Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres personas investigadas por su presunta explotación sexual en un estudio clandestino de transmisiones digitales en el departamento de Norte de Santander.
La determinación judicial cobija a dos ciudadanos venezolanos y a la madre de una menor de edad que estaría entre las víctimas. Son acusados de instrumentalizar a dos mujeres dentro de un establecimiento no autorizado ubicado en el municipio de Villa del Rosario.
Así funcionaría el estudio clandestino
Según el expediente presentado por la Fiscalía General de la Nación, las actividades ilícitas se desarrollaron entre los meses de agosto y octubre de 2025 en un inmueble adaptado de manera clandestina.
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Hasta este lugar habrían sido conducidas dos víctimas: una joven de 19 años y una adolescente de 16 años que debían cumplir jornadas obligatorias de trabajo e interactuar con usuarios en línea mediante transmisiones en vivo con el propósito de incrementar el recaudo económico.
Las pesquisas de las autoridades determinaron que la administración del sitio cobraba los servicios directamente en dólares estadounidenses y que los hermanos Carlos Alberto Colina Herrera y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, ejercían el rol de supervisores.
De acuerdo con el ente investigador, estos hombres monitoreaban a las jóvenes y les imponían penalizaciones monetarias o multas en caso de desacatar los reglamentos fijados.
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Uno de los aspectos más relevantes del expediente judicial involucra a la madre de la menor de 16 años. Las indagaciones señalan que la mujer consintió la asistencia de su hija al establecimiento y facilitó que fuera sometida a conductas de carácter sexual.
Durante las audiencias, la fiscal a cargo del caso reveló que la madre tomó contacto a través de una plataforma virtual con una intermediaria. En esa comunicación, se concretó un acuerdo que prometía retribuciones monetarias calculadas mediante porcentajes, los cuales variaban según la intensidad y el tipo de actividad sexual que la adolescente llevara a cabo frente a las cámaras virtuales.
Actividades de policía judicial permitieron identificar a los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, como los presuntos responsables de vigilar a las víctimas e imponer multas por incumplir las reglas establecidas. Asimismo, se conoció… pic.twitter.com/I0NhQwjG4Q
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 10, 2026
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La Fiscalía formuló imputación de cargos contra los tres procesados por los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
Aunque ninguno de los imputados aceptó la responsabilidad de los cargos durante la diligencia, el juez de control de garantías decretó su reclusión en un establecimiento carcelario preventivo mientras concluye el proceso penal.