Las críticas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la propuesta del Gobierno del presidente Petro de humanizar el sistema carcelario a través de la salida de reclusos de las prisiones generó un gran debate.
La preocupación de la alcaldesa es que esta propuesta afecte aún más negativamente los índices en materia de seguridad de la capital, a la vez que considera esta iniciativa como una excusa para combatir el hacinamiento que está en 250% en la ciudad.
Expertos coinciden en que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, debe moderar la propuesta. Por ejemplo, que los detenidos que puedan salir a trabajar sean solo los procesados o condenados por delitos menores y no aplique para reincidentes. Asimismo, que la razón por la cual un juez avale la salida de prisión no sea el hacinamiento.
“Si se trata de delitos menores que no deben tener penas altas, pero no necesariamente la solución es simplemente excarcelarlos o no, o no castigarlos. Acá hay que plantear una propuesta intermedia que es que la reincidencia criminal, es decir, la recurrencia en capturas, o la recurrencia en imputaciones de la Fiscalía sea un factor agravante para que cuando una persona es capturada cometiendo un delito sea cobijada con medida de aseguramiento”, dijo Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá.
Sin embargo, voces desde el derecho penal apoyan la iniciativa del Gobierno, pues dicen que si se aplica correctamente puede cumplir ese propósito a la larga de resocialización.
“Contrario a lo que muchos dicen esto nos ayudaría a largo plazo a disminuir la reincidencia toda vez que estas personas que ingresan a estos establecimientos carcelarios en condiciones indignas se convierten hoy en día en profesionales de la delincuencia, pero con esto se busca que esta persona realmente se resocialice”, indicó José Moreno, abogado penalista.
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