La investigación por la muerte de Adriana Manotas Rodríguez, ocurrida después de un procedimiento estético practicado en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, continúa avanzando mientras las autoridades recopilan pruebas para establecer las responsabilidades correspondientes. En un comunicado divulgado este 12 de julio, la Secretaría Distrital de Salud entregó nuevos detalles sobre las actuaciones adelantadas frente al establecimiento donde fue atendida la mujer.
De acuerdo con la entidad, durante una visita de inspección, vigilancia y control realizada en noviembre de 2025, se impusieron dos medidas sanitarias de seguridad. Una de ellas recaía sobre el establecimiento y la otra sobre el médico que prestaba sus servicios en ese lugar. Las medidas fueron adoptadas porque, según la Secretaría de Salud, ninguno de los dos cumplía con los requisitos de habilitación exigidos para ofrecer servicios relacionados con procedimientos en salud.
Los hechos ocurrieron el viernes 10 de julio, cuando Adriana Manotas Rodríguez ingresó al inmueble para practicarse un procedimiento estético que, según la información conocida hasta el momento, correspondía a una liposucción. Las autoridades han indicado que la mujer presentó complicaciones después de la intervención y posteriormente fue trasladada a una sede de la Cruz Roja, donde falleció. Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía está relacionada con una posible reacción o intoxicación derivada de medicamentos utilizados durante el procedimiento, aunque la causa oficial de la muerte continúa siendo materia de investigación
La información preliminar señala que el establecimiento estaba registrado como una peluquería y no contaba con la autorización para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos.
Centro donde murió Adriana Manotas ya tenía dos medidas sanitarias vigentes
Al respecto, el Distrito indicó que las medidas impuestas en 2025 seguían vigentes al momento de la muerte de Adriana Manotas. Según explicó la Secretaría de Salud, dichas decisiones administrativas eran de obligatorio cumplimiento y tenían como objetivo impedir que se siguieran desarrollando actividades que representaran un riesgo para los pacientes. "Estas medidas, de obligatorio cumplimiento, tenían como propósito prevenir riesgos para la salud de la ciudadanía y permanecían vigentes. Pese a esto, fueron vulneradas al seguir realizando actividades ilegales en dicho sitio".
No obstante, durante la diligencia de allanamiento adelantada el pasado 10 de julio por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, las autoridades encontraron evidencia de que en el inmueble presuntamente continuaban realizándose procedimientos invasivos. "Estas medidas, de obligatorio cumplimiento, tenían como propósito prevenir riesgos para la salud de la ciudadanía y permanecían vigentes. Pese a esto, fueron vulneradas al seguir realizando actividades ilegales en dicho sitio".
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La situación llevó a que la Secretaría impusiera nuevas medidas sanitarias contra el establecimiento, tales como la clausura temporal total del inmueble y el decomiso de cerca de 108 elementos, entre equipos biomédicos, dispositivos médicos, medicamentos y otros insumos que eran utilizados en el lugar. La entidad señaló que estas actuaciones buscan "proteger la salud de la ciudadanía e impedir que continuaran siendo utilizados".
La Secretaría Distrital de Salud recordó que mantiene operativos permanentes de inspección en diferentes sectores de Bogotá junto con la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la Policía Judicial, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud. Las intervenciones se desarrollaron de manera simultánea en varios sitios de la ciudad para verificar la prestación de servicios de salud y recaudar material probatorio dentro de las investigaciones en curso".
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El de Adriana no es un caso aislado. En Bogotá, más de 150 lugares han sido sellados por no contar con permiso y medidas sanitarias. Basta con recordar lo que ocurrió con Yulixa Toloza en mayo pasado. Yulixa estuvo desaparecida durante seis días después de haberse sometido a una cirugía estética y luego apareció muerta al lado de una carretera. En estos lugares, en general, las autoridades han encontrado similitudes: medicamentos vencidos o adulterados en cajas y ampollas, historias clínicas con inconsistencias y equipos biomédicos sin registro Invima para procedimientos estéticos como la lamada lipolaser.
Las denuncias sobre este tipo de establecimientos se pueden presentar en la línea telefónica 601 364 9550, con la opción 1 que durante las 24 horas está al servicio de la ciudadanía.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co
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