Esta nueva fase de aislamiento selectivo en Colombia, si bien traerá beneficios para la economía, implicará mayor disciplina ciudadana, de las empresas y demás sectores, para no retroceder en lo avanzado frente al coronavirus COVID-19 .
El epidemiólogo Carlos Trillos explicó: “aquí es muy importante considerar que el virus va a seguir circulando y debemos ser muy estrictos con las medidas preventivas. No es momento de hacer reuniones sociales, de hacer fiestas. Hay que salir estrictamente lo necesario”.
Entre otras disposiciones, el gobierno mantiene cerradas las fronteras, expedirá un protocolo para el comportamiento de los ciudadanos en las calles y hace un llamado para que las empresas privilegien el teletrabajo.
Ahora, el control de la reactivación económica en el país lo tomó el gobierno nacional con la nueva etapa que, a partir del primero de septiembre, autoriza la apertura de: comercio, iglesias, gimnasios, transporte por carreteras, vuelos nacionales, terminales y aeropuertos, siempre y cuando cumplan con los protocolos exigidos.
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Pero establece que en los municipios de alta afectación los alcaldes, con la autorización del gobierno, podrán restringir actividades que consideren para un aislamiento selectivo y focalizado u otras propuestas para su apertura.
Un ejemplo de ese pedido especial se da en Bogotá, una ciudad de alto contagio. La alcaldesa Claudia López propone que, en el caso de las iglesias, no se abran templos, sino que se hagan planes piloto de automisas y misas a la ventana para evitar aglomeraciones.
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“Está claro en el decreto que todos esos instrumentos de orden público, como los toques de queda para manejar la pandemia, no podrán ser aplicados sin consulta y autorización del Ministerio del Interior”, explicó Diego Molano, director de Departamento Administrativo de la Presidencia.
Pero, ¿qué pasa si un alcalde impone una medida restrictiva o impide el paso de una ruta intermunicipal o interdepartamental sin la autorización del gobierno?
“Las inobservancias establecen claramente cuáles son las consecuencias jurídicas penales y disciplinarias de no acatar una directriz en materia de orden público por parte del presidente de la República”, indicó el viceministro del Interior, Daniel Palacios.
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