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El director del comando de personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas, es hoy uno de los involucrados en el escándalo por los archivos de alias Calarcá, que hablan sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado con las disidencias de las Farc revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Además de este caso, se conoció que el general Huertas anteriormente estuvo vinculado a otra investigación por la muerte extrajudicial de un hombre en Antioquia, cuando era capitán.
La demanda fue interpuesta por el Ministerio de Defensa en noviembre del 2024 contra Huertas y otros nueve militares, acusados de participar en una operación militar en julio de 2003 que terminó con la muerte de cuatro personas, quienes habrían sido presentadas como guerrilleros.
Por estos hechos, que fueron catalogados como una ejecución extrajudicial, el Juzgado 46 Administrativo Oral de Medellín le ordenó al Ministerio pagar a uno de los familiares de las personas asesinadas cerca de 700 millones de pesos. Posteriomente, el Ministerio en la demanda pidió que se obligara al general Huertas y a otros oficiales a responder económicamente por estos hechos.
Según el relato de los hechos contenidos en la demanda, se cuestionó el reporte presentado por Huertas en donde habla de “cuatro cadáveres que fueron trasladados desde la vereda San Cosme, ubicada en municipio de Granada (Antioquia), y que habrían fallecido en combate…”.
Sin embargo, cuando la familia de una de los personas presentadas como bajas buscó respuestas, las autoridades del municipio de Granada le dijeron que “no tenían conocimiento, ni registro alguno de enfrentamientos entre las fuerzas militares y grupos guerrilleros para el día 6 de julio de 2003. Además, certificaron que no existía alguna vereda llamada San Cosme en Granada".
En el reporte que Huertas entregó en ese momento se lee que todo había ocurrido en medio de una emboscada. También, se dice que observaron a un grupo de guerrilleros que estaban preparando campos minados, rodearon la vivienda, se inició el combate y se dio de baja a cuatro guerrilleros del noveno frente de la Farc, extrayendo después los cuerpos hasta un helipuerto.
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Por este hecho, el Ministerio de Defensa fue declarado responsable y obligado a pagar perjuicios morales y materiales. Los jueces en la sentencia de este caso determinaron que “fue claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al propinar la muerte a personas no combatientes que se encontraban en estado de indefensión, un comportamiento totalmente proscrito y reprochable para hacerlas aparecer como combatientes ‘dados de baja’”.
Este noticiero publicó chats y documentos que salpican al general Hueras, así como al alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilmar Mejía, por presuntamente compartir información sensible con los disidentes de las Farc. Además, se revela la presunta creación de una empresa de seguridad que sirviera como fachada para tener beneficios económicos y garantizar esta movilidad de ese grupo armado.
En un comunicado, el general Huertas rechazó cualquier tipo de señalamiento que lo vincule con una supuesta colaboración o acercamiento con grupos armados ilegales. El uniformado aseguró que la información carece de soporte verificable por autoridad competente y que solo busca afectar su buen nombre.
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Por otro lado, sobre la supuesta colaboración en retenes y movilidad con las disidencias, afirmó que no tuvo ningún tipo de esquema de seguridad ni tampoco manera de persuadir en estos puestos de control el ingreso a estas guarniciones militares ni el personal bajo su mando, pues en ese momento ya se encontraba retirado. Y, con respecto a la supuesta empresa fachada, el general aseguró que son afirmaciones contrarias a la verdad y que su historial lo demuestra como militar. El uniformado, no obstante, indicó que se pone a disposición de las autoridades competentes para responder.
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