El pasado 31 de agosto, un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia descubrió un disparo en la ventana de su oficina, en la Procuraduría General de la Nación. El funcionario, que fue identificado como Pedro Luis Bonilla, llevaba casos de la sala penal del alto tribunal. Uno de esos era uno relacionado con Juan Francisco Gómez, más conocido como Kiko Gómez, ex gobernador de La Guajira y a quien le fue revocada la absolución por homicidio agravado, por lo que fue sentenciado a más de 31 años de cárcel. (Lea también: Investigan impacto de bala en el edificio de la Procuraduría: hay una hipótesis del disparo)
En la información preliminar, las autoridades señalaron que el funcionario no ha recibido algún tipo de amenaza, por lo que se descartaba que se tratara de un atentado contra su vida.
Sin embargo, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez le envió una carta a Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para expresarle su inquietud por la gravedad de lo ocurrido y por información que conoció que estaría relacionado con el exembajador.
Días antes del disparo en la ventana apareció una bala en la oficina del procurador delegado
Según la misiva del magistrado, en abril de 2026 se revocó la absolución dada por el Tribunal Superior de Bogotá a Kiko Gómez y lo condenó “por el delito de homicidio agravado, motivo por el cual él deberá pagar una pena de 31años y 8 meses de prisión. Hasta este momento, esa sentencia dictada por unanimidad por la Sala de Casación Penal está vigente, aunque es posible que, luego, por virtud de alguna acción de tutela, quede sin efectos”.
Sin embargo, continuó, “la semana pasada, en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual ‘un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra’. Con ocasión de esta información, el miércoles 26 de agosto, la Procuradora Judicial II Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación contra la absolución proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, acudió a mi oficina para compartirme la profunda preocupación que tenía por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos en ese proceso”.
A esto se suma lo ocurrido con el procurador delegado Bonilla que, según el magistrado Urbano, “me comentó que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la PGN, apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación. Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”, que son los hechos que se conocieron recientemente.
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Según la carta del togado, “existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenís Gómez, recibió la comunicación del magistrado José Joaquín Urbano Martínez e inmediatamente tuvo una comunicación con la encargada de seguridad del alto tribunal y la Dirección de Protección de la Policía Nacional para solicitar que se tomen de inmediato las correspondientes medidas de protección que garanticen la seguridad de los magistrados.
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