Destituyen e inhabilitan a tres exfuncionarios de la Registraduría en el Valle del Cauca

Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a tres funcionarios de la Registraduría, señalados de haber planeado el denominado 'blindaje' de los resultados de proceso electoral atípico para elegir gobernador del Valle del Cauca, el 1 de julio de 2012.  

Los servidores destituidos son Francisco Angulo Jaimes, técnico operativo de la sede central de la Registraduría, inhabilitado por 15 años; la entonces analista de sistemas Adriana Lucía Castro Guzmán, y Alina Martínez García, designada como registradora municipal Ad-Hoc en Jamundía, estas últimas inhabilitadas por 10 años.  

De acuerdo con investigación disciplinaria, Angulo presentó la propuesta de 'blindaje' con objetivo era favorecer ilegalmente al candidato Francined Cano Ramírez. Para esto, ofreció 2000 votos y la creación de un centro de cómputo para acceder a la información de los resultados electorales, antes que la Registraduría, y poder alterarlos.

Como contraprestación el entonces servidor, exigió y recibió una significativa suma de dinero, más la promesa de formar parte del equipo de trabajo del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra después del proceso electoral. Angulo accedería también a beneficios como hospedaje, alimentación y pasajes para trasladarse con sus colaboradores a la capital del Valle, entre otros.

El Ministerio Público cuestiona también la conducta de Adriana Castro, quien colaboró en la planeación del 'blindaje' y además facilitó la reunión entre Juan Carlos Martínez, Jairo Candelo y Luis Enrique Forero con el ingeniero Angulo, para que éste hiciera una propuesta y presentación del plan. Asimismo, Castro capacitó a los testigos que iban a colaborar en el plan.

Por último, el organismo se pronunció sobre la conducta de Alina Martínez y manifestó que esta incurrió en falta disciplinaria al participar en la alteración de los resultados electorales mencionados, suministrando los listados de los jurados de votación con sus datos personales direcciones y teléfonos, de la jurisdicción que le correspondía, con la garantía de repartir un dinero y recibir otra parte por su colaboración.