El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó, mediante resolución 429 de 2026, retirar la designación de gestor de paz a Salvatore Mancuso, exlíder de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), y que “por intermedio de la Oficina del consejero Comisionado de Paz, comunicar la presente Resolución a la autoridad correspondiente para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022”. La decisión se sustentó en el artículo 61 de la Ley 975 de 2005 que “faculta al Presidente de la República para solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de dicha ley, la suspensión condicional de la pena y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados”. Ya el Consejo de Estado había suspendido provisionalmente en agosto pasado la resolución que nombró al exjefe paramilitar gestor de paz. Según el alto tribunal, “toda designación de un gestor de paz debe: i) fijar un lapso temporal, ii) indicar con claridad el aporte o intervención del postulado en la construcción de la paz y iii) definir el lugar del territorio nacional en el que se desempeñará la labor".
La decisión del Gobierno va en línea con lo informado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, sobre el proyecto de ley de sometimiento que se presentará ante el Congreso, que contempla que “aquí no habrá gestores de paz, aquí no habrá mesas lánguidas y complacientes de diálogo que lo único que aportaban era el fortalecimiento de esos grupos criminales”.
Prontuario criminal de Salvatore Mancuso
En la década de 1990 surgieron en Colombia grupos paramilitares para combatir a las guerrillas, como las ahora desaparecidas FARC, que dos décadas antes se habían alzado en armas contra el Estado en las zonas rurales. Tanto la guerrilla como los paramilitares adoptaron la cocaína como su principal fuente de ingresos, lo que sentó las bases para guerras territoriales.
Mancuso era el segundo al mando de los escuadrones de la muerte de las AUC. Los paramilitares sembraron el terror masacrando y persiguiendo a aquellos que, según ellos, tenían vínculos con la guerrilla. Entre sus víctimas se encontraban miembros de sindicatos, líderes indígenas, defensores de los derechos humanos y políticos. Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2002 y 2006, las AUC "perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados" y otros delitos bajo las órdenes de Mancuso en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
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En enero de 2026, el exparamilitar fue condenado a 40 años de prisión por 117 delitos cometidos contra el pueblo indígena Wayú entre 2002 y 2006. La sentencia salió tras dos años de haber regresado de Estados Unidos, donde cumplió una condena de 16 años de prisión por narcotráfico. También se le ordenó pagar una multa de 14 millones de dólares.
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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP