Video de contratista de Bancolombia que celebró decisión de la Corte contra Uribe genera polémica

La polémica en redes sociales se generó por el video de una mujer identificada como Lina Arango, quien celebró el fallo de la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe, mientras hacía sonaba de fondo el himno nacional.El problema radica en que la voz de Arango es la que responde en el conmutador de Bancolombia.Como era de esperarse, la reacción de los clientes de la entidad financiera se polarizó y hubo amenazas de cancelación de servicios, tanto si ella permanecía relacionada con el banco como si era retirada.Ante el debate, un abogado experto en derecho laboral explica si un comentario personal expresado a través de medios públicos como las redes sociales puede tener repercusiones en la vida laboral.“Como todos sabemos, lo que se dice inicialmente hace parte del derecho a la intimidad de las personas, pero deja de ser íntimo cuando uno lo expone públicamente. Si por alguna razón las personas o las compañías han pactado algún tipo de restricción legal orientada justamente a evitar comentarios públicos que puedan impactar negativamente a la compañía, pues podría llegar a tener una sanción disciplinaria y eventualmente, en el marco del debido proceso, a ella se le podría dar o una sanción disciplinaria o dar por terminado su contrato de trabajo”, subraya Martín García, abogado experto en derecho laboral.Ante la situación generada por el comentario de quien grabó la voz de su conmutador, Bancolombia emitió un comunicado explicando la relación entre la compañía y Lina Arango. En el pronunciamiento dicen que es una contratista y no una empleada directa del banco.Además, agregó: “Las opiniones personales de nuestros proveedores externos no representan a nuestra organización, como ha sido siempre nuestro actuar, invitamos al uso responsable de las redes sociales en el marco del respeto y la conversación constructiva”, señala Bancolombia.Este hecho revivió el debate sobre cuándo se cruza la delgada línea entre la libertad de expresión y el derecho de las empresas de establecer reglas frente a lo que publican sus empleados o colaboradores, o a revisar perfiles de redes sociales para iniciar o terminar contratos.