Electricaribe reversó la orden de cobro de cerca de 200 mil millones de pesos que, según la empresa, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta le debían por el no pago del servicio en los barrios subnormales de esas ciudades de la costa Atlántica.
La propuesta la hizo la agente especial, quien les envió cartas a los alcaldes de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla en las que les propone suspender los cobros que dicen le deben a la empresa y hacer mesas de trabajo.
Según el comunicado de Electricaribe, la agente especial Ángela Patricia Rojas les propone a los alcaldes suspender de mutuo acuerdo los procesos ejecutivos iniciados y generar mesas de trabajo con intervención de la Procuraduría General de la Nación.
Las respuestas de los mandatarios no se hicieron esperar.
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“Celebramos que Electricaribe cambió el discurso, que pretenda suspender las acciones jurídicas y sentarse a hacer mesas de trabajo con los alcaldes y con la Procuraduría, quizás hemos debido empezar por ahí”, dijo Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.
Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, aseguró que no ha recibido ninguna carta de la empresa.
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“En la alcaldía no hemos recibido una comunicación oficial de parte de Electricaribe, que nos digan cuáles son sus pretensiones”, afirmó la funcionaria.
El senador costeño Efraín Cepeda cuestionó que Electricaribe pretenda que las alcaldías paguen lo que adeudan unos particulares.
El también senador Armando Benedetti dijo que es la Superintendencia de Servicios Públicos “la que tiene que regular el servicio en favor del cliente, no hace absolutamente nada por el cliente”.
También se refirieron sobre el caso algunos expertos.
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“Hace un año la misma Contraloría General le imputó cargos fiscales a Electricaribe para que devuelva esos cerca de 200 mil millones de pesos, para que le lleguen a sus verdaderos dueños, los usuarios de los barrios subnormales”, manifestó Norman Alarcón, coordinador del Movimiento de Indignados con Electricaribe.
La empresa recordó a los alcaldes que las obligaciones derivadas del servicio de energía tienen un término de prescripción de cinco años y la empresa no puede dejar que se venzan.
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Algunos alcaldes dicen que no han recibido la notificación de la propuesta que estudiarán con el departamento jurídico para darle una respuesta a Electricaribe.