Las pruebas de la Fiscalía contra el general (r) Romero, excomandante de la Cuarta Brigada

El ente acusador radicó la acusación contra el oficial, señalado de encabezar una red criminal que direccionaba millonarios contratos a cambio de coimas.
Noticias Caracol tiene en su poder el documento de 64 páginas que condensa las pruebas de la Fiscalía contra el general en retiro Jorge Horacio Romero Pinzón , detenido desde agosto.
Según las pesquisas, el excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, no solo lideró una organización criminal dedicada a amañar contratos a cambio de coimas, sino que sacó del camino a los subalternos que evidenciaron estos delitos e intentó sepultar para siempre las denuncias de corrupción.
Tal como lo reveló Noticias Caracol hace cuatro meses, la Fiscalía reprochó las movidas del general Romero para encubrir a sus secuaces, entre ellos seis militares y tres particulares.
Por ejemplo, el 30 de mayo de 2017 el mayor Edwin Vargas denunció ante el inspector del Ejército cómo se direccionaban contratos a cambio del 10 por ciento.
En particular señaló al coronel Harold Felipe Páez y al mayor Edwin Carrillo, también procesados en este expediente.
Por competencia, el caso le fue remitido al general Romero, quien lo archivó de inmediato sin siquiera escuchar en ampliación de denuncia al mayor Vargas.
Romero sepultó dos meses después una segunda denuncia con una peregrina explicación: “los hechos que se narran en la queja son disciplinariamente irrelevantes, que no hace necesario mover el aparato jurisdiccional disciplinario".
La Fiscalía concluyó que lo que hizo Romero fue ocultar sus pasos y esconder a sus cómplices.
Por poco lo logra. En algunas ocasiones, los negocios estaban tan amarrados que el soborno se pagaba, incluso, antes de que la Brigada adjudicara los contratos.
Esta red ilegal habría recibido millonarias coimas en contratos por más de 3.300 millones de pesos por mantenimiento de vehículos, cafetería y cáterin y suministros de almacenes.
Aún más, los investigadores descubrieron que esta organización promovió y ejecutó el hurto de gasolina destinada a los carros de esa unidad castrense. Incluso algunos negocios ilegales se pagaron con los galones de combustible robados.
Todo esto es parte de una telaraña criminal que, a pesar de haber sido denunciada ante el general Romero con fotos, videos y facturas, operó a sus anchas en la brigada más grande del país. La Fiscalía señaló al respecto: “(los) recursos obtenidos por la venta ilegal del combustible de los vehículos del Ejército eran utilizados para beneficio personal del general Romero y varios de sus subalternos”.
Romero, de 53 años, está recluido en la Escuela de Caballería del ejército nacional en el norte de Bogotá.
Hoy es el oficial de más alto rango que ha sido acusado por corrupción.
Y aunque se jura inocente, las evidencias en su contra lo tienen ad portas de un juicio por cuatro delitos.