En diálogo con Noticias Caracol el ministro de Transporte, William Camargo, ahondó en el tema de una propuesta para financiar el transporte público
en el país a través de un mecanismo alterno que él niega sea “un subsidio”.
Afirmó que el proyecto es viable tanto jurídica y económicamente, al tiempo que con esto se busca que entre todos “podamos cubrir las necesidades de infraestructura y de esos buses que nos prestan el servicio o de esos sistemas de transporte masivo”.
¿Qué tan viable es la propuesta de tarifa cero en el transporte?
William Camargo: Nosotros hemos venido ya revisando información, el estado de los sistemas y efectivamente es una propuesta que tiene viabilidad jurídica, viabilidad técnica y que obviamente estamos encontrando su viabilidad financiera, que evidentemente también existe.
¿Ese aporte iría en la tarifa de la factura de energía?
William Camargo: Lo que estamos buscando es un mecanismo que nos permita que los costos de transporte efectivamente sean sufragados por todos los ciudadanos y eventualmente por todos los predios que tienen la necesidad de acceder desde esa localización al servicio de transporte. Ese mecanismo es similar al pago que estamos haciendo hoy en día de la tarifa de aseo, de la tarifa de energía, de la tarifa de acueducto, de la tarifa de seguridad, de la tarifa de alumbrado público. Lo que busca es un mecanismo con mayor equidad para que efectivamente todos los predios en la ciudad, indistintamente de su uso por la cercanía a una oferta de transporte, lo puedan cubrir. Esto va en línea también con garantizar un tema de sostenibilidad del pago de esos servicios; en últimas el transporte es un servicio público esencial y en esa medida debería tener el mismo tratamiento que el pago de una tarifa de acueducto o de alcantarillado.
Algunos candidatos hablan de que eso equivaldría como a otro impuesto predial.
William Camargo: Es una evaluación que estamos haciendo, inicialmente lo que estamos verificando es que, por ejemplo, una familia en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar con cinco o seis personas que eventualmente puedan estarse desplazando, pues tiene un pago diario de transporte que en algunos casos llega a ser entre el 15 y el 18% del ingreso de esa familia, mientras que en otros lugares, por ejemplo, personas de ingresos más altos tienen un porcentaje de entre el 2 y el 5% de ese pago de transporte público.
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Las externalidades están divididas de manera diferente, me refiero a la congestión, la contaminación y el uso de espacio público. Mientras un vehículo particular para movilizarse consume 25 metros cuadrados, en un solo metro cuadrado en transporte público entre cuatro y seis personas están movilizando en ese espacio. Eso en principio genera una inequidad que este tipo de mecanismos permiten equilibrar para efectivamente hacer una mejor asignación de quién paga qué en las ciudades.
La alcaldesa de Bogotá señala que para el caso de la capital sería como un pago de $200.000 adicionales al mes.
William Camargo: Más que recursos adicionales es una transferencia entre un pago de transporte que se iría a asociarse a un pago de la tarifa. Nos evita temas como el sistema de recaudo y control, disminuye y elimina prácticamente la necesidad del tema de los colados y también tiene un efecto importante en términos de tiempos de viaje, ya la gente no tiene que hacer la validación, la entrega al sistema será mucho más eficiente y nos evitaríamos cosas que tuvimos que inventarnos como la plataforma elevada para acceder al sistema de transporte para evitar la evasión del sistema”.
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“Lo que estamos buscando es un tema de pago de los servicios de proximidad dentro de los cuales el transporte es uno de ellos que requiere un predio en la ciudad, eso en la práctica es cambiar un mecanismo de pago por otro, pero genera una mayor equidad y es un mecanismo que además en nuestra Constitución está establecido. Los servicios públicos como el transporte –el transporte es un vehículo esencial- tienen un proceso de progresividad, justamente lo que se busca es que podamos entre todos cubrir las necesidades de infraestructura y de esos buses que nos prestan el servicio o de esos sistemas de transporte masivo”.
“De lo que se trata es justamente de encontrar aquellas fuentes que nos permitan financiar de manera sostenible los sistemas, eliminar eventualmente elementos que pueden estar impactando esa estructura de costos y encontrar alternativas que permitan ese pago a través de otras fuentes. Insisto, no es un subsidio, es un mecanismo alterno para pagar el transporte que nos permita una mayor equidad, una mayor accesibilidad y nos permita además incidir sobre la calidad de los sistemas y garantizar la sostenibilidad”.
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