotá advirtió que: “Siete de cada 10 parqueaderos en Bogotá están operando de manera informal...Nos comprometemos desde ya a hacerle este control a la Alcaldía local y a la Secretaría de Gobierno”, dijo.Estas denuncias y el experimentos social evidenciaron una situación preocupante. Las autoridades avanzan en las investigaciones de estos casos, mientras también se fortalece los controles de seguridad para evitar que los parqueaderos, considerados por los usuarios como lugares seguros, terminen convirtiéndose en escenarios donde sus vehículos y pertenencias quedan expuestos al hurto.
El odontólogo Javier Cely volvió a hablar sobre el proceso judicial que enfrentó durante años por el caso de la fuga de la excongresista Aída Merlano. Tras una lucha incansable, finalmente fue absuelto por la justicia colombiana en 2022.María Elvira Arango, directora de Los Informantes, habló con él sobre un proceso que, según relata, terminó afectando profundamente su vida.El día de la fuga de la excongresistaHace siete años, el 1 de octubre de 2019, Javier Cely atendió a la entonces exsenadora Aída Merlano en el tercer piso del Centro Médico de La Sabana, en Bogotá, para realizarle un procedimiento de rehabilitación oral. Minutos después, la excongresista escapó por una ventana, descolgándose con una cuerda roja.El hecho llevó a que el odontólogo fuera señalado como presunto cómplice y tuviera que afrontar un proceso penal que contemplaba una pena de hasta 15 años de prisión. Cely relató los detalles de lo ocurrido durante aquella consulta y habló sobre la posterior batalla legal que terminó con la ratificación de su inocencia.“Yo me despido y me voy. A los 15 minutos me entra una llamada y me dicen: ‘Javier, su paciente se tiró por la ventana’”, recordó Javier Cely sobre el momento en que se enteró de la fuga de Aída Merlano.Así fue el origen de la consultaSu vínculo con el caso comenzó cuando un colega lo contactó para solicitarle una valoración a la excongresista, quien no estaba satisfecha con dos diseños de sonrisa previos. Según explicó el especialista, la llamada inicial se desarrolló en estos términos: "Necesito pedirle un favor. Tengo una paciente que le han realizado dos diseños de sonrisa en mi clínica y no le han gustado. Entonces, no sé si usted me pueda dar una mano y me puede ayudar a cambiarle el diseño".Al indagar por la identidad de la paciente, su colega le confirmó que se trataba de la exsenadora Aída Merlano. Aunque aseguró que la conocía por las noticias, mas no personalmente, Cely aceptó atenderla y era consciente de que la mujer se encontraba privada de la libertad.La atención estaba sujeta a la disponibilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, por lo que el profesional aclaró que la programación de la cita no dependía de él. “Me avisan en la noche que si puedo ir al otro día. Como yo ya manejaba mi tiempo, yo le dije que no tengo ningún inconveniente", dijo.Lo que ocurrió dentro del consultorio el día de la fugaLa primera cita fue de valoración y diagnóstico. En esa consulta, acordaron volver a encontrarse una vez estuvieran listas las carillas dentales. La segunda cita se realizó el 1 de octubre de 2019 a las 10 de la mañana.Durante la atención, la exsenadora le pidió a Cely un espacio para poder hablar con sus hijos, Aída Victoria y Esteban, quien en ese momento era menor de edad. "Yo la saludo, entro y ella me dice que si yo le puedo ayudar y le dejo hablar con sus hijos dentro del consultorio. Yo le dije: 'Sí, claro, yo no tengo ningún inconveniente'...Empiezan a llorar, a mi me da pena y me salgo un momento del consultorio”, contó.Al reanudar el procedimiento odontológico, Javier Cely solicitó al personal de custodia que ingresara al consultorio. Sin embargo, los guardias le dijeron que permanecerían afuera.Sobre los constantes desplazamientos que realizó fuera del consultorio y que quedaron registrados en las cámaras de seguridad, el odontólogo explicó: “Yo salgo y entro del consultorio porque como donde yo la estaba atendiendo no era mi consultorio. Entonces, en esa clínica no tenían todo lo que yo necesitaba dentro del consultorio y yo tenía que salir a pedir materiales o cosas que necesitaban”.Al finalizar el tratamiento, Aída Merlano se despidió del odontólogo, como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Luego, Cely abandonó el edificio para dirigirse a otra cita que tenía programada. Minutos después, recibió una llamada en la que le informaron que su paciente había escapado por una ventana.Imputación de cargos y detenciónLos hechos ocurridos durante la consulta quedaron registrados en videos que rápidamente se hicieron públicos. Al enterarse de la fuga, Cely regresó al centro médico y rindió voluntariamente su declaración inicial ante las autoridades, mientras el paradero de Aída Merlano aún era un misterio. Sin embargo, la exposición mediática del caso llevó a que fuera vinculado como presunto cómplice de la fuga.La Fiscalía le imputó los delitos de ayuda a la fuga de presos e instrumentalización de menores de edad, cargos por los que, de haber sido declarado culpable, habría enfrentado una pena superior a los 10 anos prisión.El odontólogo permaneció privado de la libertad durante cinco noches. Según contó, durante las primeras horas no tenía colchoneta ni elementos básicos, hasta que uno de sus hermanos logró hacerle llegar algunos suministros y una carta de su hijo mayor, que, según él, le devolvió el aliento. “Él (su hijo) me dice que conoce la clase de papá que tiene y que sabe que todo lo que está pasando, yo no tengo absolutamente nada que ver en eso”.El proceso judicial se extendió durante tres años. En ese tiempo, el odontólogo atravesó episodios de depresión y ansiedad y recibió acompañamiento psiquiátrico. “Me juzgaron, me atacaron, la prensa me dio durísimo. Nunca escucharon mi versión, sino simplemente lo que veían o lo que escuchaban”, dijo.Según su testimonio, durante esos años perdió buena parte de su patrimonio, su práctica profesional y la tranquilidad, mientras se dedicaba a defenderse de unos delitos que asegura no cometió.Absolución de cargos y el intento de reconstruir su vidaDurante el proceso judicial, Aída Merlano se refirió públicamente en dos oportunidades a la inocencia del odontólogo. En una de sus declaraciones, afirmó: "Es un hombre totalmente inocente, que me duele y si me está viendo en este momento le digo: 'Doctor, perdóneme por haberlo involucrado de alguna manera en esto'".El 6 de septiembre de 2022, un juez penal de Bogotá absolvió a Javier Cely de los dos cargos que enfrentaba, tras determinar que no tenía responsabilidad penal en la fuga de Aída Merlano.“Una de las cosas que aprendí fue a no juzgar, porque todo el mundo me juzgó”, afirmó. Javier Cely también reiteró que desconocía los elementos utilizados durante la fuga: “Yo no la vi. Ella saltó con una cuerda. No tengo ni idea cómo llegó. Saltó y parece que se golpeó duro. La estaba esperando una moto y empezó mi calvario".Tras el fallo absolutorio, Javier Cely retomó poco a poco su ejercicio profesional en el consultorio de su hermano y continúa con acompañamiento psiquiátrico. "Quiero que la gente sepa que fui absuelto, que no tuve absolutamente nada que ver... No tengo absolutamente ninguna deuda con la justicia", puntualizó el odontólogo.Mientras tanto, Aída Merlano continúa privada de la libertad y cumple condenas por delitos relacionados con corrupción electoral y por su fuga de la cárcel. En el caso de corrupción al sufragante y compra de votos, recibió una condena de 15 años de prisión; además, enfrenta una pena por violación de topes electorales y otra relacionada con la fuga.Esta semana, Aida Merlano volvió a ser noticia. En medio del proceso por corrupción electoral, su defensa denunció que el celular que la excongresista entregó a la Fiscalía, y que contendría información relevante para el caso, estaría incompleto, habría sido manipulado y cambiado. Actualmente, cumple su condena en una guarnición militar en el Batallón Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico.
Casos que conmocionaron al país y hoy tienen respuesta: la caída de una red trasnacional de tráfico de migrantes, la condena a un temible asesino serial de ancianos, la demolición de una obra ilegal en Bogotá y más. Vea el seguimiento completo de Séptimo Día.
Aurelio Cheveroni llegó a la televisión colombiana a finales de los años noventa como uno de los personajes principales del programa infantil Club 10, transmitido por Caracol Televisión. Con su tono irreverente, coqueto y sarcástico, el lobo marcó a varias generaciones de televidentes. Tras permanecer guardado en un baúl durante años, el personaje regresó a la televisión como jurado e invitado especial en formatos como Yo me llamo y Yo me llamo Mini. Sin embargo, la manera tan natural en que se mueve y gesticula hizo que durante décadas nadie se imaginara cómo funciona en realidad.A diferencia de lo que se especuló entre el público, el muñeco no funciona mediante sistemas de robótica, hologramas o inteligencia artificial. La versión original del títere fue confeccionada en un taller en Estados Unidos con fibra de vidrio, látex, espuma y peluche. Inicialmente el personaje era rosado, pero tras el desgaste del material en las grabaciones y la falta de tela de ese mismo tono, la producción debió reemplazarlo por peluche rojo. Para explicar el cambio de apariencia en pantalla, los creativos inventaron una historia en la que el lobo mudaba de piel.Aurelio Cheveroni es un títere de guante. Fernando Rojas, actor de 56 años nacido en el municipio de Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, es el encargado de darle voz, carácter y movimiento a la parte superior del cuerpo. Al revelar en Los Informantes cómo funciona el personaje, Fernando Rojas explicó: "Esto no es más que un títere, miren, esto es un guante. Es un guante. Exactamente. Realmente es un títere común y corriente como es Archivaldo, como es la rana René, Alf", dijo.Una patineta y cinco horas acostado: así funciona Aurelio CheveroniEl proceso para dar vida al personaje en el estudio exige una preparación física rigurosa. Fernando Rojas realiza antes de cada jornada un calentamiento inspirado en los monjes budistas, el cual incluye estiramientos, mantras y música japonesa. Esta rutina le permite despejar la mente y enfocarse por completo en la interpretación del lobo.Durante las jornadas de rodaje, que se extienden entre cinco y seis horas continuas, el actor debe permanecer acostado sobre una patineta adaptada especialmente para el trabajo. En esa postura, mantiene ambos brazos levantados durante todo la grabación: una mano manipula la cabeza y la boca del lobo, mientras que la otra opera el brazo del muñeco. De manera simultánea, un asistente de producción se encarga de mover la cola del personaje desde la parte de atrás.Esta postura genera un alto desgaste en la espalda y los brazos del actor. Al finalizar las grabaciones, Rojas termina con calambres, adormecimiento corporal y dolores musculares. El segundo secreto: un traje a medida para tomas de cuerpo enteroAunque la técnica de guante resuelve los planos medios y primeros planos en el estudio, el personaje requería desplazarse, correr y revolcarse en tomas de cuerpo entero. Para lograr que el lobo caminara frente a las cámaras en planos generales, la producción acudió a un segundo actor.Se trata de Ángel Leal, un artista de 40 años y 1,13 metros de estatura que cuenta con dos décadas de trayectoria en el espectáculo. Leal trabajó anteriormente en espectáculos de enanos toreros, montajes teatrales, el programa Sábados Felices y el show de Juanpis González. Para las escenas de acción y riesgo, el equipo confeccionó un disfraz completo de Aurelio Cheveroni diseñado a la medida exacta de su cuerpo y estatura.Para Ángel Leal, vestir el traje del lobo representó cumplir un anhelo de la infancia mientras veía la televisión en su casa. Al recordar sus deseos de niño y su trabajo el proyecto, Ángel Leal afirmó: "Siento que alguna vez lo soñé cuando era muy niño. Yo decía: 'Uy, tan chévere ser como el lobito.' Todos los fines de semana, los sábados en la mañana, uno prendía la televisión y veía la franja infantil Club 10".Aurelio Cheveroni, un icono en la pantalla colombianaLa articulación entre el trabajo de Fernando Rojas y Ángel Leal consolidó la permanencia del personaje durante más de 25 años en producciones audiovisuales. La combinación de técnica titiritera, destreza física y vestuario a medida mantiene vigente el legado del lobo feroz en la televisión.Aurelio Cheveroni no solo conquistó a los niños de su época, sino también a los adultos que hoy lo recuerdan con nostalgia. Su estilo divertido, sarcástico y carismático le ha permitido conectar con distintas generaciones, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la televisión colombiana.
