La Fiscalía General de la Nación informó este domingo sobre la judicialización de un inspector de Policía del municipio de Soacha, Cundinamarca, señalado como presunto responsable de hechos de violencia sexual en contra de tres guardas de seguridad.
De acuerdo con el ente acusador, las conductas investigadas habrían ocurrido de manera reiterada entre los años 2022 y 2025 al interior de las instalaciones de la inspección donde el funcionario ejercía sus labores.
El procesado fue identificado como José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía de Soacha, quien, según el comunicado oficial, habría utilizado su posición de autoridad para someter a las víctimas.
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La Fiscalía indicó que las denunciantes son tres mujeres de 23, 30 y 42 años, quienes, según los elementos materiales probatorios recopilados, habrían sido objeto de insinuaciones de carácter íntimo y agresiones sexuales durante sus turnos de trabajo.
De acuerdo con la investigación, Figueredo presuntamente se aprovechó del temor de las guardas de vigilancia. “Las denuncias recibidas y los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que el procesado presuntamente aprovechó el temor, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad”, señaló la Fiscalía en su pronunciamiento.
En uno de los episodios documentados por el ente acusador, el inspector habría incurrido en un presunto abuso sexual contra una de las víctimas, lo que agravó la situación jurídica del funcionario. Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento.
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En Colombia, la imputación de delitos como el acceso carnal violento (artículo 205 del Código Penal) y el acto sexual violento (artículo 206) conlleva penas privativas de la libertad considerablemente altas. De manera general, estas conductas pueden ser sancionadas con condenas que oscilan entre los 8 y 20 años de prisión por cada delito, y en casos donde exista concurso de conductas punibles, la pena total puede superar ese rango.
No aceptó los cargos
Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, decisión que incluye el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico mientras avanza el proceso judicial.
Este caso se conoce meses después de que salieran a la luz denuncias públicas y videos relacionados con presuntos hechos de acoso sexual en los que estaría involucrado el mismo funcionario.
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En el video revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se observa al funcionario acercarse a la vigilante y, posteriormente, intentar sujetarla pese a las reiteradas negativas de la mujer. Estos hechos quedaron registrados y hacen parte del material probatorio dentro de la investigación.
En su momento, tras conocerse una de las denuncias, la administración municipal de Soacha rechazó este tipo de conductas y activó los protocolos institucionales correspondientes. Según se informó entonces, la Personería Municipal asumió una investigación disciplinaria que derivó en la suspensión provisional del inspector por tres meses, con el fin de garantizar el desarrollo del proceso y evitar posibles riesgos para otras personas.
Asimismo, autoridades locales señalaron en ese momento la existencia de más de una denuncia y advirtieron sobre un posible patrón de comportamiento, lo que motivó medidas preventivas mientras se adelantaban las indagaciones internas.
La judicialización anunciada por la Fiscalía marca un nuevo avance en el caso y traslada el proceso al ámbito penal, donde se evaluarán las pruebas recopiladas y se definirá la responsabilidad del funcionario. Entre tanto, las víctimas continúan siendo acompañadas dentro del proceso, mientras las autoridades reiteran su llamado a denunciar este tipo de hechos y garantizan que las investigaciones seguirán su curso conforme a la ley.
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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co
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