En el Congreso se discute un proyecto de ley que quiere eliminar las nueve causales de divorcio que una persona debe justificar ante la ley para pedir la separación de su pareja.
Estas son:
- Relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
- Grave o injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
- Ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra.
- Embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
- Uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.
- Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge o imposibilite la comunidad matrimonial.
- Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
- La separación de cuerpos, judicial o, de hecho, que haya perdurado por más de dos años.
- El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia.
En esta última, por mutuo acuerdo, las partes "solicitan al notario el divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Dicen que tomaron la decisión de divorciarse y pare de contar, no hay que explicar nada", explica Álvaro Rojas Charry, presidente del notariado colombiano.
Sin embargo, con las otras ocho el tema se complica porque puede venir un proceso que tardaría entre ocho días y dos años.
“Una de las partes demanda. Si la persona se allana a la demanda y dice ‘mire, no quiero pelear, estoy de acuerdo’, listo, ahí termina y el juez dicta sentencia. Si no, viene una controversia, una etapa probatoria a demostrar si lo que dice el cónyuge demandante para el divorcio es razonable”, precisa Rojas.
Con el proyecto de ley, las causales mencionadas se eliminarían y se modificaría “el Código Civil y que en cualquier momento una persona, de manera unilateral, pueda divorciarse”, según Katherine Miranda, representante a la Cámara.
El congresista Juan Fernando Reyes, por su parte, afirma que en este caso “el cónyuge que se quiere separar, que lo haga por las razones que sea, al Estado no le debe importar, esa es una de las decisiones en las que el Estado no se debe meter y debe respetar la intimidad de las personas”.
No obstante, el representante Gabriel Vallejo expresó su preocupación porque, de avalarse el proyecto, se "acaba con la responsabilidad que tiene un cónyuge cuando ocasiona el divorcio y desde el punto de vista de la teoría ese cónyuge culpable que genera el divorcio deberá estar obligado si así lo determina el juez a pagar unos alimentos".
A la iniciativa le faltan tres debates más para ser ley de la República.
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