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Fernando Carrillo aseguró que el esquema de seguridad de los defensores de Derechos Humanos “ya cumplió su ciclo y se debe pensar en una política pública”.
La vulnerabilidad en la seguridad de los líderes sociales quedó en evidencia nuevamente con el asesinato de James Jiménez, reclamante de tierras en el corregimiento El Congo del municipio de Turbo, Antioquia.
“El Estado ha postrado en ese sentido fracasos en la protección de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, aquí todos tenemos que hacer un mea culpa colectiva en esa dirección”, aseguró Fernando Carrillo, procurador general de la nación.
El gobierno, por su parte, admitió que aún falta mucho por hacer y que se va a decidir un nuevo modelo de protección.
“Es en el propio territorio, en la propia región, con el liderazgo de gobernaciones de comunidades étnicas y de la propia comunidad afectada, en donde se va a decidir el modelo”, afirmó Guillermo Rivera, ministro del Interior.
La Procuraduría propuso una mesa permanente, ya que la gravedad de la situación la reflejan las cifras de la Defensoría que reportan 345 organizaciones sociales en riesgo.
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