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Queridos compatriotas:
La política exterior de un país refleja los principios y valores en los que cree, y así ha sido en nuestro gobierno.
Desde el 7 de agosto de 2010 dije que íbamos a privilegiar el diálogo sobre la confrontación, la paz sobre la guerra, el respeto por las diferencias sobre la intolerancia, y –algo muy importante y primordial– el respeto por los derechos humanos.
Los derechos humanos… esos principios universales que están por encima de cualquier norma, porque se refieren a lo más sagrado del ser humano, que son su vida, su libertad y su dignidad.
Hemos venido aplicando esa política exterior y lo hemos hecho –en particular– con Venezuela, con cuyo gobierno tenemos profundas diferencias en cuanto al concepto de democracia y el modelo económico.
Hemos respetado esas diferencias, pero una cosa es eso y otra, muy diferente, que el país vecino viole los derechos humanos de sus ciudadanos y –lo que es más grave para nosotros– los derechos de nuestros compatriotas que viven en su suelo.
Venezuela –como cualquier Estado– tiene derecho a cerrar su frontera o a expulsar personas por razones de seguridad.
Pero la jurisprudencia internacional en derechos humanos es clara en afirmar que dicha potestad tiene límites: no puede violar el derecho internacional.
Las deportaciones no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad.
Las deportaciones no pueden ser masivas ni arbitrarias. Deben ser individuales previa la garantía de un debido proceso y la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades.
No pueden afectar los derechos de los menores, ni separar familias.
Y tampoco puede darse un trato indigno o inhumano a los deportados.
Queda claro que ninguno de estos requisitos se ha cumplido en las recientes deportaciones de colombianos por parte de Venezuela.
Y no solo eso. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reportado, se han violado toda clase de derechos fundamentales:
Al igual que en los guetos nazis, se han marcado las casas de las familias con una “D”, para luego demolerlas.
Cuando se conoció esta infamia, la pregunta universal fue: ¡Dónde estaba el mundo cuando ocurrió todo esto!
Pues bien, hoy –guardadas proporciones– la pregunta que nos hacemos es: ¡Dónde está la región!
Se ha confiscado la propiedad de los más humildes, o se les ha impedido llevarse sus pocas pertenencias.
Se han separado familias, dejando a la mujer a un lado de la frontera y al esposo al otro, o –peor aún– separando a los niños de sus padres, porque unos son venezolanos y otros colombianos.
¡Es un escenario de inhumanidad y crueldad que nunca imaginamos vivir ni conocer en nuestra región!
Los organismos internacionales –como la ONU y la OEA– se conformaron para preservar una paz basada en el respeto a los derechos humanos.
En la ONU hay un Consejo de Derechos Humanos y en la OEA hay un Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos, con una Comisión y una Corte. Dos instancias a falta de una… ¡Así es de importante este tema a nivel internacional!
Por eso –por la gravedad del tema– pedimos al Consejo Permanente de la OEA que convocara una reunión de cancilleres, confiados en que nadie iba a eludir un debate sobre una situación actual y urgente relacionada con los derechos humanos.
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