Se espera que esta propuesta sea apoyada por el Estado colombiano y por entidades internacionales.
A raíz de los 14 homicidios registrados durante la última semana en el norte del Cauca, comunidades indígenas plantearon un plan piloto dirigido a reducir el conflicto en esta zona del país.
Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ya son 52 los asesinatos que se han registrado durante el 2019 en el norte del Cauca.
Según Héctor Gañán Bueno, miembro de la Guardia Indígena Nacional, estos grupos estarían disputando el control de las rutas de las drogas ilícitas: “Se están peleando las rutas del narcotráfico, los cobros ilegales y las vacunas, todo eso, entre disidentes y paramilitares".
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Por su parte, Ángela Chiguasque, gobernadora del cabildo muisca de Bosa, afirmó que su comunidad está siendo asesinada a manos de agentes armados.
"Rechazamos contundentemente todas las arbitrariedades que están haciendo con nuestros hermanos del Cauca, con nuestros hermanos indígenas, hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros, nos están exterminando".
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Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el genocidio se debe al incumplimiento de los acuerdos de paz en temas como la sustitución de cultivos ilícitos.
Por todo lo anterior, la asamblea general del resguardo de Tacueyó, ubicado en Toribío, Norte del Cauca, anunció que avanzará durante los próximos seis meses en la erradicación de estos cultivos y extendieron la propuesta al presidente Iván Duque.
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, hizo referencia al plan piloto de la erradicación de cultivos ilícitos.
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"Nosotros queremos proponerle al Gobierno Nacional, que tomemos la región del norte del Cauca, especialmente, Toribio, como un plan piloto para la sustitución de cultivos ilícitos. Queremos el gobierno apoye esta iniciativa”, afirmó Arias.
Asimismo, el consejero mayor hizo referencia a la inversión que necesitan en el Cauca: “Necesitamos llegar con la inversión social en este territorio. Estoy seguro que en menos de un año se habrá acabado la guerra".
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No obstante, la comunidad indígena insistió que la presencia de militares en sus territorios profundizaría el conflicto.
"El Estado colombiano a través de su fuerza pública está en capacidad de controlar los territorios indígenas, pero esto no está ocurriendo, al contrario, sentimos que donde hay presencia militar hay desarrollo desmedido del narcotráfico", afirmó Emil Sanabria, presidente de REDEPAZ.
De igual forma, las autoridades indígenas pidieron tener autoridad sobre sus territorios. Luis Eduardo Pechené, consejero y coordinador del cabildo nasa, hizo referencia a esta petición.
"Cuando se habla de control territorial, es libre de grupos armados ilegales y también del Estado, ya que ambos generan desarmonía y desequilibrio a nuestras comunidades”, afirmó.
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Las comunidades anunciaron que presentarán una medida cautelar ante el sistema interamericano de derechos humanos para que ampare y salvaguarde la vida de la comunidad.