Fabio Zuleta Díaz está en el ojo del huracán desde que se conoció una entrevista que le hizo a un indígena, Roberto Barroso, que supuestamente es un palabrero wayú.
En ella, el humorista y su invitado hablan de manera despectiva sobre las mujeres de esa etnia e, incluso, se refieren a ellas como objetos sexuales que pueden comprarse.
El procurador general, Fernando Carrillo, pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra estos dos hombres porque no se puede “tolerar, siquiera insinuar, que son costumbres ancestrales que legitiman una acción de esta naturaleza, paradójicamente en un día cuando se está celebrando la dignidad en el caso de las mujeres que han sido objeto de violencia sexual”.
Zuleta se disculpó con las mujeres wayú y aseguró que esa conversación solo se publicó en redes sociales y no en la emisora donde tenía su programa de humor.
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“Esa entrevista no salió al aire por Sistema Cardenal, solamente yo utilicé el escenario de la emisora para grabar el video y lo monté en mi cuenta de Instagram, lo mismo que yo no soy empleado de la emisora, yo soy es concesionario”, aseveró.
Jefferson Caamaño, abogado penalista, considera que esa polémica entrevista “se constituye más bien es en una conversación entre dos personas, yo creería que ni en modalidad de tentativa podríamos estar hablando de una trata de personas”.
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Sin embargo, el jurista Hugo Mendoza considera que Zuleta y su invitado podrían haber incurrido “en delitos contra la libertad, integridad e informaciones sexuales, particularmente el enfoque que tiene que ver con delitos como por ejemplo inducción a la prostitución de alguno de los que allí interviene dentro del género de los abusos sexuales”.
Si Zuleta fuera hallado responsable de tráfico de personas se enfrentaría a una pena de entre 13 y 23 años de prisión.
Si el delito se cometiera sobre un menor de edad la condena aumentaría a entre 30 y 60 años de cárcel.
Expertos en materia penal consideran que se trataría de una clara violación de los derechos humanos porque pretende un paralelo con el genocidio o la limpieza étnica, es decir, destruir todo rastro de la etnia wayú.
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Fabrina Acosta, de la Fundación Evas y Adanes, hizo un reclamo adicional, pues los comentarios desproporcionados de Zuleta lo que hicieron fue “cosificar a nuestras mujeres y poner en burla los usos y costumbres de nuestra comunidad wayú. Es importante que la violencia de género no se naturalice y que este tipo de delitos no se aplauda”.
Creen que, si la Fiscalía no abre proceso contra el humorista, se configuraría el delito de discriminación por razón de la etnia.