Ya son 41 los llamados a imputación de cargos por corrupción en La Guajira

Las investigaciones llevaron al ente judicial a encontrar casos de corrupción en los siguientes sectores:
ICBF
Bajo la lupa están dos contratos por $3.421 millones, destinados a la atención integral de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres gestantes o lactantes, como resultado de lo cual se habría establecido un peculado del orden de $1.495 millones, que equivalen a casi la mitad de los recursos de los dos convenios.
Se encontró que con facturas falsas cobraron de manera irregular más de $500 millones. Además, realizaron cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y se efectuaron pagos a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.
Por este caso se solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra 14 personas, como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. A la fecha se han capturado 12.
PLAN AGUAS
Incluye los acueductos de Camarones, Manaure y Uribia; Pondores; Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro.
Como resultado de la priorización se ha concluido la investigación del denominado Acueducto Camarones.
En este caso, Fiscalía dispuso la imputación de cargos a 11 personas, entre quienes se encuentran el entonces alcalde de Riohacha Rafael Ricardo Ceballos Sierra y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La Fiscalía detectó una serie de presuntas irregularidades en la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de Camarones (Riohacha), por un valor de $12.102.998.043.
Aunque la obra fue terminada a la fecha no se encuentra en funcionamiento, el agua no es apta para el consumo humano y al parecer se presentaron sobrecostos.
CONVENIOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
Se encontraron serias irregularidades en el programa que se ejecutó en marzo y junio de 2011, con el propósito de “reducir la mortalidad infantil” a través de los convenios 008 y 041.
Estas inconsistencias se habrían presentado en una serie de convenios interadministrativos por un monto de $18.990 millones en los que intervinieron la alcaldía del municipio de Albania, la Secretaría de Salud municipal y el hospital San Rafael de esta localidad.
En este proceso la Fiscalía adelantará acusación contra 11 personas y continúa las indagaciones respecto de otras.
MEGACOLEGIOS (EDUCACIÓN)
En el año 2009 se contrató la construcción de 42 megacolegios por un valor de $149 mil millones.
En este caso se encontraron sobrecostos y facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento al departamento por cerca de $22 mil millones.
Por estos hechos el ente acusador dictó nueve órdenes de captura y dispuso la imputación a otras tres como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; uno de ellos el exgobernador de La Guajira Jorge Luis Pérez Bernier (2008-2012).
SALUD
Se investiga la forma como a través de la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del FOSYGA.
En una primera fase de la investigación la Fiscalía imputó a ocho personas y ha dispuesto la captura de cuatro por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento público.
JUSTICIA
La Fiscalía capturó a dos de sus funcionarios: una fiscal y un técnico investigador del CTI, luego de reunir elementos probatorios suficientes que los comprometen en los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos sucedieron en el municipio de Maicao y corresponden a conductas relacionadas con la exigencia de dinero para no adelantar trámites o denuncias propias de sus funciones.