El atentado terrorista contra el batallón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, trae a colación la situación de orden público que vive el sur del departamento. “La población civil y minera está en medio del conflicto”, explicó el alcalde de Santa Rosa, Milton Olaya, a Noticias Caracol. “El sur de Bolívar es un segundo Catatumbo”. La Defensoría del Pueblo publicó un comunicado tras conocerse el ataque, que ya deja al menos tres soldados muertos y más de 40 heridos.
Precisamente, el atentado ocurrió a la misma hora en la que las autoridades culminaban un consejo de seguridad que fue convocado tras el asesinato de tres personas en el municipio. Al finalizar la reunión, se escuchó el estruendo que produjeron los explosivos que venían cargados por drones. El ataque al parecer habría sido perpetrado por el Eln, en retaliación por la captura de alias Carrito, uno de los cabecillas de los frentes que operan en el sur de Bolívar. No obstante, este no es el único grupo que opera en la región, que representa un sector estratégico para organizaciones criminales.
Los departamentos que más han registrado ataques durante este año han sido Cauca, Nariño, Valle y Huila, pero Bolívar también viene sufriendo un deterioro de la situación humanitaria y del orden público, que la Defensoría viene alertando desde 2023.
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¿Qué grupos operan en el sur de Bolívar?
De acuerdo con Olaya, en la zona hay presencia del Eln, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá. La Defensoría señala que este atentado no constituye un hecho aislado, pues la entidad ha documentado el “deterioro de la situación humanitaria en el sur de Bolívar”. Los tres grupos tienen disputas por el control territorial, de las rentas de la minería y de los corredores estratégicos. El constante fuego cruzado ha generado afectaciones a la población civil.
Entre mayo y septiembre de este año, la Defensoría conoció 22 emergencias humanitarias asociadas a confinamientos y desplazamientos forzados que han afectado a más de 11.000 personas que viven en los municipios del sur de Bolívar. “Recibimos a cada rato desplazamientos, minas antipersonas, confinamientos, enfrentamientos de los grupos porque aquí se encuentran las minas de oro”, dijo Olaya en la entrevista. "Estamos cortitos de Fuerza Pública".
La presencia de actores armados y su influencia también han desembocado en restricciones de movilidad, interrupción de actividades educativas y dificultades en el abastecimiento de comida, medicamentos y hasta combustible en la zona, cuya actividad económica es la minería, la ganadería, el comercio, entre otras. Las estaciones de Arenal y Norosí han sufrido ataques que comprometieron su estructura durante 2026. Mientras tanto, prevalecen amenazas sobre guarniciones policiales que también podrían poner en riesgo a la población civil.
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Piden medidas para Santa Rosa del Sur
La Defensoría incluyó a Santa Rosa del Sur en su Alerta Temprana 034 de 2023 y se le hizo un informe de seguimiento en agosto de este año, pero no se ha percibido la acción de las autoridades en medidas que blinden a la Fuerza Pública y a los civiles. “Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección”, advirtió el ente en su comunicado más reciente.
El CIPRAT es un órgano de coordinación interinstitucional que debe ser coordinado por el Ministerio del Interior para hacerle seguimiento a las Alertas Tempranas. La figura existe desde 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP. En él participan el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad para las Víctimas, entre otras entidades
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En septiembre de este año, Santa Rosa del Sur fue visitado por los ministros del Interior y Defensa. Casi un mes después, el municipio se ve asolado con este nuevo ataque que llena de temor y zozobra a la población, que tendrá toques de queda durante el 7 y 8 de noviembre. La medida podría extenderse. Los mandatarios del sur de Bolívar siguen pidiendo medidas de seguridad y blindaje para los miembros de la Fuerza Pública y para ellos. El alcalde Olaya dijo en Noticias Caracol en vivo que ni siquiera los mandatarios en el territorio cuentan con vehículos blindados, pese a las advertencias que viene emitiendo la Defensoría desde hace tres años.
María Paula Rodríguez Rozo
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