En una conversación moderada por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol; Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y Andrés Mompotes, director de El Tiempo, cinco de los líderes considerados por la opinión pública como presidenciables de cara a las elecciones de 2026 debatieron sobre sus visiones de país. Entre los primeros temas cuestionados se refirieron a la última movida del presidente Gustavo Petro: su anuncio de convocar por decreto la consulta popular. El segundo encuentro tuvo lugar en la mañana de este jueves 5 de junio en el marco de la 59 Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena y reunió a figuras políticas que se perfilan como parte de la baraja de candidatos que competirán por llegar a la Casa de Nariño. Los presentes fueron Claudia López, exalcaldesa de Bogotá; Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia; Miguel Uribe, senador de la república por el Partido Centro Democrático; David Luna, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático.La consulta popular dictada por decreto: esto opinan los 'presidenciables'En esta oportunidad, la pregunta realizada por los periodistas quienes lideraron el espacio en el Congreso estuvo dirigida a lo qué opinan los políticos frente al decreto que planea convocar la consulta popular sobre derechos laborales que el Congreso archivó el pasado 14 de mayo.Esta decisión fue anunciada por el jefe de Estado en medio de una alocución en vivo, en la que sentenció: "La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”. Dicha metodología fue crítica por los políticos, algunos afirmando que va en contra de la Constitución pues el Senado, que es quien debe autorizarla, ya rechazó esa posibilidad.La primera en responder fue la senadora Paloma Valencia, quien reiteró que el Gobierno y el presidente Petro "viene buscando rompimientos constitucionales". "Estuve liderando el proceso para hundir esa consulta que significaba revivir la reforma laboral que viene ya saliendo adelante y creo que era la única manera que teníamos de demostrar que lo que quería el gobierno era brincarse el Congreso", empezó diciendo. La congresista siguió su intervención afirmó que esta decisión rompe los equilibrios de poderes: "En una democracia ese no es no". Al respecto, precisó que "primero suplanta la rama jurisdiccional" y también "comete prevaricato". Dice que tienen lista una estrategia para demandar el decreto ante la Registraduría por inconstitucionalidad.Miguel Uribe, por su parte, secundó las declaraciones de Valencia y aseveró que, una vez se presente el decreto, demandará de inmediato. “A este Gobierno lo vamos a seguir enfrentando, deteniendo y lo vamos a derrocar”, manifestó. Aseguró que están destruyendo la Constitución y desconociendo la separación de poder."Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad. Somos más los que creemos en el estado de derecho, somos más los que vamos a proteger nuestras instituciones. Ahora, es evidente que con esta convocatoria están destruyendo la Constitución, están desconociendo la separación de poderes, están poniendo en riesgo la democracia", dijo. La exalcaldesa Claudia López mencionó que está de acuerdo con Uribe e indicó que el presidente Gustavo Petro "nos va a provocar todos los días con una cosa más grandilocuente y absurda que el día anterior, para que estemos discutiendo lo que él quiere y no le denunciemos la corrupción"."No una pelea, no le demos eso y no vayamos a las soluciones. La buena noticia, queridos, es que esto se acaba en un año y vamos a ganar. Obvio que vamos a ganar. Solo necesitamos unirnos y organizarnos. Y les voy a decir una cosa, aquí vamos a defender la democracia", puntualizó.El siguiente turno fue para Francisco Barbosa, quien señaló que esta consulta popular significa desconocer a las instituciones: "Han desconocido la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Senado de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría, en fin, todo un equilibrio muy complejo para la institucionalidad del país". "Es necesario pensar en un año, pensar en la posibilidad del cambio que debe tener Colombia y unirnos alrededor de él, porque no nos podemos dejar engañar en torno a lo que viene, que es carácter, determinación para poder recuperar el país", dijo. Finalmente el exjefe de cartera, David Luna, expresó que también se opone al decreto sobre la consulta popular y enfatizó en que hay que hacer pedagogía acerca de "las grandes" consecuencias de "romper la constitucionalidad" en Colombia."Ojalá quienes estuvieron anoche también lo firmen y ojalá quienes estarán mañana también lo hagan porque ese es un mensaje que no solamente recibe el gobierno, que comienza a digerir el país, la sociedad en los barrios, en los departamentos, en los municipios. Tenemos que explicarle a la gente haciendo pedagogía. No renunciamos a la pedagogía. Salgámonos de nuestras burbujas. Contémosle a quienes piensan distinto las grandes dificultades que pueden conllevar romper la institucionalidad en Colombia", precisó y terminó por decir: "La Constitución se respeta". LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.NOTICIAS CARACOL DIGITAL.LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO
El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre los audios que la canciller Laura Sarabia entregó a la Fiscalía General de la Nación en los que el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, decía haber hablado con él cuando dirigía el ente investigador, en 2023.Según la grabación, Benedetti decía: “Con el número uno (Francisco Barbosa), y con (Gabriel) Jaimes, me dijeron que no pasaba un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”.“Fue mi Fiscalía la que persiguió los bienes de Armando Benedetti”Frente a esta versión, Barbosa dijo en Noticias Caracol “que no me reuní con ningún Armando Benedetti. Niego rotundamente que se haya hecho esa manifestación porque primero no hay ninguna evidencia de eso. Fue mi Fiscalía la que persiguió los bienes de Armando Benedetti, fue mi Fiscalía la que logró el proceso inicial de extinción de dominio de esos bienes y, además, para la época, yo tenía una guerra institucional frontal con el gobierno del presidente Gustavo Petro”.Para el exfiscal, lo que dijo el actual ministro “es un cañazo de esos funcionarios para tratar de ganarse los puestos entre ellos. Lo que es evidente es que no he tenido ninguna conversación ni ninguna reunión con el señor Benedetti”.Al ser preguntado sobre la supuesta reunión del ministro con Grabiel Jaimes, que era delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Barbosa recordó que “el señor Benedetti tenía un proceso en la Fiscalía General de la Nación”, lo que “implica adelantar procedimientos dentro de la Fiscalía General de la Nación, declaraciones. Es natural que una persona indagada o investigada pudiese tener un conocimiento o reuniones con los fiscales delegados ante la corte, pero de ahí a decir que el fiscal general de la Nación tuvo conversaciones con ese señor o que conocía algún aspecto de esos expedientes, no tengo conocimiento de eso, ni me interesaba ni nunca me interesó tener relaciones con ese gobierno”.Este nuevo audio que Benedetti le envió a Sarabia se enmarca en la investigación que adelanta la fiscal Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien está realizando las pesquisas a altos funcionarios del Gobierno que hayan tenido relación con el lío en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.En ese en encuentro entre la fiscal y la canciller, que se realizó en febrero de 2025, hablaron sobre las posibles actuaciones irregulares cometidas por Armando Benedetti, quien desde comienzos de 2023, según dijo la alta funcionaria, venía hostigándola vía telefónica y con mensajes en diferentes aplicaciones. El próximo 30 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores fue llamada para que amplíe su declaración, tal como lo manifestó en días anteriores.
Las autoridades de Antioquia buscan por tierra y aire a Oscar Camargo Ríos, alias Pichi, peligroso delincuente que se escapó de prisión domiciliaria luego de que le filtraran que un juez le había quitado el beneficio de casa por cárcel y el Inpec lo iba a llevar a una prisión de Itagüí.Vea más: Así fue como alias Pichi se escapó y este es su amplio prontuario criminalLa fuga de este criminal ha desatado una fuerte controversia por la efectividad de los brazaletes electrónicos utilizados por el Inpec para monitorear a los privados de la libertad, poniendo en duda la capacidad de estos dispositivos, criticados por su vulnerabilidad y la falta de control.¿Sirven los brazaletes del Inpec?Oscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el tema y mencionó que “nosotros como trabajadores penitenciarios sentimos indignación porque, cuando sale un escándalo de ese tamaño, los alcaldes, los gobernadores y la misma sociedad dicen que al Inpec se le voló. A los trabajadores penitenciarios los lapidan con este suceso. Ese señor (alias Pichi) fue investigado y le faltó dientes a la Fiscalía para que le imputara otros delitos. Ya teniéndolo ahí era fácil imputarlo, pero este es el debido proceso, esta es la justicia en Colombia”.Robayo dijo que los gobernadores y alcaldes politizan la fuga de alias Pichi con “sofismas y trinos maliciosos en contra del Inpec. Nuestro deber como trabajadores penitenciarios es defender nuestra posición y nuestra competencia legal”.Los brazaletes del Inpec son "ineficaces y costosos"Según Robayo, “llevamos 14 años denunciando la ineficacia, la precariedad y lo costoso de estos brazaletes electrónicos. En este momento hay 60.000 personas privadas de la libertad con detención o prisión domiciliaria y solo 6.000 son los que tienen este beneficio”.Además, agregó que los brazaletes electrónicos del Inpec “son contratos al año de 70.000 millones de pesos que manejan algunas empresas. Se convierte en un monopolio. Unas empresas que convierten en uniones temporales son con las únicas que prestan estos servicios que no son eficaces para el cumplimiento de la pena. La detención domiciliaria es una medida de confianza que imparten los jueces a personas privadas de la libertad, pero los brazaletes no son efectivos, son costosos y no están cumpliendo con su función”.Contratos de brazaletes del Inpec "enriquecen empresas privadas"El presidente de la UTP aseguró que los contratos de los brazaletes “están enriqueciendo los bolsillos de empresas privadas cuestionadas como Artix o Prepacol, que se convierten en uniones temporales y ganan este tipo de licitaciones. Sería bueno, después de que todo esto termine, que el Congreso evaluara sacar esta medida dentro del ordenamiento jurídico del derecho penal en Colombia”.Oscar Robayo aseguró que la fuga de presos tan peligrosos, como alias Pichi, “no es algo nuevo. Hemos visto en Colombia cómo los privados de la libertad le han puesto el brazalete a un gato, se lo ponen a un familiar o lo dañan a propósito. No es un buen dispositivo de seguridad y vale una cantidad de plata exagerada. Entonces, no es efectivo y eso hay que evaluarlo. Eso viene de fondo, del Congreso, y de todo el engranaje judicial que tiene en Colombia. Esto está enriqueciendo a empresas privadas, que nosotros hemos descubierto que han patrocinado campañas políticas de partidos políticos en Colombia”.¿Quién tiene la culpa de la fuga de alias Pichi?Robayo señaló quiénes son culpables de la fuga de alias Pichi: “Los culpables son la persona que se fugó, y que se burló de la justicia, y la Fiscalía. La anterior Fiscalía no cumplía con su función de manera adecuada. Esto fue evaluado con la Fiscalía de Francisco Barbosa, que también trinó ayer, echándole la culpa al Inpec y al sistema penitenciario. Pero cuando están sentados ahí no toman en cuenta esa situación". Por último, el sindicalista indicó que también "hay que hacer una crítica bastante fuerte al alcalde Federico Gutiérrez: si sabía que Pichi estaba en uno de los barrios más prestigiosos de Medellín, ¿por qué no montó una vigilancia? La custodia no es solo del Inpec. Nosotros tenemos ciertas competencias y muchísimas falencias de personal, pero la Policía y la misma Fiscalía podrían prestar vigilancia a esto. Hoy sí se asombran porque se voló Pichi, pero ¿dónde están las medidas preventivas para evitar que esto pase? Eso depende de todos, no solo del Inpec.Le puede interesar: Minjusticia niega que alias Pichi sea gestor de paz, como lo dijo alcalde de Bucaramanga
El exfiscal Francisco Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro sobre las acusaciones del mandatario en donde señaló que el exfuncionario no entregó tierras a las víctimas del paramilitarismo.>>> Vea más: Petro entregará tierras a víctimas de la violencia en Montería: Mancuso lo acompañará¿Qué dijo Petro sobre Barbosa?El presidente Gustavo Petro cuestionó al exfiscal Francisco Barbosa por el manejo de las tierras incautadas a los paramilitares.Gustavo Petro manifestó que Barbosa “se negó a entregar el listado de bienes que la Fiscalía tenía que recoger, por función legal, de lo que entregaban los paramilitares para que con esas tierras y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas”.El presidente agregó que “Barbosa nos dijo: ‘no, señor Petro - porque no me decía presidente - no, señor Petro, no le entregamos al Gobierno el listado'. Ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo”.El jefe de Estado señaló que en octubre se realizará la entrega de tierras más grande, un total de 50.000 hectáreas, a los campesinos víctimas del conflicto armado.