La polémica sobre la legalidad de la adjudicación del contrato para elaborar los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons no para. El presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, dijo que el secretario de la Cancillería no podía adjudicar ese contrato y que la justicia debe investigar. Entre tanto, el enfrentamiento entre el ministro de Relaciones Exteriores encargado y el funcionario al que declararon insubsistente aumentó.
Y es que el saliente secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, reaccionó a las afirmaciones que hizo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo sobre su decisión de adjudicar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons.
Para el ministro, la delegación que se le dio al secretario no tenía el alcance que este asumió para otorgar el contrato.
“El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023”, indicó Murillo.
Sin embargo, el saliente secretario rechazó la afirmación con este argumento: “Justifico plenamente sus declaraciones equivocadas, erradas, porque él es un ingeniero de minas”.
Uno de los puntos polémicos en la declaración del canciller Murillo fue el momento en el que aseguró que desde el 22 de febrero el secretario sabía que iba a salir de la Cancillería.
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“El 26 de febrero, el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro”, señaló el canciller.
El 22 de febrero fue el mismo día en que se delegó al secretario Salazar el manejo de la licitación para el contrato de los pasaportes, mediante una resolución donde en su considerando se lee que era para el proceso que en ese momento estaba activo y no sobre la que declaró desierta el suspendido canciller Álvaro Leyva.
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Salazar dijo que el día que recibió la delegación no fue informado de su futuro: “El 22 de febrero yo tuve charla con el ministro Murillo, él nunca me dijo que me iban a retirar y, si así fuera, esas decisiones de la administración pública debe tomarlas por escrito”.
El canciller también desmintió al secretario en materia presupuestal.
“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido”, subrayó.
Salazar argumenta que sí hay dinero: “Yo dispuse el mismo lunes, de inmediato, apenas expedí estos actos administrativos y la dirección administrativa empezó a las operaciones necesarias para establecer las reservas presupuestales”.
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El secretario no solo respondió los cuestionamientos del canciller, sino que hizo una denuncia: “El funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos y el doctor Luis Fernando Murillo fue condenado, en primera y segunda instancia, por el delito de peculado por destinación oficial del delito”.
El secretario José Antonio Salazar dijo que por primera vez tiene miedo y hasta oró a su salida de la Cancillería.
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