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Una decisión motivada por una ganancia económica se transformó en una pesadilla legal de 18 años para la familia Chingaté Baracaldo en Fusagasugá, Cundinamarca. Lo que comenzó como un simple arriendo del primer piso de su casa, construida con esfuerzo, terminó en un largo proceso de extinción de dominio que amenaza con dejarlos en la calle, a pesar de que ellos mismos fueron quienes alertaron a las autoridades sobre las actividades ilícitas de su inquilina. Séptimo Día investigó este caso.
La historia de esta familia, como la de muchas otras en Colombia, es un reflejo de cómo la Ley de Extinción de Dominio, diseñada para golpear las finanzas de las estructuras criminales, puede afectar a ciudadanos que aseguran ser inocentes y haber actuado de buena fe. Para Nubia Chingaté y su padre, Virgilio, la situación es una injusticia que los ha dejado al borde de perder el patrimonio de toda una vida.
" La tuvieron tres meses en la cárcel. Ella está libre y nosotros estamos con el problema viendo que nosotros pues nunca hemos sido consumidores, nunca hemos vendido droga", lamentó Nubia.
La casa de los Chingaté Baracaldo es el resultado de años de trabajo y sacrificio. Nubia recordó cómo sus padres la levantaron desde cero: “Ellos construyeron el primer piso, todo en obra negra quedó, pero pues de ahí empezaron poco a poco”, dijo.
La financiación vino de múltiples fuentes: los ahorros de su padre, préstamos bancarios a nombre de su madre, Blanca Baracaldo, y los ingresos de pequeños trabajos.
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“Hay constancias de que mi mamá se endeudó en los bancos, ella trabajó en la plaza, nosotros vendíamos tintos, ella trabajó vendiendo mercado, bueno y así se fue construyendo”, detalló Nubia.
En julio de 2005, la situación económica los obligó a buscar ingresos adicionales. Blanca, la madre de Nubia, consiguió un trabajo en una vereda y, para poder cubrir las deudas, decidieron alquilar la primera planta de su hogar. "Yo les dije 'mijitos, brieguen a arrendar ese apartamento porque lo que yo gano arriba no me alcanza para pagar al banco'", explicó Blanca.
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La oportunidad de arriendo llegó rápidamente. Un señor se presentó en la vivienda cuando el padre de Nubia se encontraba solo. "Mi papá estaba solo ese día, le dijo que, si le arrendaba el apartamento, que el señor deja de una vez la plata del arriendo", relató Nubia sobre la llegada de los nuevos inquilinos. La familia, aunque con cierta desconfianza, aceptó el trato.
Sin embargo, a los pocos días, la tranquilidad se acabó. Un vecino se acercó a Abelino Baracaldo, hermano de Blanca, para advertirle sobre la nueva arrendataria. "Un vecino me informó que esa señora que está ahí de pronto vendía por ahí cosas ilícitas, o sea estupefacientes", contó Abelino. La noticia de que en su propiedad se podría estar vendiendo droga los alarmó de inmediato.
Actuando con la convicción de estar haciendo lo correcto, la familia se dirigió directamente a la Policía para denunciar la situación. "Nosotros como propietarios de esto fuimos a la Policía y les dijimos 'es que imagínese que nosotros le arrendamos a una gente así así y esa señora vende droga, necesito que nos ayude'", recordó Nubia. Tras dar el aviso, se sintieron tranquilos, creyendo que las autoridades tomarían el control y que su responsabilidad como propietarios había sido cumplida.
La calma duró poco. Días después de su denuncia, la familia fue sorprendida por un masivo operativo policial en su vivienda. "Pasaron unos días y cuando nos dimos de cuenta fue que esto llegó, nos encerraron con Ejército, con Policía, con todo, y fue cuando llegaron a sacar esa señora de acá", narró Nubia.
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Durante la redada, las autoridades encontraron 32 gramos de marihuana en la vivienda, en el espacio ocupado por los inquilinos. La arrendataria intentó oponerse a la entrada de la Policía, pero finalmente fue capturada. Según la familia, la cantidad de droga encontrada era mínima, lo que hace aún más desproporcionada la consecuencia que enfrentan hoy.
"Encontraron en la casa una dosis muy mínima de droga", afirman, mientras que la Fiscalía, en respuesta a Séptimo Día, especificó que la marihuana fue hallada dentro de una caja de fósforos.
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A pesar de que la inquilina fue detenida, procesada y, según la familia, puesta en libertad después de tres meses en prisión, para los Chingaté Baracaldo el problema apenas comenzaba. Ellos, los denunciantes, quedaron atrapados en un proceso judicial que se ha extendido por casi dos décadas y que los tiene como los principales perjudicados.
Lo que la familia creyó que sería el fin de su pesadilla, fue en realidad el inicio de una grave situación legal. La propiedad entró en un proceso de extinción de dominio, y a pesar de sus esfuerzos por demostrar su inocencia y su colaboración con la justicia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) les envió una orden de desalojo.
La Fiscalía, por su parte, ha mantenido su postura. En una comunicación oficial a Séptimo Día, informó que la autoridad judicial concluyó que la propietaria no cumplió con su deber de vigilar y cuidar su casa. Como resultado, un juzgado de extinción de dominio declaró la pérdida del inmueble a favor del Estado mediante una sentencia emitida el 22 de agosto de 2013.
El pasado 28 de agosto, funcionarios de la SAE se presentaron en la vivienda en Fusagasugá con la intención de ejecutar el desalojo. Sin embargo, la diligencia fue suspendida gracias a la intervención de su abogada, Carmen Brito. "Se le explicó que por favor detuvieran el desalojo por la condición de ellos de ser personas ya vulnerables por la tercera edad y que había una impugnación de tutela", explicó la defensora.
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Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Corte Constitucional, y la familia se aferra a la esperanza de que el alto tribunal se pronuncie a su favor. "Tenemos una esperanza en Dios que no haya ese desalojo para continuar estos pocos días que mi Dios nos tiene en este mundo", comentaron con angustia.
Mientras esperan una decisión definitiva, la familia Chingaté Baracaldo vive en incertidumbre, temiendo que en cualquier momento puedan perder su hogar definitivamente.