
En medio de la coyuntura crítica que atraviesa el sector arrocero en Colombia, el Gobierno Nacional anunció este viernes 18 de julio un acuerdo preliminar con la industria y los productores, representados por Fedearroz, que permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para fortalecer la sostenibilidad de la cadena productiva.
La noticia fue divulgada a través de un comunicado oficial del Ministerio de Agricultura, en el que se detallan los compromisos iniciales pactados con los diferentes actores de la cadena arrocera, con el objetivo de proteger tanto a los agricultores como a la industria nacional, garantizar el abastecimiento para los consumidores y salvaguardar la soberanía alimentaria del país.
“Tras un proceso de diálogo respetuoso y constructivo, se alcanzó un acuerdo preliminar con la industria arrocera y Fedearroz como representante de los productores. Esto permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo”, se lee en el documento.
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Estos son los puntos a los que se llegaron entre el Gobierno y los productores:
Definición de precios mínimos de referencia
Uno de los puntos centrales del acuerdo consiste en que el Gobierno, “en uso de sus facultades legales, expedirá un acto administrativo que establezca un régimen de libertad regulada para definir un precio mínimo de referencia para el arroz paddy verde”, es decir, el grano que se obtiene tras la cosecha y antes del proceso de secado y molienda.
De igual forma, se adoptará un mecanismo similar para el arroz blanco, con el fin de que los consumidores no se vean afectados por aumentos en el mercado. “El Gobierno Nacional expedirá un acto administrativo de régimen de libertad regulada para establecer un precio mínimo de referencia para el arroz blanco, asegurando también un abastecimiento y acceso estable para los consumidores”, señala el comunicado.
Protección frente a pérdidas de cosecha
Mientras se expiden las resoluciones con los nuevos precios mínimos, el acuerdo contempla una solución provisional para proteger la cosecha de los agricultores. La industria se comprometió a realizar la compra del arroz en las condiciones actuales del mercado para evitar su deterioro.
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“Como muestra de voluntad para que pueda avanzarse en la concertación de un acuerdo estructural de la cadena, y con el objetivo de que la materia prima no se deteriore y los agricultores no pierdan el arroz cosechado, la industria garantizará la compra del arroz para su almacenamiento y conservación en las condiciones de comercialización actuales”, señala el Ministerio.
Una vez entren en vigor las regulaciones de precio, se deberá compensar a los agricultores. “Se pagará a los productores la diferencia entre el precio pagado y los precios establecidos en la resolución de libertad regulada de precios del arroz paddy verde”, agrega el documento.
Medidas estructurales y a largo plazo
Además de las soluciones inmediatas, el acuerdo incluye una hoja de ruta hacia una transformación profunda del modelo productivo arrocero. Para ello, el Gobierno implementará el Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, con el fin de coordinar a todos los eslabones de la cadena en una política de largo aliento.
“Este acuerdo reconoce que existen problemas estructurales en la cadena arrocera, razón por la cual se avanzará paralelamente en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que articule a todos los eslabones de la cadena en una ruta conjunta de largo plazo que salvaguarde y proteja la producción primaria y la industria nacional, garantizando la soberanía alimentaria ante las fluctuaciones internacionales del arroz”, explica el Ministerio de Agricultura.
Otra de las medidas acordadas será la implementación de una salvaguardia comercial, una herramienta que busca proteger la producción nacional frente a amenazas derivadas de las importaciones. Según el comunicado, “el Gobierno Nacional implementará una salvaguardia sobre el arroz en los términos del artículo 5 de la Ley 101 de 1993 y demás leyes que regulan la materia”.
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Este tipo de instrumentos, contemplados en la legislación nacional, permite establecer restricciones temporales a la entrada de productos cuando se comprueba que afectan significativamente a la industria nacional.
Compromiso con la soberanía alimentaria
El Ministerio de Agricultura también enfatizó en que todas las medidas adoptadas responden a un enfoque de protección integral del sector agropecuario, en especial de los pequeños y medianos productores.
“El Gobierno nacional reitera su compromiso con una política agropecuaria que garantice ingresos mínimos dignos para los productores, sostenibilidad para la industria y, de manera prioritaria, la soberanía alimentaria del país”, subraya el documento.
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Además, se continuará fomentando el diálogo entre los distintos actores. “Seguiremos promoviendo el diálogo con los diferentes actores de la cadena, representantes de los productores, industriales y comercializadores para construir soluciones de cadena que permitan resguardar y proteger la producción e industria nacional, así como la seguridad y soberanía alimentarias”.
El Ministerio cerró el comunicado reiterando que este esfuerzo conjunto busca asegurar que Colombia cuente con una cadena arrocera sólida, justa y resiliente, en beneficio de millones de colombianos que dependen de este cultivo como fuente de ingreso y de alimento básico.
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