Como un baldado de agua fría les cayó a los investigadores colombianos un decreto gubernamental que reglamenta la caza e impone un cobro a los académicos por recolectar animales silvestres para sus estudios.
“Se asume que la actividad investigativa es sin ánimo de lucro, se le da tratamiento como actividad que conduce a lucro comercial. El interés básico es hacer una contribución de país”, dice el investigador Germán Amat que considera injusta la reglamentación.
El entomólogo Carlos Sarmiento advierte la inconsistencia de la norma: “¿Quién va a acompañar a los investigadores a campo?, ¿tienen un ejército de especialistas para saber qué es lo que atrapamos?”, dice el especialista.
Los investigadores ven ahora una paradoja en sus búsquedas científicas por territorios del conflicto. “Si antes no podíamos ingresar por violencia, ahora es porque la ley nos lo va a impedir”, lamenta Carlos Sarmiento.
El panorama para los especialistas no se ve fácil. Según fuentes académicas, en Colombia el presupuesto de la investigación se ha reducido en cerca de un 35% en los últimos cinco años, cifra que afecta el desarrollo científico.
Incluso el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez le haya razón a los investigadores. “Lo único que tiene que hacer el Gobierno es dar incentivos para investigación. No le puede cargar a un investigador que le paguen al Gobierno por tener acceso a unos recursos de flora y fauna”, sostiene.
El ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo con los científicos para que la normatividad no los afecte.
Updated: septiembre 15, 2016 10:20 a. m.