Ernesto Matallana es el nuevo abogado de la Cancillería en caso sobre contrato de pasaportes

Thomas Greg & Sons demandó a la Cancillería colombiana, tras la fallida conciliación sobre el contrato para la elaboración de los pasaportes. La acción jurídica se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la mesa no hubo acuerdo. Ahora se viene una batalla judicial en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá a Ernesto Matallana como abogado.

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A través de un comunicado, la firma Thomas Greg & Sons anunció una demanda contra el Estado porque el Gobierno declaró desierta la licitación del contrato para producir pasaportes a pesar de que la empresa, única oferente, alcanzara el puntaje requerido. La Procuraduría General de la Nación entregó los detalles de la diligencia.
“La parte convocante hizo su ofrecimiento de conciliación y a su vez la Cancillería. A través de sus miembros del comité de conciliación y los apoderados con expresa facultad para conciliar, manifestaron una intención inicial de concertar. Sin embargo, no hubo acuerdo al que pudieran llegar satisfactoriamente las partes”, indicó Fernanda García, procuradora judicial.

Para Camilo Gómez, quien fuera director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la negativa del canciller para conciliar le puede costar mucho al país.

“La terquedad del canciller y del presidente pueden llevarnos a tener que pagar mucho dinero y ellos, por estar en contra de la ley, tendrán que responder”, acotó Camilo Gómez.

Este caso ha estado rodeado de escándalos y polémicas, entre ellas, la salida de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la de Germán Calderón España, apoderado de la Cancillería para este proceso.

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Los dos proponían al canciller y al presidente conciliar para evitar que el Estado pierda una millonaria demanda.
“Él no debe tener a su lado personas que solamente le aplaudan las decisiones que tomen, sino que también le hagan ver cuáles son aquellas posturas que requieren una mayor reflexión para poder encontrar decisiones que no le hagan un mayor daño al país”, precisó Martha Lucía Zamora, exdirectora de Defensa Jurídica del Estado, el pasado lunes, 18 de diciembre de 2023.

El nuevo abogado de la Cancillería, Ernesto Matallana, anunció que defenderá la legalidad de las actuaciones del Gobierno frente a esta licitación.

“La declaratoria desierta es un acto administrativo que se presume su legalidad. El demandante tiene que demostrar que ese acto va en contra de la ley”, dijo Ernesto Matallana.

En este caso la Contraloría advirtió que la urgencia manifiesta no se ajusta a la norma de contratación estatal y, en otro proceso, la Procuraduría investiga disciplinariamente al canciller por cuenta de esta licitación.