En la cárcel de alta seguridad Picaleña, en Ibagué, amaneció recluido el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como Kiko Gómez, luego de que se ordenara su traslado por presuntas amenazas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un procurador delegado que hicieron parte de la decisión con la que se revocó la absolución por homicidio agravado emitida al político. El operativo de registro de su celda ocurrió cuando concedía una entrevista a Caracol Radio y antes del traslado se le decomisó un celular.
Fue el presidente Abelardo de la Espriella quien ordenó que Gómez fuera trasladado de la cárcel La Dorada, en Caldas, donde cumplía una pena de más de 50 años de prisión. El exgobernador ha sido vinculado con el disparo que apareció en la oficina del procurador delegado ante la Corte Suprema Pedro Luis Bonilla. Aunque inicialmente se dijo que podría tratarse de una bala perdida, el magistrado José Joaquín Urbano le expresó a través de una carta a Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal, su preocupación porque en días pasados, “en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual ‘un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra’. Con ocasión de esta información, el miércoles 26 de agosto, la Procuradora Judicial II Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación contra la absolución proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, acudió a mi oficina para compartirme la profunda preocupación que tenía por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos en ese proceso”. (Lea también: Oficina de Procuraduría que tenía impacto de bala es de funcionario que llevaba caso de Kiko Gómez)
Agregó que Bonilla le manifestó “que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la PGN, apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación. Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos”, por lo que Urbano cree que “existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”.
“En ningún momento he pensado en represalias”
Durante la entrevista radial, Kiko Gómez declaró que “el primer sorprendido y el más preocupado en esta situación soy yo, ya que en ningún momento he pensado en represalias contra nadie por la condena proferida en mi contra. Y aprovecho esta oportunidad para dirigirme tanto a los señores procuradores como a los honorables magistrados de la Corte y manifestarles que en ningún momento Juan Francisco Gómez Cerchar ha pensado tomar represalia alguna en su contra por su participación en mi proceso de condena. Quiero decirles a los honorables magistrados que por qué tomaría esa decisión, si ya yo tengo una condena de 55 años que vengo purgando. No veo el motivo, el porqué tenga yo que tomar una decisión de ese tipo, que no me favorecería a mí en nada”.
En la entrevista, el exgobernador habló durante más de 25 minutos y de un momento a otro inició el operativo. “Hoy, esta oportunidad que me han dado de que me escuchen es sobre el tema…”, estaba diciendo cuando se vio interrumpido por las autoridades que adelantaron el operativo de requisa de su celda y traslado a la cárcel en Ibagué, el cual se dio luego de una reunión entre el presidente De la Espriella y los magistrados, donde tocaron temas de seguridad, presupuesto y reforma agraria.
Francisco Gómez fue condenado a 55 años de cárcel por el delito de homicidio y en el mes de abril la sala de casación penal lo condenó por homicidio agravado a 31 años de prisión.
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