Corte Constitucional determinará si alcaldes pueden prohibir el funcionamiento de prostíbulos

El alto tribunal estudia el tema después de que recibiera el caso de Nelcy Delgado, propietaria de una casa de encuentros, a quien le cerraron su negocio.  
“La idea es que me dejen trabajar”, dice Nelcy, después de que la administración local de Chinácota, Santander, le suspendiera la licencia de funcionamiento.
Autoridades del municipio aseguran que tomaron la determinación puesto que el prostíbulo está a cien metros de un colegio.
“Al ver cotidianamente esta clase de actividades de manera permanente, fomenta su aprobación y conlleva a adoptar conductas considerándolas normales y socialmente aceptadas; induciendo problemas de alcoholismo, drogadicción y prostitución”, afirma Armando Quintero, asesor jurídico de la Alcaldía de Chinácota.
La alcaldesa de Chinácota, Rosa Romero, dice que no se trata de prohibir la prostitución, sino de respetar el uso del suelo y que estos sitios no estén en barrios residenciales.
“El sitio donde ella desarrollaba esta labor no es donde ella pidió el permiso, por eso se le cerró”, asegura Romero.
Por su parte, quienes se dedican esta actividad dicen que vulnera a las mujeres y sostienen que no hacen daño.
“Esas ideologías de que estamos cerca de colegios e iglesias es por el termino moral, son totalmente moralistas porque no estamos perjudicando a nadie”, señala Luz Mary Pardo, miembro de la Asociación de Trabajadoras Sexuales.
La decisión está en las manos de la Corte Constitucional, quien estudiará los derechos laborales de las trabajadoras sexuales y las garantías de los menores de edad.