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El panorama en Colombia por la ocupación ilegal de tierras se ha complicado en las últimas semanas. En Lorica, Córdoba, estudiantes y docentes de un colegio paralizaron sus actividades para exigir el desalojo de uno de sus predios.
Asimismo, cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali que adelantan diligencias de desalojo fueron amenazados de muerte y, en Popayán, 600 familias salieron de tres predios ocupados ilegalmente. A esto se sumaron los ganaderos de tres municipios en Magdalena que están en alerta ante el riesgo de invasión de sus fincas.
Para los expertos, la problemática se debe a un desorden territorial generado por dos factores: 13 millones de campesinos que hace tiempo reclaman la tierra y grandes acaparadores que no la trabajan. Hay varias opciones para enfrentar la situación.
“A los grandes propietarios y a los acaparadores, resolvamos este problema, donemos tierra, donemos la tierra al Estado”, dijo Sergio Roldán, experto en derechos de tierra de la Universidad Externado.
Colombia es un país desigual en la distribución de tierra, pues se ubica en el sexto lugar en el mundo, solo el 1% de la población posee el 90% de la tierra, según el Censo Nacional Agropecuario. Otra herramienta es cobrar un impuesto más alto a aquellos acaparadores que no están trabajando la tierra.
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“Hoy es un buen negocio acaparar tierra porque el impuesto predial que yo pago por 100.000 hectáreas es una ridiculez. Lo peor de eso es que los municipios están quebrados porque su principal ingreso es el predial, pero todos los catastros de los municipios están desactualizados”, añadió Sergio Roldán.
Otras opciones son iniciar una efectiva repartición de los bienes que ya tiene el Estado por extinción de dominio al narcotráfico, la recuperación de los terrenos baldíos y que el mismo Gobierno compre la tierra para solucionar las problemáticas más fuertes y urgentes. La discusión llegará este martes, 20 de septiembre, a la Comisión Quinta del Senado.
El Gobierno hizo un llamado a las comunidades que están invadiendo esos predios para que se abstengan de hacerlo porque esto podría afectar los objetivos que se han trazado para dirimir los conflictos por la tierra en el país.
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Tres son los pilares del gobierno Petro para resolver el conflicto por la tierra en Colombia: darle tierra a 3.000.000 personas que no la tienen, formalizar a 7.000.000 millones y saber la vocación agrícola de esos terrenos.
“Yo creo que hay que sentarse a resolver ese tema es la invasión. Claro, no invadan y no ocupen los predios privados ni públicos. Estamos a punto de resolverlo”, afirmó Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras.
Vega es un conocedor de los derechos de la tierra y toma con beneficio de inventario lo que ha dicho José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), e incluso de la Procuraduría que detrás de las invasiones se esconden mafias.
“Gente que tiene tierra y que quiere tener más va y se mete, cierto, pero en todos esos fenómenos sociales son la excepción, no es la regla general, y estoy diciendo una cosa ya probada que fue lo que pasó con la restitución de tierras. Se hablaba de que todos eran falsos reclamantes y resulta que no era así”, aseguró Gerardo Vega.
El director de la Agencia Nacional de Tierras se atreve a sugerir que las reclamaciones de las comunidades afro e indígenas en Cauca son justas.
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“De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 2.800.000, lo que ellos tienen encierra el tema que es cultivable para producir alimentos, para comer, para vivir. Yo creo que lo que pasa con ellos es que quieren tierras que sirvan para cultivar. Eso es lo que tiene que resolver Colombia, eso es lo que tiene que resolver con esas comunidades”, agregó.
Según Gerardo Vega, el Estado no sabe en manos de quien está el 65% de la tierra en Colombia y por eso es necesaria una reforma agraria que dirima el conflicto de la tierra en el país.
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