¿Qué le respondió Barbosa a Petro?A través de su cuenta de X, Francisco Barbosa señaló que “las infamias del presidente Petro no tienen límites. Ayer, en Montería, en un acto que afectó la memoria de las víctimas del paramilitarismo, se pretendió lavarle la hoja de vida criminal a Salvatore Mancuso, a costa de ensuciar mi dignidad, de ensuciar mi reputación como fiscal general de la nación, como persona, como servidor público y poner en riesgo mi vida”.Barbosa agregó: “Quiero decirle, presidente Petro, que la Fiscalía General de la Nación hizo mucho en la lucha contra el paramilitarismo en mi administración”.Según el exfuncionario, “en mi administración se les entregaron 1,8 billones de pesos a las víctimas del paramilitarismo, de la dirección de Justicia Transicional a la Unidad de Víctimas, unidad que no depende de la Fiscalía, unidad que hace parte del Ejecutivo que usted dirige”.El exfiscal dijo que, “en segundo lugar, fue en mi administración cuando se imputaron 76 terceros financiadores del paramilitarismo en Colombia. Eso no había pasado en toda la historia de la ley de justicia y paz”.En tercer lugar, manifestó Barbosa, “se hicieron imputaciones por más de 85.000 hechos criminales, cuando antes se había hecho imputaciones por 50.000 hechos criminales en 14 años. Es decir, duplicamos la acción judicial durante mi periodo”.Por último, el exfiscal Francisco Barbosa puntualizó que “no voy a permitir que pasen por encima de mi dignidad, que pasen por encima de mi reputación académica y profesional y que (Petro) pueda decir lo que se le dé la gana en el país. Yo creo que es importante que usted también entienda que como jefe de Estado tiene límites y los límites, justamente, están en el nivel de responsabilidad que usted tiene cuando ejerce ese cargo”.>>> Le puede interesar: Tribunal sanciona al presidente Petro con multa por desacato en nombramientos de la CREG
Francisco Barbosa, quien fue fiscal general de Colombia entre el 13 de enero de 2020 y 13 de febrero de 2024, informó este miércoles, 18 de septiembre, que interpuso una denuncia por amenazas en su contra.>>>Cifras que Francisco Barbosa dio sobre su gestión “no corresponden a la realidad”: penalista“He presentado hoy ante la Fiscalía una denuncia por amenazas recibidas en la red social X. A pesar de esto, seguiré hablando con firmeza sobre la realidad del país”, aseguró Barbosa justamente por medio de la misma red social, donde compartió una imagen de la denuncia.En ese sentido, el exfiscal general de la Nación hizo un llamado al diálogo con respeto y sin importar las diferencias.“Hago un llamado a Colombia para que, sin importar las diferencias, dialoguemos con respeto y aprendamos a valorar la diversidad de pensamientos. El debate debe unirnos, no dividirnos”, puntualizó.¿Qué dice la denuncia del exfiscal Francisco Barbosa?En la denuncia de Francisco Barbosa se pide averiguar sobre los responsables por el presunto delito de amenazas, a raíz de una publicación que el exfiscal hizo en su cuenta de X para invitar a la comunidad a leer su columna en el diario El País de Cali y en la que hablaba de la violencia e inseguridad en el occidente de Colombia.El documento detalla que, momentos después de la publicación de Francisco Barbosa, una cuenta de nombre "@LuisPer0818” comentó lo siguiente: "Más bien cuídese gonorrea, que el goelro (sic) le ronda en la cabeza. Créanos que amanecerá sin ojos y en un río, se lo juramos".De ahí el motivo de la denuncia presentada este miércoles por el exfiscal general de la Nación.>>>Francisco Barbosa puso blindaje en su casa con plata de la Fiscalía: ¿hubo irregularidades?
El exmandatario Iván Duque se fue lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro por un discurso que el jefe de Estado ofreció en Nuquí, Chocó, en donde habló de “dictaduras” y aseguró que esto “lo hicieron en Colombia hace tres años”, época en la que el político del Centro Democrático gobernó el país.¿Qué dijo Gustavo Petro?“Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años. ¡Hipócritas! Ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro”, dijo el presidente.También lanzó dardos contra Francisco Barbosa, señalándolo como “fiscal de la ignominia, de la ignorancia, de los que creyeron que por ser hijos de papi y mami y estudiar en la misma universidad tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia”.La reacción de DuqueEl expresidente reaccionó frente a las palabras de Petro y se refirió a él como “el defensor de Castro, el idólatra de Chávez, el protector de Maduro, el legitimador de Hamás, el sumiso a Putin, el militante de grupos terroristas, el promotor de vándalos, el auspiciador de paros y el impulsador de expropiaciones me llama ‘dictador’”.“La alucinación constante le hace perder la perspectiva de los hechos y las realidades. Nunca he promovido la eliminación de nadie por la forma en la que piensa, nunca he empuñado armas para amedrentar a nadie, nunca me he arrodillado ante dictadores y nunca guardaré silencio cómplice frente a un delincuente como Nicolás Maduro”, expresó Duque.También le dijo al presidente Petro que “en democracia, le gané con más de 2 millones de votos de diferencia y, respetando la democracia, garanticé un proceso electoral diáfano. Más bien pareciera que el ‘dictador’ en ciernes es el que quiere violar la Constitución para mantenerse en el poder”.Barbosa también respondió a señalamientos del presidenteEl exfiscal rechazó lo dicho por Petro, indicando que al mandatario “se le olvida que la Fiscalía General de la Nación bajo mi dirección adelantó todas sus investigaciones conforme a los derechos fundamentales y a las garantías judiciales. Hoy, él se olvida de la independencia de poderes y la labor de los jueces en Colombia”.“Sabemos que a usted no le gusta la ley ni la Constitución, han sido sus dos obstáculos durante su Gobierno”, aseveró Barbosa.“Mientras desvía la atención con ataques, los colombianos enfrentan hambre, desempleo y corrupción. Es momento de hablar de lo que realmente importa: el bienestar del país. ¡No juegue más con Colombia!”, manifestó.
Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se refirió al video revelado por Noticias Caracol en vivo, en donde se ve a Mauricio Leal con vida por última vez, y se fue lanza en ristre contra Mario Burgos, fiscal del caso de Yhonier Leal, y Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación.>>> Vea más: El último video de Mauricio Leal antes de morir¿Qué dijo Nicolás Petro sobre el fiscal Mario Burgos?Nicolás Petro, desde su cuenta de X aseguró que “el Fiscal del caso de Yhonier Leal es Mario Burgos. Muy probablemente le ocultó una prueba fundamental a su defensa”.Además, mencionó que “el Fiscal Mario Burgos, sistemáticamente, se negó a entregarme información esencial de mi proceso, parece ser que es su modus operandi”.El procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito indicó que “seguiremos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que nos facilite todo lo relacionado a mi proceso para poder defenderme íntegramente y con garantías”.Por último, Nicolás Petro sostuvo que, “además de presiones y filtraciones ilegales, tenemos indicios de más irregularidades. La Fiscalía de Barbosa violentó mis garantías procesales".>>> Le puede interesar: Audiencia preparatoria contra Nicolás Petro se corrió para el 10 y 11 de septiembre
Acompañado de la vicefiscal Martha Mancera y otros altos directivos del ente acusador, en su última declaración como fiscal general, Francisco Barbosa dejó su cargo señalando que Colombia “no es un país de golpes ni de rupturas institucionales”.Los saldos rojos que deja Francisco Barbosa en la Fiscalía: "Cifras no son las mejores""Colombia es un país de instituciones, de gente laboriosa, democrática; no es un país de golpes, no es un país de rupturas institucionales, este es un país que respeta los periodos", manifestó.Afirmó que “investigar no puede significar atentar contra un orden en el país. No hay ninguna posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación atente en contra de un órgano del poder público, y menos aún contra el mandato o la legitimidad de un presidente de la República. Y quiero decir aún más, la Fiscalía General de la Nación, como lo he repetido muchas veces, no investiga las conductas o los hechos del presidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.El exfiscal Francisco Barbosa pidió respaldar a ultranza la autonomía y los tiempos en que las instituciones toman las decisiones e, incluso, se mostró conforme con la terna de la cual saldrá su reemplazo.“Es importante que entre todos en este momento lo que hagamos es proteger la Fiscalía, proteger la justicia, proteger la institucionalidad y permitir un tránsito rápido y una elección rápida de la nueva fiscal general de la Nación”, precisó.Punto seguido, añadió que no tiene ninguna aspiración política, y que de ahora en adelante se dedicará a la academia. “Yo no estoy pensando en este momento ni estoy reflexionando sobre candidatura alguna ni sobre espacio político alguno. Es suficiente cuatro años de fiscal general de la Nación, año y ocho meses de consejero presidencial, como para salir como un desaforado a pensar que voy a iniciar una campaña presidencial”, manifestó.Por último, explicó por qué se reasignó el caso de narcotráfico en Buenaventura sobre el que recibió fuertes cuestionamientos la vicefiscal Martha Mancera: “Tuvieron sustento porque la encargada de ahora de esa investigación era la única competente, y esa investigación se señaló que estaba archivada y esa investigación está activa en este momento. Es para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Y el fiscal al que se le quitaron esos expedientes es un fiscal que en este momento está imputado, acusado y en juicio por tres delitos”.Tras culminar la gestión de Francisco Barbosa, desde este martes 13 de febrero la cabeza de ese organismo estará a cargo de Martha Mancera. Entregará el cargo cuando la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general entre las ternadas postuladas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.Cifras que Francisco Barbosa dio sobre su gestión “no corresponden a la realidad”: penalista
Este lunes, 12 de febrero de 2024, es el último día en el que Francisco Barbosa fungirá como fiscal general de la Nación, después de cuatro años en el cargo. Para expertos, son varios los vacíos y los retos que deja para la próxima administración.Corte Suprema ratifica gravedad del asedio sufrido el jueves y pide no minimizar lo ocurridoLa administración del fiscal Francisco Barbosa termina su periodo con varios saldos en rojo. Para expertos, uno de los principales retos de quien llegue al despacho es que el ciudadano de a pie encuentre resultados en la justicia.“La administración de Francisco Barbosa termina y las cifras no son las mejores. Mucho por mejorar. En primer lugar, las cifras de seguridad ciudadana, es decir, los casos que no son mediáticos, sino que afectan a los ciudadanos de a pie, amas de casa, los profesionales, son muy precarias”, señaló Fabio Humar, docente y abogado penalista.Las cifras, poco alentadoras de la administración saliente, muestran que más del 80% de las investigaciones terminaron archivadas en anaqueles y solo el 2,7% de los casos llegaron a una sentencia, de acuerdo con estudios de la Corporación Excelencia en la Justicia.Fabio Humar agregó que “el mayor reto que debe enfrentar la nueva fiscal, porque es un vacío que deja la administración Barbosa, es lograr la eficiencia en la administración de justicia en materia penal, es decir que los ciudadanos acudan a la Fiscalía con tranquilidad, con la certeza de que sus procesos serán resueltos de manera pronta, eficiente y justa”.¿Alexander López podría llegar a la dirección del Departamento Nacional de Planeación?Los casos que asumirá la nueva fiscal general de la NaciónFrente a otros casos que ya van andando y que quedarán en manos de la próxima fiscal -la que elija la Corte Suprema- están el juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Algunos expertos consideran que en este caso es necesario un fiscal ad hoc que garantice independencia de la terna presentada por Petro.Otro de los asuntos pendientes por resolver tiene que ver con el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde se debe definir si se pide por tercera vez la preclusión del proceso que le siguen por presunto soborno a testigos o si se llama a juicio al exmandatario.De otro lado se tiene el caso de las chuzadas a las exempleadas de Laura Sarabia. En este proceso, aunque algunos de los implicados ya fueron llamados a juicio, están en libertad por vencimiento de términos. Entretanto, Marelbys Meza renunció en las últimas horas al programa de protección de testigos, por lo que la nueva fiscal deberá garantizar la seguridad de quien ha sido considerada el ventilador en este asunto.
Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, explicó el resultado de la investigación sobre el uso de recursos reservados de la Fiscalía para hacer mejoras en la casa del fiscal Francisco Barbosa."La Inmaculada ha matado a más de mil personas en Tuluá": alcalde hace llamado a PetroDe acuerdo con los datos entregados por el contralor, fueron 578 millones de pesos los que se invirtieron en fortalecer el blindaje de la casa de Francisco Barbosa. Además, hubo un incremento de 19 mil millones a 51 mil millones en los gastos reservados del ente investigador en el año 2022.La Contraloría enviará a la Comisión Segunda del Congreso de la República los detalles de la investigación, en la que se verificaron también los precios en el mercado de estos blindajes y los gastos de reserva hechos por la Fiscalía.El blindaje se habría realizado por un tema de amenazas vigentes al fiscal Barbosa y no hay detrimento patrimonial en dichos gastos, dice el contralor.“La Contraloría verificó que los precios de mercado y todo lo que pasó con ese y con todos los contratos estuvieron bajo la regla de precios que obliga a que no se pudiera concluir, por ejemplo, que había un sobrecosto en ello. Entonces, no es novedoso lo que se hizo, no hubo una irregularidad”, señaló Carlos Mario Zuluaga, contralor general encargado.Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, renunció a programa de protección de testigosEjecución presupuestal del gobierno De otro lado, el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga lanzó una alerta en materia de ejecución presupuestal sobre el actual gobierno. Dice que al revisar los resultados macroeconómicos del 2023 y las proyecciones de este año, resaltan en "la importancia de que haya rigurosidad en el cumplimiento del estatuto presupuestal y que se brinde mayor claridad en rubros, como las partidas globales, dejando implícita su destinación específica”, para que algunos proyectos no queden ilíquidos como, por ejemplo, la primera línea del metro de Bogotá y otros proyectos fundamentales para las regiones.“De los gastos que están ahí, como montos globales que ascienden a 23 billones de pesos, debe tener claridad el órgano de control y el país de qué manera, en qué proyectos y cómo se van a liquidar en ese anexo técnico, para que podamos ejercer vigilancia. Por ejemplo, en aquellos proyectos que aparentemente van a estar bajo el liderazgo en su ejecución de acciones comunales o de operadores comunitarios, que tienen que tener la responsabilidad no solamente de cumplir estas obras, sino también de reportar la forma en la que se legaliza el gasto a la Contraloría General de la República”, puntualizó Zuluaga.También dijo que el Gobierno está quedado en la ejecución presupuestal, que son 17,5 billones de pesos los que no se ejecutaron en la vigencia del 2023.
Texas tiene programado administrar este miércoles la inyección letal a Jamaal Howard, de 46 años, en lo que sería el primer caso en el país desde que Christa Pike, una mujer en Tennessee, sobrevivió a un intento fallido con el mismo fármaco.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAHoward fue condenado en el año 2000 por disparar y matar a Vickie Swartout, una cajera de una gasolinera en Silsbee, una ciudad al norte de Houston, durante un robo.El equipo legal de Howard ha pedido en repetidas ocasiones al gobierno texano que se detenga la ejecución, alegando que su cliente sufre una discapacidad mental.Tras lo sucedido con Pike, los letrados solicitaron al gobernador de Texas, Greg Abbott, que retrase 30 días la inyección letal hasta que las autoridades aseguren que la droga que se le administrará sea segura, según informó el portal The Texas Tribune.Howard "no debe ser ejecutado con un fármaco cuyo historial el Estado se ha negado a mostrar a sus abogados, a pocos días de que ese mismo fármaco fallara en otro estado", escribieron sus abogados en una carta a Abbott difundida por el medio.El suministro de pentobarbital en Texas, el fármaco que se planea administrar a Howard y que resultó en la ejecución fallida de Pike, ha sido criticado porque el estado adquiere la sustancia preparada en farmacias, y no fabricada comercialmente, debido a que las grandes farmacéuticas se niegan a participar en las ejecuciones.Debido a la escasez de suministro que esto genera, el estado analiza los viales del fármaco que tiene y extiende su fecha de vencimiento si determina que funcionará de manera eficaz, un proceso que, según los críticos, no es seguro, de acuerdo con el Texas Tribune.Si la ejecución de Howard sigue adelante y no se produce una intervención de último momento, será el séptimo reo ejecutado en Texas este año y el número 30 en todo el país en 2026. AGENCIA EFE
Maricarmen Abascal tenía 87 años y había vivido durante 71 años en el mismo apartamento de Madrid. Su desahucio, ocurrido el pasado 23 de septiembre, terminó convirtiéndola en uno de los rostros de la lucha por el derecho a una vivienda digna en España. Su historia trascendió las paredes de aquella vivienda cuando, después de varios intentos de desalojo, tuvo que abandonar el apartamento en el que había pasado la mayor parte de su vida. El momento en que fue sacada del inmueble en una camilla y trasladada a un hospital provocó una ola de indignación y movilizaciones. Pero ¿por qué el caso de una mujer de 87 años llegó a convertirse en un símbolo de la crisis habitacional española?(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Una vida ligada a la misma viviendaAbascal llevaba 71 años viviendo en el apartamento. El contrato original, bajo el antiguo régimen de alquileres de renta antigua, había sido firmado por su padre y posteriormente pasó a su madre. Tras la muerte de esta, Maricarmen continuó en la vivienda. Con el paso de los años, la situación contractual cambió. La propiedad consideró que el contrato había terminado y reclamó una nueva renta que la mujer no podía asumir. Abascal, además, tenía un 50% de discapacidad y problemas de movilidad, circunstancias que hicieron todavía más difícil afrontar un eventual cambio de vivienda.El desalojo se intentó en varias ocasiones. Finalmente, el 23 de septiembre, se produjo el cuarto intento, pese a las negociaciones de su abogado y a las gestiones realizadas por el Ministerio de Vivienda. Incluso hubo personas que se ofrecieron a pagar el alquiler para evitar que perdiera su hogar. Ese día, las imágenes de Abascal siendo trasladada en camilla hacia un hospital se difundieron ampliamente y provocaron nuevas protestas. El Sindicato de Inquilinas, que acompañaba su caso, convirtió su historia en una de las banderas de las movilizaciones por el acceso a una vivienda asequible. En Madrid se instaló incluso un campamento en la Puerta del Sol para reclamar medidas frente a la crisis habitacional.El "decreto Maricarmen"La historia de Maricarmen dejó de ser solamente la de una mujer que había perdido su casa. Su caso comenzó a representar las dificultades de quienes no pueden asumir los precios del mercado de alquiler y el conflicto entre los contratos antiguos y las nuevas condiciones exigidas por los propietarios. El Gobierno español llegó a aprobar dos decretos relacionados con vivienda después de las movilizaciones. Sin embargo, las medidas fueron rechazadas posteriormente en el Congreso con los votos de los partidos conservadores, en un escenario que terminó contribuyendo a la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez. El propio Gobierno bautizó una de sus iniciativas como “Decreto Maricarmen”, después de que ella grabara desde el hospital varios videos en los que reclamaba medidas para garantizar el acceso a la vivienda.El 28 de septiembre se alcanzó un acuerdo que, según el Sindicato de Inquilinas, le habría permitido regresar a su casa con un alquiler que no superara el 30% de sus ingresos netos. Sin embargo, para entonces Maricarmen llevaba varios días hospitalizada. Murió este miércoles, después de permanecer 15 días ingresada. Su historia quedó así ligada a una de las discusiones sociales y políticas más fuertes de España: cuánto puede costar vivir bajo un techo y qué ocurre cuando una persona ya no puede pagar por conservar el lugar que ha llamado hogar durante décadas. Antes de morir, Maricarmen había dejado un mensaje para quienes continuaban movilizándose: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".Con información de EFE VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
El caso de Jane Doe, como anónimamente es conocida la joven que presentó una demanda en la que acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell de una presunta violación grupal, continúa generando repercusiones. Ahora, su abogado, Thomas Giuffra, denunció que la joven ha recibido amenazas de muerte y mensajes intimidatorios relacionados con el proceso judicial.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con información exclusiva de The New York Post y CNN, algunas de las amenazas estarían dirigidas no solo contra Jane Doe, sino también contra integrantes de su familia. Una de las comunicaciones obtenidas por The Post contenía nombres y direcciones específicas y advertía sobre posibles ataques si la joven no retiraba la demanda.En uno de los mensajes se leía: “¿Te gustaría ver los sesos de [censurado] enfrente de [censurado]?”. El remitente posteriormente exigía que retirara la denuncia y hacía referencia a miembros de su familia.El mismo individuo habría realizado una llamada telefónica de aproximadamente tres minutos, en la que amenazó con presentarse en el domicilio de Jane Doe y disparar contra personas de su familia.