No se violó derecho de personas que votaron por Petro: ponencia de magistrado

El sancionado alcalde de Bogotá Gustavo Petro entró el lunes en una semana decisiva para saber si permanecerá o no al frente del gobierno de la mayor ciudad de Colombia, indicó uno de sus abogados.

Petro, un ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), lucha por revocar un fallo emitido en diciembre y ratificado en enero por la Procuraduría General que lo destituyó del cargo y le prohibió hacer política por 15 años debido al cambio en el sistema de recolección de basura de la ciudad que el alcalde decretó en diciembre del 2012.

De acuerdo con la Procuraduría, la decisión de Petro violó normas de la libre competencia y la libre empresa y expuso a la mayor ciudad de Colombia, con ocho millones de habitantes, a un reguero de basura por tres días.

Pero tras semanas de incertidumbre por apelaciones y recursos, tanto por parte de la defensa del alcalde como de la Procuraduría, esta semana se espera que el Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes colombianas, y el Consejo Superior de la Judicatura, la máxima instancia disciplinaria de la rama judicial en este país, fallen sobre el caso del alcalde, indicó en diálogo telefónico Rafael Barrios, uno de los abogados de Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante del país después del presidente.

"La primera decisión que esté en firme, ya sea la del Consejo de Estado o la del Consejo Superior de la Judicatura, sobre esa decisión inmediatamente la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) debe actuar", dijo el abogado. "Esa sería la única forma de que el alcalde se quede (en el cargo), que la Comisión Interamericana otorgue la medida cautelar" que solicitó la defensa del alcalde a fines de 2013 y que pide suspender la decisión de la Procuraduría, explicó Barrios.

Sin embargo, no hay certeza de que la Comisión emita esas medidas antes de que las cortes locales fallen, por lo cual el propio alcalde ha dicho que la decisión final está en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien por normas colombianas es quien debe emitir un decreto designando a un gobernante interino y llamar a nuevas elecciones. Santos ha dicho que no toma partido ni a favor ni en contra del alcalde y que sólo cumplirá las leyes.

El abogado explicó que en caso de que la Comisión Interamericana suspenda la sanción de la Procuraduría, igual el alcalde Petro deberá enfrentar el 6 de abril un referendo revocatorio de su mandato porque es un proceso paralelo. Esa consulta fue impulsada desde fines de 2012 por un congresista por considerar que la administración de Petro era un casos administrativo. 

Si la Comisión no emite sus medidas, entonces el alcalde queda fuera del cargo y ya no habrá referendo.

Petro, cuyo período debía extenderse hasta diciembre de 2015, ha dicho que la Procuraduría no puede destituir un funcionario elegido por voto popular y que el procurador general Alejandro Ordóñez es un ultraconservador que se opone a sus políticas sociales. Ordóñez, opuesto a matrimonios de parejas del mismo sexo y el aborto, por ejemplo, ha destituido a decenas de funcionarios de distintas tendencias políticas.

En medio de la batalla legal, "sin duda alguna la ciudad está a la deriva porque el alcalde durante el último año largo se ha dedicado a defenderse, primero de la revocatoria y luego de la sanción que le impuso el Procurador", dijo telefónicamente el ex alcalde de Bogotá Jaime Castro (1991-1994).

Recordó que Petro "decidió que no se ejecuten en Bogotá los programas del gobierno nacional... en materia de vivienda y en materia de infraestructura vial" como el plan de Santos para construir 100.000 casas gratuitas para los sectores más pobres, pero que por disputas con el distrito capital vio como otros municipios recibían mayores fondos y asignación de viviendas. "La ciudad está pagando un precio muy alto" por todo el caso de Petro, dijo Castro.

Bogotá