ONIC sostiene que 158 fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, de los cuales 94 murieron en el primer año de gobierno de Duque.
"Nos vemos en la obligación ética y política de declarar la situación de emergencia humanitaria, social y económica en todos los pueblos indígenas de Colombia a raíz del sistemático y continúo genocidio que en lo que va de un año de gobierno", manifestó la Organización Nacional Indígena de Colombia en un comunicado tras la reunión de su Asamblea Nacional de Autoridades.
"Seguimos viviendo enfrentamientos de actores armados en los territorios indígenas qué provocan desplazamiento y confinamiento a diario con los pueblos Embera y Waunaan en el departamento del Chocó, frontera con Panamá, y asesinatos sistemáticos y confinamiento al pueblo indígena Awá en Nariño, frontera con Ecuador", añadió la ONIC.
De igual forma alertaron del desplazamiento por violencia de comunidades en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia al menos 462 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado.
Entre tanto un estudio de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con esa antigua guerrilla
El domingo pasado, el indígena Enrique Guejia Meza fue asesinado en una zona rural del departamento del Cauca y su caso se convirtió en el tercer homicidio de un líder social que ocurrió en esa región colombiana la semana pasada.
El homicidio de Guejia Meza se sumó al del líder campesino José Eduardo Tumbó, quien fue asesinado el sábado por desconocidos en una zona rural del municipio de Corinto
y había participado en las movilizaciones indígenas de marzo pasado.
El jueves pasado también fue asesinado el guardia indígena Gersain Yatacue en una zona rural de Caloto.
Ante esta situación, los indígenas pidieron este jueves a la comunidad internacional que actúe como "garante y veedor" para superar la "situación de emergencia" que viven, así como instaron al Gobierno a "adoptar las medidas necesarias" para solucionar el problema.
El pasado 19 de julio, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que algunos de sus líderes han recibido amenazas por parte del Cartel de Sinaloa, que según ellos tiene alianzas con las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Once días antes, los coordinadores del CRIC también manifestaron que recibieron amenazas de muerte por parte de las disidencias de las FARC al parecer por las acciones que han llevado a cabo para impedir el accionar de ese grupo armado.