“Para ser honesto, amigo, probablemente me presente en tu casa y dispare… a diferentes personas de tu familia”, se escucha en el audio obtenido por The New York Post.Durante la llamada, la persona también cuestionó a Jane Doe por haber mencionado en su demanda a Jonathan Newell, uno de los integrantes de la fraternidad señalados en el proceso. El remitente afirmó ser familiar de Newell, aunque, según The Post, no existe ningún indicio de que realmente tenga parentesco con él. En diferentes mensajes se habría referido a Newell como su “hermano” y como su “primo”.El abogado denunció las amenazas ante las autoridadesSegún Giuffra, las amenazas recibidas son numerosas y algunas de ellas ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades. El abogado también declaró a CNN que Jane Doe fue víctima de un incidente de “swatting”, una situación en la que la policía habría acudido a su domicilio y apuntado con armas a integrantes de su familia y a una amiga.“Justo antes de conectarme con ustedes, alguien la llamó y la amenazó con dispararle en su casa, a ella, a su madre y a su padre. Está llamando a la policía en este preciso momento”, afirmó Giuffra durante una entrevista con CNN.El abogado también señaló que la joven y su familia están preocupados por su seguridad. “Estamos aterrorizados”, dijo. Giuffra pidió además que disminuya la tensión alrededor del caso y cuestionó que algunas personas hayan revelado la identidad de Jane Doe o la hayan acusado públicamente de mentir.Las amenazas se conocen mientras avanzan distintas investigaciones relacionadas con las acusaciones presentadas por la joven. En septiembre, Jane Doe interpuso una demanda contra los siete integrantes de la fraternidad y contra Cornell. Posteriormente, los fiscales reabrieron el caso.El caso de los ‘ 7 de Cornell ’ continúa bajo investigaciónJane Doe sostiene que en octubre de 2024 recibió alcohol y ketamina en la casa de la fraternidad Chi Phi, después de aceptar inicialmente un encuentro sexual con Newell y Matthew Ingalls. Según su demanda, la situación posteriormente habría escalado y otros integrantes de la fraternidad habrían ingresado y salido de la habitación.Las autoridades fiscales locales inicialmente decidieron no presentar cargos penales. Sin embargo, dos de los integrantes señalados por Doe, entre ellos Newell, fueron declarados responsables de agresión sexual en una investigación interna de Cornell y expulsados de la universidad.La controversia también ha provocado protestas dentro del campus. Este 7 de octubre, estudiantes participaron en una sentada de siete horas en solidaridad con Jane Doe, mientras continúan las exigencias para esclarecer cómo fueron manejadas inicialmente sus acusaciones.Cornell, además, anunció una revisión independiente que estará encabezada por Sally Q. Yates, exsubprocuradora general de Estados Unidos. La investigación busca revisar la respuesta de la universidad frente a las denuncias de acoso sexual, agresión sexual y otras conductas relacionadas, incluida la actuación institucional frente al caso de Jane Doe.De manera paralela, el fiscal general del estado inició otra investigación para examinar aspectos relacionados con el manejo de las acusaciones, mientras el caso continúa generando repercusiones dentro y fuera de la Universidad de Cornell.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Un caso insólito quedó registrado en redes sociales en Cali, luego de que un hombre fuera encontrado dormido debajo de la carrocería de un bus articulado del MIO mientras el vehículo realizaba su recorrido por diferentes sectores de la ciudad.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl hecho se conoció cuando el bus llegó a la avenida 3 Norte con calle 34, cerca de la Estatua de la Solidaridad. En ese momento, el vehículo fue detenido y el hombre fue despertado, según informó un medio de comunicación de Cali.El caso llamó la atención debido a que el hombre habría permanecido debajo de la estructura del bus durante parte del recorrido, sin que los pasajeros o el conductor se percataran inicialmente de su presencia.NOTICIA EN DESARROLLO...
Maricarmen Abascal, la octogenaria cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas en España, murió este miércoles convertida en un símbolo de lucha en un contexto de creciente tensión por la vivienda, que derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas. "Maricarmen vive, la lucha sigue", cantaban centenares de manifestantes congregados cerca del Congreso de los Diputados, en el centro de Madrid. Muchos procedían de la cercana Plaza de Sol, donde desde hace diez días acampan manifestantes por el derecho a la vivienda.Allí el ambiente era de luto, con hileras de velas depositadas entre las tiendas de campaña y manifestantes abrazándose emocionados tras guardar un minuto de silencio por esta jubilada, cuyo desahucio el 23 de septiembre prendió las movilizaciones. "A Maricarmen la han matado. Han hecho que a una señora de 87 años sus últimos días sean de angustia y en un hospital", aseguró con la voz entrecortada por la emoción Nora Boumghait, una trabajadora en marketing de 25 años."Si esto ha empezado por ella, va a seguir por ella", agregó. "Me siento identificada", contó a unos metros Ashley Pérez, una militar de 23 años, a quien las dificultades para encontrar vivienda le impiden residir con su hijo. "Vamos a seguir luchando no solo por mí, sino por la gente", prometió.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)"Ejemplo de lucha" Maricarmen Abascal había sido conducida a un hospital de Madrid tras ser desalojada del apartamento en el que había residido desde hacía siete décadas en el acomodado barrio de Retiro, después de que la empresa propietaria intentara subir fuertemente su alquiler. Su imagen saliendo en camilla de la vivienda, entre los gritos de rabia de los manifestantes que habían acudido a apoyarla, impactó a un país cada vez más preocupado por la escalada de los precios de la vivienda."Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", había informado al inicio de la noche el Sindicato de Inquilinas en un comunicado, resaltando su "ejemplo de lucha" y la ola de reacciones tras su desalojo, que "suponen un antes y un después en la historia de este país". Las protestas tras su desahucio, convertido en un símbolo de la especulación inmobiliaria, hicieron que la empresa accediera a un pacto que permitía que la mujer pudiera regresar a su apartamento al salir del hospital. Pero su delicado estado de salud ya no le permitió volver.Huelga general "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia", expresó el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en su cuenta de X. Ante las crecientes movilizaciones, su gobierno promovió la semana pasada dos decretos con medidas para tratar de contener la crisis de vivienda, pero estos textos fueron tumbados el viernes en el Congreso de los Diputados. Este lunes, Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre."Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro", indicó de su lado el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, en X. Con el país ya en precampaña electoral, las movilizaciones continúan, ya que los principales sindicatos españoles llamaron este miércoles a una huelga general para el 11 de noviembre para pedir principalmente "mejores salarios" y "una vivienda digna". "El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", lamentó el Sindicato de Inquilinas tras el fallecimiento de Abascal.AFP