Son cuatro los ejes principales con los cuales el Gobierno nacional busca combatir los cultivos ilícitos del país. Uno de ellos es el pago de subsidios a campesinos cocaleros, que oscila entre los 2 y 3 millones de pesos. La idea es que ellos abandonen estos cultivos.
“Mientras encuentran otra actividad lícita, la oferta del Gobierno es que se les otorgará un subsidio económico por dejar que la selva recupere su frontera natural. No una cosa permanente para toda la vida, sino transitoria mientras ellos pueden establecerse de modo sostenible en otro rubro de la economía o en otro lugar del territorio, por supuesto, dentro de la ley”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Cuando presentó la estrategia, el ministro de Justicia también habló de cuál será el origen de los recursos.
“Es una parte del presupuesto de la reforma agraria, esto es una política que no va desarticulada con las demás, entonces, va con el presupuesto de la reforma agraria, va con el presupuesto de nuestro gran impulso a la educación, porque también queremos ofrecerle educación a estas personas para que puedan desarrollar actividades que requieren de cierta tecnología, de ciertos conocimientos”, señaló.
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Los subsidios a campesinos cocaleros también irían acompañados del eje que propone un tránsito a la legalidad mediante la inclusión en otros proyectos productivos, como la ganadería y agroindustria. Esto tendrá dos focos, uno para los cultivadores que no quieren abandonar sus territorios y otro para los cocaleros que estén dispuestos a dejar sus zonas de origen.
La otra parte de la estrategia radica en el uso de la coca como materia prima de productos lícitos como medicamentos, fertilizantes y alimentos. El Gobierno estaría dispuesto a apoyar económicamente estos proyectos. Según el Ejecutivo, esta nueva política antidrogas le costaría al país 18 billones de pesos.
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Preocupación por fuente de financiación de subsidios
Lo que preocupa a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras es la creciente lista de subsidios que ha anunciado el Gobierno, que en los últimos casos corresponde a iniciativas para evitar delitos como delincuencia y cultivos ilícitos. Advierten que ante la actual situación del país, el Ejecutivo no debería ampliar su portafolio de transferencias.
“En la situación fiscal en la que estamos, que es una situación complicada, no es lo más prudente incrementar el gasto sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas”, señaló Anwar Rodríguez, vicepresidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF.
El departamento de Prosperidad Social reveló cuáles son los subsidios vigentes: la renta ciudadana con 2.107.917 familias beneficiadas. La fuente de financiación es el Fondo de Inversión para la Paz.
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Sigue Colombia mayor con 1.671.474 beneficiarios activos, con parte de los recursos que vienen del Fondo de Solidaridad Pensional, el presupuesto general de la Nación y para el caso de Bogotá hay cofinanciación de la alcaldía.
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Está también jóvenes en acción con 381.584 beneficiarios con plata del Fondo de Inversión para la Paz y la devolución del IVA para dos millones de hogares con dinero del presupuesto general de la Nación.
Adicionalmente, el Gobierno anunció elsubsidio jóvenes en pazy el pago a campesinos para que sustituyan los cultivos ilícitos, pero de ninguno se ha precisado número de beneficiarios ni de dónde saldrán los recursos.
“Si no tienen respaldo en ingresos ciertos van a acentuar el déficit fiscal. Es necesario que se haga plena claridad. El presupuesto del año entrante se debe radicar esta semana en el Congreso, veremos qué tan sostenibles, fiscalmente hablando, son estas partidas de subsidios”, manifestó Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.
“El mejor uso de estos recursos podría ser, por ejemplo, financiar la salud, financiar programas de disminución de la pobreza, la educación, vías, esos son gastos que son bastante más eficientes y efectivos para combatir y mejorar las condiciones sociales de los hogares colombianos”, agregó Rodríguez.
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Aseguran que los subsidios no se reflejan en el tiempo porque son giros de gasto mensual.
“Las transferencias de este tipo, como se han planteado, solamente terminan en consumo y no generan estos efectos multiplicadores de bienestar y desarrollo”, puntualizó Anwar Rodríguez.
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