Polémica por modificación de zona natural en los Yariguíes para obras viales de Santander

Un acuerdo entre la Gobernación de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que promete el mejoramiento de varias vías dentro de una zona protegida, el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, ha despertado la alerta de distintas autoridades. Comunidades locales advierten que podría tratarse del mayor caso de volteo de tierras en el país y el Ministerio de Ambiente se prepara para denunciar formalmente el acuerdo.

El Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, de 59 mil hectáreas, es un refugio de naturaleza casi intacta, un valioso remanente de bosque que se extiende en el corazón del departamento de Santander, guardando en sus entrañas un ecosistema único y fascinante. Esta zona protegida abastece de agua a gran parte de la región. Tiene un rol fundamental como regulador climático y cientos de especies de animales y plantas que viven ahí no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

En 2005, debido a la expansión de la agricultura y la tala descontrolada de árboles, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, creó una zona de protección alrededor del parque con el fin de amortiguarlo frente a las amenazas.

Esa área de más de 400.000 hectáreas se llama Distrito Regional de Manejo Integrado Yariguíes (DRMI Yariguíes). Allí viven cientos de campesinos desde antes de que se declarara como área protegida. Actualmente, deben cumplir con estándares para reducir su huella humana en el ecosistema.

Pero hoy, las comunidades y líderes ambientales de la zona denuncian un acuerdo entre la gobernación y la CAS para la sustracción de una parte de ese territorio protegido. Aunque este acuerdo promete un mejoramiento vial, advierten que podría tratarse del mayor caso de volteo de tierras en el país, es decir, un cambio en el uso del suelo que daría paso a todo tipo de actividades beneficiando intereses particulares.

La líder ambiental Alix Mancilla dijo que “sabemos la importancia que tiene Yariguíes como estrella hídrica y es el sitio donde más hay aves en Santander y por qué no decir de Colombia. No sabemos por qué lo van a tocar con ese realinderamiento, que es correr la cerca para unos fines de carreteras que uno sabe que tienen es unos fines comerciales”.

Mauricio Mesa, uno de los líderes ambientales más antiguos de la región, asegura que esa decisión afecta gravemente el área protegida y “le queda muy mal al señor gobernador, como presidente del consejo directivo de la CAS y como presidente del consejo directivo de la CDMB (Corporación autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), las máximas autoridades ambientales que tiene el departamento de Santander, que él diga que va a promover una sustracción para que no se haga una licencia ambiental de esta carretera”.

“Si entonces el gobernador pretende que se sustraiga territorio del DRMI, lo mismo van a hacer esas mineras de carbón que están todas metidas ahí con solicitudes de concesiones mineras”, agregó.

Noticias Caracol pudo evidenciar a través del geovisor de la Agencia Nacional Minera que hay en total 63 polígonos con solicitudes mineras que se sobreponen con el DRMI Yariguíes, de los cuales 13 que tienen solicitudes que suman más de 14 mil hectáreas coinciden en alguna parte con las vías que se sustraen. Es decir, se verían beneficiados.

Cronología del conflicto ambiental

El 17 de octubre de 2024, la Gobernación de Santander envió una solicitud a la CAS para que se eximiera a los proyectos de mejoramiento vial en varias zonas naturales protegidas del departamento, como el DRMI Yariguíes, de la obligación de obtener una licencia ambiental.

Al conocer la petición, no tardó en pronunciarse a través de un concepto la máxima autoridad ambiental del país: el Ministerio de Ambiente:

Al preguntarle al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, el porqué de esta solicitud, respondió que "cuando se establece esa reserva ya existían unas carreteras, especialmente secundarias y terciarias de nuestros campesinos. Eso nos está generando un problema muy crítico y es que, para poderle hacer mantenimiento, hacer una placa huella, habría que pedir licencia ambiental, y resulta valiendo más que la misma placa huella".

Según la secretaria de Infraestructura de Santander, Jesica Mendoza, “encontramos 20 municipios que están afectados por esta restricción, dentro de ellos un municipio que ha sufrido altamente por las vías en el departamento que es Santa Helena del Opón”.

A pesar del concepto del Ministerio de Ambiente, el 23 de diciembre de 2024, el consejo directivo de la CAS, cuyo presidente es el mismo gobernador, publicó el acuerdo para sustraer de la zona protegida los 621 kilómetros de vías primarias y secundarias en el DRMI Yariguíes junto a sus zonas adyacentes, es decir, junto a los corredores a lado y lado de cada extremo de la vía, para las que deben mantenerse zonas adyacentes de 60 metros en las carreteras principales y de 45 metros en las secundarias. Sin embargo, la CAS decidió que las áreas limítrofes de las vías se determinarán durante las obras de mejora y mantenimiento por las características topográficas del terreno. Significa que, al ya no ser parte del área protegida, no necesitarían licencia ambiental para ninguna actividad.

Eymar Yesith Báez, quien era en ese entonces el director de la CAS, afirmó que “el objetivo es facilitar las inversiones que se realicen en estos corredores viales”. Añadió que "estos territorios corresponden al sur del departamento de Santander, donde las condiciones no son las mejores para esas comunidades, unas comunidades que en cierta medida han sido parte del conflicto armado del territorio del departamento de Santander, con unas dificultades inmensas para sacar sus productos al mercado y entregarlos a grandes centros poblados".

¿Se cumplieron los requisitos para el proyecto?

Según él, la corporación le ahorró a la gobernación una licencia ambiental millonaria para el mejoramiento de las vías primarias y secundarias que atraviesan el DRMI, pero el Ministerio de Medio Ambiente afirma que quedaron en el aire varios requisitos que se deben tramitar cuando se va a hacer un proyecto de tal magnitud en un área protegida.

