Ante alarmante caso de quemados, Congreso busca sancionar a quienes manipulen pólvora

Un proyecto plantea que se sancione no solo a fabricantes sino a toda la cadena. Procuraduría anunció sanciones a alcaldes que sean negligentes.
La Procuraduría y el Congreso buscan mecanismos para enfrentar el problema de la pólvora. El Ministerio Público anunció sanciones a alcaldes si hay negligencia para tomar medidas que eviten la manipulación, mientras en el Congreso avanza un proyecto para imponer penas más drásticas.
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Según el jefe del Ministerio Público, las Procuradurías regionales ya tienen la lupa puesta en los casos en que se compruebe que hay negligencia en la toma de medidas preventivas y regulatorias frente a la pólvora por parte de los alcaldes.
“Aquí lo dijimos, va a haber sanciones disciplinarias en el caso de los alcaldes que no actúen. Nosotros le pedimos prevengan esto, que instruyan a la población, capaciten a la gente en esta materia. Hay que cambiar esa visión cultural de que diciembre implica niños quemados”, indicó Fernando Carrillo.
Señaló que es inadmisible que las principales víctimas sean menores de edad.
Es que de los 235 heridos la tercera parte son niños, muchas veces son terceros o los padres irresponsables quienes entregan la manipulación de la pólvora.
Ante esta situación, que se ha convertido en un problema de salud pública, es que avanza en el Congreso un proyecto de ley que sanciona a quienes manipulen pólvora, además del resto de la cadena.
“Actualmente están multadas solos las personas tanto en la venta como en la fabricación de pólvora. Nuestro proyecto busca ir más allá, que la personas sean mutadas en uso, transporte y comercialización de pólvora”, dice Katherine Miranda, autora del proyecto de ley.
Representantes del gremio de la pirotecnia respaldaron esta iniciativa.
“Yo estoy de acuerdo que se multe a ese ciudadano que haga uso irresponsable de la pólvora, pero antes de multarlo sí hay que hacer una gran pedagogía”, expresó Carlos Carvajal, presidente de la Federación de Pirotecnia.
De aprobarse este proyecto, el Gobierno tendría 13 meses para definir el valor de las multas y cómo sería su aplicación.
Otro aspecto de este proyecto establece que la función sancionatoria pasa de lo local a lo nacional.