Ocupan bienes de 9 concejales y exconcejales por carrusel de la contratación

Los bienes pertenecen a los concejales Julio César Acosta, Jorge Ernesto Salamanca, Fernando López Gutiérrez, Omar Mejía Báez, Javier Manuel Palacio Mejía y Orlando Parada. También se ocuparán bienes de los exconcejales Rafael Alberto Escrucería, José Fernando Rojas y Edgar Torrado. Todos están involucrados en el escándalo de corrupción del Distrito capital, en obras civiles, el sector salud y el acueducto, entre otras. La Fiscalía emitió el siguiente comunicado: "La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó el embargo con fines de extinción de 187 bienes, avaluados en $19.229.000.000, de propiedad de nueve concejales y exconcejales vinculados a la investigación por el carrusel de la contratación en Bogotá. En desarrollo de ese proceso del carrusel, que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, otro fiscal de extinción investiga la existencia de posibles bienes producto del desvío irregular de recursos asociados a conductas en contra de la administración pública, donde se encuentran vinculados funcionarios públicos, cabildantes y contratistas del Distrito. El Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo Torres indicó que se trata de una primera fase que realiza la Fiscalía en extinción sobre bienes que pueden ser objeto de corrupción, de delitos de cuello blanco. Con base en los informes de la Dirección de Policía Judicial de Extinción del Derecho de Dominio, se ordenó el embargo de 31 bienes del concejal Julio César Acosta Acosta, entre los cuales hay 5 inmuebles, 7 vehículos, 2 establecimientos comerciales y 17 productos financieros, estimados en $1 200 000 000. Igualmente, dispuso el secuestro de 23 bienes del exconcejal Orlando Parada Díaz, cuyo valor aproximado es de $5 599 000 000, repartidos en 8 inmuebles, 8 vehículos, 2 establecimientos comerciales y 5 productos financieros; así como los bienes del también cabildante Édgar Alfonso Torrado García, entre los que se cuentan 15 inmuebles, 9 vehículos, 6 establecimientos de comercio y 10 productos financieros, todos ellos valorados en $7 000 000 000. Los bienes que también fueron afectados corresponden a los de los concejales Jorge Ernesto Salamanca Cortés (57 inmuebles por $1 900 000 000); Fernando López Gutiérrez (4 inmuebles por $800 000 000); Omar Mejía Báez (7 inmuebles por $250 000 000); Javier Manuel Palacio Mejía (7 inmuebles por $1 300 000 000); Rafael Alberto Escrucería Lorza (5 inmuebles por $1 000 000 000), y José Fernando Rojas Rodríguez (3 inmuebles por $180 000 000). Por otra parte, la Fiscalía también ha embargado con fines de extinción 27 bienes de Emilio Tapia, en su cabeza y en cabeza de testaferros por un valor de $19 000 000, "es decir que aquí la Fiscalía en el día de hoy ha embargado bienes por valor de 40 mil millones de pesos", señaló el Vicefiscal Perdomo. El alto funcionario destacó que están cursando más de 30 procesos de extinción de dominio contra personas vinculadas al denominado carrusel de la contratación, que además están siendo procesadas bajo la nueva Ley de extinción de dominio 1708 de este año, que además permite la obtención de beneficios a quienes renuncien a la oposición de esta acción de extinción de dominio, que permite incluso que esas personas puedan contar incluso con un porcentaje de esos bienes. Asimismo, dijo que la Fiscalía hace un llamado a todas las personas que estén vinculadas al carrusel de la contratación para que no intenten esconder los bienes, puesto que la entidad está trabajando en la ubicación de esos bienes, no solo en cabeza de quienes están siendo investigados sino también de sus núcleos familiares, tanto en Colombia como en el exterior. "El llamado es a que se acerquen y accedan a los beneficios de la Ley 1708 que permite que avancemos de forma mucho más rápida en estos procesos de extinción de dominio", manifestó Perdomo Torres. Agregó que estos procesos hacen parte de una estrategia de la Fiscalía que deviene de la nueva estructura y el proceso de la modernización de la entidad, dado que las fiscalías no están investigando por separado sino que cuando se trata de hechos como en este caso, hechos de corrupción, a la par se están realizando procesos de extinción de dominio que implica que se ataquen las finanzas de estas organizaciones de corrupción u organizaciones delincuenciales. El Vicefiscal también aclaró que las personas que están siendo objeto de esta Ley de extinción de dominio, de esta acción de extinción, están vinculados en procesos penales sin que el proceso de extinción de dominio dependa de los resultados de los procesos penales, pues la ley de extinción es independiente. Finalmente, expresó que la Fiscalía que en materia de corrupción no solo está desarticulando estas organizaciones, no solo está imputando los delitos que se han cometido, sino que también está atacando las finanzas de estas organizaciones delincuenciales, que no solo son bienes en cabeza de los directamente vinculados sino en cabeza de sus núcleos familiares, personas que se han prestado para ser testaferros, quienes por supuesto también ser objeto de procesos penales, entre otros delitos por el delito de lavado de activos".