“En este caso, las observaciones que presentamos como ministerio es el hecho de que no se hubiera realizado un estudio para demostrar que no se presente un deterioro grave en el ecosistema”, señaló la cartera.

Otro de los requisitos con los que tampoco ha cumplido la CAS, es la elaboración de un plan de manejo ambiental para el DRMI Yariguíes, un documento en el que deben quedar claras las acciones permitidas y no permitidas en la zona y las estrategias para mitigar los impactos ambientales de las actividades.

“Nuestra norma general es la del decreto 1076, establece que todas las áreas protegidas deben contar con un plan de manejo y les da a las autoridades ambientales un año para la expedición de ese plan de manejo. Ya han pasado más de 13 años desde la homologación del área a DRMI y efectivamente la corporación no ha hecho la tarea que corresponde en el tema del establecimiento del plan de manejo ambiental”, explicó el Ministerio.

El líder Mauricio expresa que “el propósito del gobernador puede ser loable, hay un interés vial para mejorar las condiciones de conectividad, en eso estamos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es que pretenda hacer una carretera por esas zonas que a él le interesa conectar sin un estudio ambiental”.

Campesinos consultados celebran la apertura de vías para sacar sus productos, pero afirman que no ven necesario sustraerlas de la zona protegida. Norberto Carreño Acevedo dice que “las vías que tenemos, las intermunicipales, necesitan mejoramiento, necesitan pavimentarse, pero yo creo que para eso no hay que modificar el plan porque esas vías están ahí desde antes”.

Añade que “no podemos cortar un árbol, porque si no pedimos el permiso y nos encuentran cortando el árbol o sacando la madera, entonces nos detienen, nos llevan presos, incautan la madera, así sea para una casa, para una ventana para hacer una silla. El problema no es la tumbada del árbol, el problema es que uno lo haga sin permiso”.

Un consorcio se beneficiaría con este proyecto

Se trata de GM Santander, integrado por Tecnología e Ingeniería Integral S.A.S., Harinsa Navasfalt Infraestructura S.A.S. y Constructora Manor S.A.S., al que se le adjudicó en diciembre del 2022, bajo la administración de Mauricio Aguilar, el contrato para el mejoramiento de la vía Zapatoca-Galán por un valor de casi 144 mil millones de pesos. Es uno de los corredores que atraviesa el DRMI Yariguíes.

Tecnología e Ingeniería Integral S.A.S. ha operado bajo tres razones sociales distintas: Construsabana Morroa S.A.S. Zomac, Global Designs and Buildings y su razón actual. Cuenta con una participación del 85% del contrato. Según registros mercantiles, uno de sus principales socios y accionistas ha sido la empresa Odeka S.A.S., que operaba anteriormente como Suárez y Silva Ltda.

De acuerdo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2023, en la que fue condenado el exsenador Iván Moreno Rojas por el escándalo del carrusel de la contratación, el empresario Juan Carlos Aldana Aldana era el dueño de dicha empresa, también salpicada en el carrusel de Bogotá. De hecho, Aldana fue procesado en su momento y aceptó cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Además, se le ordenó devolver 5.800 millones de pesos como reparación a las víctimas y cumplir una pena de 6 años y 8 meses de prisión.

Aldana también es primo de Emilio Tapia, quien también fue procesado por este escándalo y por el de Centros Poblados.

La segunda empresa Harinsa Navasfalt Infraestructura S.A.S., compuesta por tres empresas accionistas. A una de ellas, Harinsa Navasfalt Construcciones, Emilio Tapia cedió a través de ICM Ingenieros -empresa en liquidación judicial por el escándalo de Centros Poblados- el 25% de su participación en el contrato del consorcio San Sebastián 064, encargado de otro proyecto vial en el país: el mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletará que conecta a los departamentos de Cauca y Huila.

Al ser consultado sobre estas empresas, el gobernador de Santander dijo que “son contratos que nosotros recibimos de la administración anterior; unos son de febrero del 2023, otros creo que son de marzo del 2023, nosotros recibimos esos contratos con problemas, pero la responsabilidad es sacarlo adelante”.

La tercera empresa del consorcio, Constructora Manor S.A.S., tiene como representante legal a David Ricardo Castillo Baute, según registros mercantiles. El 25 de agosto de 2025, El Espectador publicó una investigación titulada ‘Escándalo Ungrd: Olmedo López entregó otro contrato a cuestionados empresarios’, en la que se menciona a Castillo Baute.

López firmó con el consorcio Manejo de Inundaciones Pivijay un contrato por más de $24.000 millones para atender una emergencia por inundaciones en Magdalena en 2022. El consorcio estaba compuesto por tres empresas y los principales accionistas de una de estas, Grandes Vías, son David Ricardo Castillo Baute y su hermano Miguel Castillo Baute.

Según el diario, los hermanos Baute son contratistas reconocidos de Valledupar, vinculados a una red empresarial que, según un informe de la Auditoría General, ha monopolizado contratos públicos desde 2016. El medio también afirmó que los empresarios son investigados por la Giscalía por presuntas irregularidades en obras del acueducto La Mesa-Anapoima, aunque se declararon inocentes.

“Nosotros estamos con supervisión, presionando a la interventoría, revisando todos esos problemas para que la obra avance, porque como gobernación tenemos que garantizar que se cumpla lo pactado, que se cumpla lo contratado, aunque nosotros no lo contratamos, sí recibimos esa responsabilidad y es una responsabilidad con los santandereanos”, dijo el gobernador.

Pero las denuncias persisten sobre ese acuerdo que podría afectar el DRMI Yariguíes, que abastece de agua a Santander y es considerado uno de los aeropuertos de aves de la región.

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