Lo que comenzó como una jornada de trabajo para ganarse la vida honradamente acabó en una tragedia que hoy conmociona al país. Juan José Correa, un joven de tan solo 17 años, fue asesinado tras exigir el pago de 6.000 pesos por una mazamorra que le vendió a tres personas que se negaron a cancelar el producto. A la irreparable pérdida del menor se suma la inminente amenaza de impunidad: en las próximas horas, los señalados responsables de su muerte podrían recobrar la libertad por vencimiento de términos.
El estancamiento del proceso ha generado una profunda desolación en los allegados de la víctima. Su madre, sumida en un dolor indescriptible, alzó la voz en Noticias Caracol para denunciar la ineficiencia del sistema judicial. "Hoy como mamá con el corazón destrozado, como una mamá que siente que la justicia le falló a su hijo y le falló a ella, me siento decepcionada, indignada y profundamente impotente", expresó la mujer. En sus desgarradoras palabras, cuestionó la asimetría del dolor frente a la libertad de los acusados: "Hoy tengo que enfrentar el dolor de saber que quienes están señalados de quitarle la vida pueden recuperar su libertad mientras mi hijo jamás podrá regresar a casa. Hoy ellos pueden abrazar a sus familias, pero yo tengo que ir a un cementerio para sentirme cerca de mi hijo". De igual forma, agregó: "Me arrebataron a Juan José, me quitaron una parte de mi vida, mis sueños y mi felicidad".
La indignación familiar la comparte la defensa técnica del caso. El abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, fue categórico al calificar la inminente excarcelación como una afrenta. "Lamentablemente lo primero que tengo que señalar es que esta posible libertad es una bofetada a las víctimas tanto a su mamá como a este abogado", aseveró el jurista. De acuerdo con el profesional, la mora recae en la rama judicial: "Existe una responsabilidad netamente objetiva y se la tenemos que achacar al Tribunal Superior, Sala Penal de Cundinamarca, toda vez que llevan un año para resolver un recurso de apelación que fácilmente tardó 10 minutos pero que en un año no se ha podido resolver, lo que hace que se trabe el juicio", sostuvo Castellanos.
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El caso resulta más gravoso al revelarse que la justicia ya había fallado previamente. Para el momento de los hechos, ocurridos en abril de 2025, uno de los agresores contaba con una orden de captura vigente que no se había ejecutado. "Nótese que entonces no es la primera vez que el Estado le falla a mi cliente sino en una segunda oportunidad", enfatizó Castellanos. A esto se suma el riesgo de fuga. Aunque las pruebas —como la necropsia y los testimonios uniformes— justifican una pena superior a los 30 años de prisión, existe el temor de que los imputados escapen al salir del centro carcelario".
Ante esta coyuntura, la representación legal y la familia solicitaron que el Tribunal Superior actúe de inmediato. Exigen en la pronta resolución del recurso pendiente para evitar que el vil asesinato de Juan José Correa por tan solo 6.000 pesos quede impune.
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