A pocos días de cumplirse diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc, el balance sobre su implementación vuelve a poner sobre la mesa las deudas que persisten con las víctimas y las comunidades de los territorios más afectados por el conflicto armado. En medio de las reflexiones sobre esta década, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, planteó en entrevista con Noticias Caracol que una de las principales obligaciones pendientes del Estado es garantizar el desarrollo territorial integral en las regiones priorizadas por el acuerdo.
También se refirió a las responsabilidades de los antiguos integrantes de las Farc, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los efectos que ha tenido la polarización política sobre el proceso. Sus declaraciones se dieron en el marco de la preparación del evento '10 años del acuerdo de paz. Audiencia defensorial. La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional', en el que se presentará un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo a partir de fuentes oficiales, información institucional y encuentros con víctimas, comunidades y firmantes de paz.
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La principal deuda del acuerdo de paz con las víctimas
Para Marín, el desarrollo territorial integral sigue siendo uno de los mayores pendientes de la implementación del acuerdo, especialmente en las zonas rurales que fueron priorizadas por sus niveles de pobreza, violencia y presencia de cultivos ilícitos. "Yo creo que el desarrollo territorial integral es una deuda del país con el acuerdo final de paz y con la paz en Colombia...este es lo que estaba recogido en el punto 1 del acuerdo que busca eliminar o superar o avanzar en la brecha entre lo urbano y lo rural. Esas zonas que son las que se priorizaron por el cultivo ilícito, violencia y la pobreza tienen mayor incidencia que en zonas urbanas (...) para mí, la mayor deuda es la igualdad territorial. Se ha avanzado pero esa es la gran deuda del país en general. De hecho, la pobreza multidimensional disminuyó de manera importante en esas zonas en los últimos años, que son 16 zonas del país que fueron focalizados por ciertos factores".
La defensora coincidió con Juan Roberto Vargas en que la falta de una presencia integral del Estado ha facilitado que otros grupos armados ocupen los espacios que dejaron las Farc tras su desmovilización. Como ejemplo, mencionó la situación del Cauca y los cambios en los indicadores de violencia durante los primeros años posteriores a la firma del acuerdo. "De acuerdo. Ha habido estos avances y toca rescatarlos. La gran deuda, coincido, es esa. Uno mira el Cauca. En 2017, 2018, 2019 fueron años de relativa paz. Si lo miramos en cifras se redujo bastante la cifra en comparación a la situación del Cauca de hoy. La falta de una llegada integral del Estado para resolver todos esos temas que se convierten en el cultivo para que otros grupos puedan llegar (...) El incumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz o los retrasos del mismo, ha sido insuficiente, un factor de persistencia de la violencia, de resurgimiento".
¿Cuál es la deuda de las Farc con las víctimas?
En cuanto a las responsabilidades de los antiguos integrantes de la guerrilla, Iris Marín reconoció que la mayoría de los miembros del antiguo secretariado dejó las armas y ha comparecido ante la JEP. Sin embargo, señaló que todavía hay una deuda relacionada con el reconocimiento del daño causado y la actitud frente a las víctimas y la justicia. "Ellos han cumplido en mucho. La mayoría del secretariado dejó las armas, han cumplido, otros reincidieron, pero la mayoría han cumplido ante la JEP. La deuda, tienen que mostrarse más respetuosos del dolor de las víctimas y de la justicia. Las audiencias de las JEP han sido conmovedoras y han tenido que reconocer responsabilidad, el daño que han causado y que causaron con secuestro, toma de poblaciones, violaciones, etc...No se han dado cuenta de que aunque el acuerdo prevé unas acciones restaurativas también dice que las sanciones deben ser efectivas y que ellos deben comportarse como tal".
Al explicar qué significa cumplir con lo pactado, la defensora recordó que el objetivo principal del acuerdo era poner fin al conflicto armado y permitir que miles de personas abandonaran las armas. "No volver a las armas. La finalidad básica del acuerdo de paz: la paz negativa. Terminar la guerra. Silenciar los fúsiles. No es menor. Alrededor de 13.000 personas dejaron las armas y 11.000 siguen en proceso de reincorporación y que el antiguo secretariado haya dejado las armas, por lo menos la mayoría. Cumplir también son los derechos de las víctimas, lo que hace muchos años se dejó de lado. Por eso creo que deben tener una actitud de responsables".
El debate sobre las sanciones de la JEP
Otro de los asuntos abordados por Marín fue la discusión sobre las sanciones restaurativas impuestas por la JEP a los antiguos integrantes de las Farc que reconocieron su responsabilidad en los crímenes cometidos durante el conflicto. Frente a los cuestionamientos sobre las actividades restaurativas y la efectividad de esas sanciones, la defensora explicó que el acuerdo contempló penas de entre cinco y ocho años para quienes aportaran verdad, pero recordó que estas debían incluir restricciones efectivas de derechos y acciones concretas de reparación a las víctimas y los territorios. "Hay que hablar de integralidad...ese fue el acuerdo, se establecieron sanciones entre 5 y 8 años a quienes dijeran la verdad de carácter restaurativo que quiere decir una limitación de la zona donde pueden movilizarse, una restricción efectiva de derechos y una contribución a la reparación y restauración de los territorios a través de búsqueda de desaparecidos, etc...Dice el acuerdo que la sanción es restaurativa y restrictiva, también tiene que generar aflicción. Yo creo que esas condiciones tienen que supervisarse con la actitud de ellos".
