El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realiza un fuerte llamado a las autoridades para que se judicialice con todo el peso de la ley a quienes utilizan niños y adolescente en actividades delictivas en Buenaventura.
En el puerto, la vida de los menores está en riesgo, pues “no se puede permitir que hechos como el que se conoció en Buenaventura tras la captura de cuatro adolescentes entre 14 y 16 años presuntamente utilizados por bandas criminales en la comisión de delitos sigan bañando con sangre la vida de nuestros jóvenes”, aseguró el subdirector de Responsabilidad Penal del ICBF, Mario Suescún Chaparro.
El Valle del Cauca es uno de los departamentos donde más menores deben ser atendidos, pues, en el 2014, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes atendió a 2.953 en conflicto con la ley, de los cuales 153 fueron del puerto.
Jhon Arley Murillo, director Regional del ICBF en el Valle del Cauca, explicó que “el ICBF ha venido aumentando los recursos para generar a los niños, niñas y adolescentes de este municipio una alternativa de vida apartada del delito, al tiempo que la Fuerza Pública hace lo pertinente para poder detener estas acciones que los vinculan a la violencia”.
Por otro lado, según datos del ICBF, 1.200 menores bonaverenses participan en iniciativas de formación musical y deportiva, mientras que otros 500, pertenecientes al área rural, han sido capacitados en proyectos productivos para generar nuevas opciones de vida, apartadas de la violencia.
“El reto más importante que tiene hoy Buenaventura es salir de ese círculo de violencia y a eso le está apostando el ICBF, para poder tener resultados que sean de gran impacto y que puedan ser significativos en el cambio y la vida de muchos jóvenes, como hoy se está haciendo”, puntualizó Murillo.
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