Capitales del país piden al Gobierno no firmar protocolo de protesta social

Alcaldes de dichas ciudades solicitaron que se realicen más mesas de diálogo, sin embargo, Gobierno citó este viernes para oficializar el documento.
Uno de los puntos pactados en la Habana fue crear un marco que garantizara la movilización y la protesta pacífica. Para dicho fin, el Gobierno hizo un llamado para la firma de un protocolo que reglamente dichas formas de expresión ciudadana.
El fin de dicho documento será consolidar en un solo lugar las normas vigentes frente a este apartado como lo comenta el ministro del Interior, Guillermo Rivera: “Es necesario que las autoridades civiles y de policía puedan encontrar en un solo documento todas las normas y todas las decisiones jurisprudenciales para saber cómo deben actuar, también, deben estar informados los ciudadanos que están ejerciendo el derecho a la protesta”.
Además, el protocolo incluiría otra serie de garantías para las movilizaciones: mesas de seguimiento, puestos de mando unificado y órganos independientes conformados por la sociedad civil para garantizar la protección de los derechos humanos en medio de la protesta.
Ha sido en estos últimos puntos en los que el gobierno ha encontrado más rechazo. Desde Asocapitales -sociedad en la que están agremiadas las principales capitales del país- se pidió que se haga una discusión a profundidad de la reglamentación.  
"Para sorpresa de los interesados, el Ministerio del Interior citó para llevar a cabo la firma del protocolo el día de hoy, esto sin haberse concluido los espacios de socialización, disertación y respuesta a los comentarios que se hicieren llegar", declaró el organismo.
Por la misma línea está el reclamo hecho por el presidente de la sociedad de agricultores de Colombia, Jorge Bedoya Vizcaya: “la Corte Constitucional ha dicho que se debe reglamentar por una ley estatutaria. Si el gobierno se empeña en sacar un protocolo, que se siente con los gremios y alcaldes".
No obstante, hay organizaciones que se sienten satisfechas con la iniciativa del gobierno. "La protesta social ha venido recibiendo un tratamiento de guerra y eso no puede pasar en un pais donde se está construyendo la paz. Se judicializa a sus líderes, se maltrata a los participantes, hay casos de muertes justamente por el uso desmedido de la fuerza”, dijo Fabian Laverde, vocero derechos humanos cumbre agraria, celebrando la medida.