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La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias en las que una mujer, identificada por las autoridades como "Stefanny", habría accedido a información sensible en el Batallón Guardia Presidencial, específicamente en el Batallón de Fuerzas Urbanas (Bafur 5). El caso involucra directamente a dos uniformados del Ejército Nacional, el mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristhian Padilla Villanueva, quienes son señalados de extralimitación de funciones y de facilitar el acceso indebido de la civil.
La indagación se desarrolla con base en la Ley 1862 de 2017, conocida como el Código Disciplinario Militar, que regula el comportamiento de los miembros de la Fuerza Pública y establece las faltas y sanciones aplicables en casos de incumplimiento de sus deberes. El proceso busca determinar si las actuaciones de los mencionados oficiales constituyeron una falta disciplinaria y si su proceder representó un riesgo para la seguridad nacional.
Según la información recopilada por la Procuraduría, la mujer se habría presentado como capitán adscrita al área de inteligencia de la Policía Nacional. Con esta identidad, logró establecer contacto con personal del Bafur 5 y, presuntamente, recibió información catalogada como reservada, secreta y ultrasecreta. Entre los temas que habría conocido se encuentran reportes relacionados con estructuras criminales de alcance transnacional, como la organización conocida como el "Tren de Aragua".
Los reportes entregados al Ministerio Público señalan que el mayor Jiménez Cárdenas habría dado instrucciones a un oficial para permitir a la supuesta capitán acceso a un computador de operaciones. Este dispositivo contiene los planes diarios de seguridad, rutas y protocolos de desplazamiento del presidente de la República, de su núcleo familiar y de la vicepresidenta. Se trata de información cuya protección es considerada prioritaria en los esquemas de seguridad del Estado, dado que cualquier filtración puede derivar en riesgos directos para la integridad de los altos funcionarios.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública tiene a su cargo el proceso. En esta etapa inicial, la entidad debe establecer si las conductas de los oficiales se ajustaron a lo dispuesto por la normatividad militar o si, por el contrario, configuraron una violación a los deberes del cargo. También se indaga si hubo motivaciones particulares detrás de las decisiones adoptadas, si los uniformados actuaron bajo engaño o bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, y cuál pudo haber sido el perjuicio causado a la administración pública.
El Ministerio Público subrayó que, por tratarse de una indagación, no existe aún una determinación de fondo sobre la responsabilidad de los implicados. El procedimiento se encuentra en etapa preliminar y busca recopilar pruebas, testimonios y documentos que permitan esclarecer lo ocurrido dentro del Batallón Guardia Presidencial. En las siguientes semanas, la Procuraduría deberá definir si hay mérito para abrir una investigación formal contra el mayor Jiménez y el sargento Padilla. En caso de encontrarse pruebas suficientes, el proceso podría avanzar hacia la formulación de cargos, etapa en la que se determinarán las faltas disciplinarias concretas y las posibles sanciones.
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El Batallón Guardia Presidencial tiene a su cargo la seguridad de la Casa de Nariño y la protección del presidente de la República, así como de su familia y de la vicepresidenta. Por ello, sus protocolos de manejo de información son estrictos y cualquier vulneración se considera de alto impacto. El Bafur 5, a su vez, es una unidad especializada en operaciones urbanas, que cumple un papel clave en la seguridad de la capital.
La posibilidad de que una persona ajena a la institución haya ingresado bajo una identidad falsa y accedido a equipos de uso restringido genera preocupación en las autoridades, que buscan establecer si se trató de una falla en los controles internos, de un acto de negligencia o de un comportamiento deliberado de los militares vinculados. Este tipo de investigaciones pueden derivar en sanciones que van desde la suspensión temporal de funciones hasta la destitución e inhabilidad, dependiendo de la gravedad de la conducta comprobada.
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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co