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Marín consideró legítimo que el país discuta si las condiciones actuales de las sanciones están cumpliendo con las expectativas de las víctimas. No obstante, pidió que la discusión se centre en los resultados de la justicia y no únicamente en cuestionamientos administrativos a la JEP. "Yo creo que ese debate es válido y legítimo. Creemos que la finalidad del acuerdo de paz fue cumplirle a los derechos de las víctimas. Si las condiciones en que se están adelantando los procedimientos y las sanciones no están dando suficiente satisfacción en ese sentido, es algo que debemos debatir...Pensemos en los procedimientos y los resultados para las víctimas y si tenemos que discutirlos como modificaciones que permitan potenciar la capacidad de la justicia para garantizar los derechos de las víctimas y reestablecer un orden. Que no se sienta que están (los grupos armados) por encima de la ley (...) Lo que no creo es que tengamos que simplificarlo a un debate burocrático de la JEP".
La defensora también cuestionó las propuestas de cerrar anticipadamente la jurisdicción, al advertir que el país todavía enfrenta dificultades para juzgar los crímenes cometidos durante décadas de conflicto armado. "Pensemos en justicia y paz, ley del 2005, que no ha terminado de procesar a todos los responsables (...) Estamos judicializando criminalidad a gran escala en un país con más de diez millones de personas afectadas por esa violencia. No ha sido fácil para justicia paz, para los tribunales de justicia internacionales, para la justicia ordinaria, ni para la JEP. Piden que en año y medio se acabe la JEP por estas razones. Un momento, pensemos, ¿cuál es el diagnóstico según el cual nosotros pasando esos casos va a haber más justicia, no va a haber impunidad y las víctimas están mejor? No lo conozco". A esto sumó la importancia de garantizar la seguridad jurídica tanto para los antiguos combatientes como para las víctimas.
Los firmantes de paz y las deudas del Estado
Sobre el paradero y las condiciones actuales de quienes dejaron las armas, Marín señaló que cerca de 11.000 personas continúan en proceso de reincorporación. Muchas permanecen en los territorios donde estuvieron vinculadas al conflicto y enfrentan dificultades para desarrollar sus proyectos de vida. La defensora advirtió que uno de los problemas más graves es la seguridad física de los firmantes, pues más de 500 han sido asesinados durante estos diez años. También mencionó las dificultades económicas y jurídicas que enfrentan para completar su reincorporación.
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"Tenemos que hablar de las deudas (del Estado) con los firmantes de base, con el que está con el proyecto de cacao. Tienen retos de seguridad física. Han matado más de 500 firmantes en estos 10 años. De seguridad socieconómica. La reincorporación implica de qué viven, que es de proyectos productivos y de subsidios del Estado. Por ejemplo, en el presupuesto del próximo año este presupuesto se redujo. También la seguridad jurídica. Es decir, ese fue el acuerdo al que llegamos y habrían podido decir que no, que no se desmolizaban con ese acuerdo. Se desmovilizaron bajo un acuerdo jurídico y esa tiene que garantizarse también con las víctimas, no dejarlas de lado...Esto de estar rediscutiendo un acuerdo que permitió que alrededor de 13.000 personas dejaran las armas y en el que el Estado también ha tenido deudas, no creo que nos lleve a ningún punto positivo".
Marín también se refirió a la percepción que generan algunos antiguos jefes guerrilleros en sus intervenciones públicas y ante la justicia, y señaló que deben mostrar una actitud distinta frente a quienes padecieron sus acciones. "Ellos tienen que mostrar humildad, culpa".
La polarización política y el futuro del acuerdo
La defensora también respondió a los cuestionamientos que se han hecho desde distintos sectores políticos sobre la legitimidad del acuerdo de paz, incluido el debate que volvió a surgir tras las declaraciones del embajador de Colombia ante Naciones Unidas, quien afirmó que el pacto no representa al país. Marín pidió que la discusión no se quede atrapada en las diferencias políticas y que se reconozcan los avances que ha dejado el proceso, especialmente en materia de reducción de la violencia y reconocimiento de los derechos de las víctimas. "Debemos mirar hacia el futuro. Lo importante del acuerdo de paz no es que sea un modelo para el mundo, sino que sea un modelo para Colombia y yo creo que hay muchos aspectos en los que sí lo es, para las víctimas y para la reducción de violencia que trajo".
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"Creo que la deuda de desarrollo territorial es una deuda del país y hay una agenda en la que podemos estar de acuerdo (...) Tener también el referente de justicia no donde el grupo armado sea el que ejerce el poder. Colombia tiene una institucionalidad fuerte. Tenemos que recuperar el control territorial y la legitimidad, el estado de derecho en las regiones. Es una deuda no solo con el acuerdo final de paz, con su punto uno y tres, es una deuda con la gente de esas regiones que también son ciudadanos y ciudadanas colombianas". Para la defensora, la polarización ha sido uno de los principales obstáculos para discutir con profundidad la implementación del acuerdo. Aunque reconoció que las diferencias hacen parte de la democracia, cuestionó que el debate se reduzca a posiciones políticas sin suficiente sustento en cifras y diagnósticos.
"Ha sido el problema principal. Lo bueno es que hace parte de la democracia y pone debates que tenemos que hacer. Lo contraproducente es que simplifica, polariza y no se hace basado en diagnósticos. ¿Dónde están las cifras? Todo eso lo elimina y deja sentimientos muchas veces negativos que para muchos políticos es funcional y pensamos que estamos dando un debate y yo creo que lo estamos evadiendo. Nos hace pensar que no estamos en el mismo barco y si el barco se hunde, nos hundimos todos". En ese contexto, la Defensoría del Pueblo prepara un encuentro en el que participarán los tres expresidentes que han estado vinculados a las distintas etapas de este proceso de paz, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, respectivamente. Marín aseguró que les ha pedido asumir una "postura constructiva" y pensar en el futuro del país.
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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL