Consejo de Estado tumba facultades de Petro para asumir regulación de servicios públicos en el país

A través de un fallo, el Consejo de Estado tumbó el decreto que otorgaba facultadas al presidente Gustavo Petro para asumir la regulación y el control de los servicios públicos en el país a través de la Creg.

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"El despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de urgencia elevada por los accionantes Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao, quienes deprecan que se decrete la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023", señala el Consejo de Estado.

De acuerdo con el alto tribunal, los accionantes señalan que "el decreto demandado se expidió irregularmente, en razón a que se desconoció el procedimiento de publicidad contemplado en los artículos 8 -numeral 8°- del CPACA y en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 20152".

Es decir, "toda vez que las autoridades administrativas demandadas incumplieron el deber de dar a conocer a los asociados, cuando menos con quince (15) días calendario de anticipación, el proyecto de regulación que sirvió de sustento al acto administrativo acusado, vulnerando así el derecho a que los ciudadanos o grupos de interés tuvieran la posibilidad de presentar sus opiniones, sugerencias o propuestas respecto del mismo”.

En el fallo de 32 páginas, el Consejo de Estado analiza los argumentos y requerimientos de las personas que solicitaron la suspensión provisional del mencionado decreto y resolvió a su favor.

"Decretar la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023 'Por el cual se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones'", concluye el documento.

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Sobre el decreto

El 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro asumió la regulación y el control de los servicios públicos en el país y solo acogió una de las más de 55 recomendaciones: la de asumir las facultades por tres meses.

Dichas funciones fueron delegadas desde hace cerca de 30 años a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.