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Inhabilitan por 10 años a exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía

Inhabilitan por 10 años a exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía
Inhabilitan por 10 años a exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía

La Procuraduría General en primera instancia, sancionó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía y por 11 años al exdirector jurídico Raimundo Tello, al encontrar irregularidades en el contrato para cirugías bariátricas destinados para la población vulnerable.
El abogado demandante y exsecretario General del ente territorial, Elmer Montaña explicó las irregularidades encontradas por la Procuraduría.
“Sin haber realizado estudios previos, sin haber hecho una convocatoria en los términos que señala las normas contractuales, violando todos esos procedimientos realizó una contratación directa con la IPS Eduardo Bolaños. Fueron varios contratos y muchas quejas que se presentaron en ese momento en calidad de secretario General de la Gobernación. Lo cierto del caso es que al observar esas irregularidades fue sancionado”, señaló Montaña.
El abogado Raimundo Tello dijo que aún no ha sido notificado de esta decisión pero responde que desde la oficina jurídica en su momento se atendió de manera urgente varias acciones de tutela por el tema de las cirugías bariátricas.
“La premisa fundamental era que se tenía que atender unos fallos de tutela que le habían impartido la orden a la Gobernación del Valle de atender a unas personas con obesidad mórbida y que tenían que ser operadas en forma urgente porque estaba en riesgo su vida. El equipo jurídico de la Gobernación se remitió a atenderlos de forma urgente. No entiendo los fundamentos de la decisión pero pues es la autoridad”, afirmó Tello.
Este fallo en primera instancia de la Procuraduría también absuelve al exgobernador del Valle y exsecretario de salud Héctor Fabio Useche.
Esta es la segunda vez que Abadía es inhabilitado y sancionado. En la primera vez la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por más de 10 años por presunta participación en política, después de la aparición de unas fotografías de una finca en zona rural de Palmira, en el corregimiento de Rozo, en una reunión en la que estuvo el entonces candidato presidencial Andrés Felipe Arias. 

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