Tribunal de Barranquilla ordenó embargo de los tesoros del Galeón San José

La decisión se dio como respuesta a una apelación de la firma estadounidense Sea Search Armada, que reclama el 50% de las riquezas hundidas hace más 300 años.

Según el fallo, no se podrá celebrar un nuevo contrato con otras empresas para el rescate de los tesoros.

El documento se conoce horas después de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez expresara su preocupación por el futuro de este patrimonio, una vez que fuera rescatado.

Gobierno de Colombia aseguró que no permitirá que el tesoro del San José termine en anticuarios El hallazgo del San José fue anunciado en noviembre de 2015 por el anterior presidente, Juan Manuel Santos, cuyo gobierno puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar, que incluía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo.

El gobierno de Duque ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón, el más reciente de los cuales venció el pasado 10 de marzo.

Colombia cuenta con una Ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto "proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido".

Según dicha ley, forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas "las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio".

Esa ley recoge sin embargo que "no se considerarán patrimonio cultural sumergido" las "cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas", así como los "bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes".

Además, incluye la posibilidad de hacer una alianza público-privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de "hasta el 50 % del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación".