Después de tres años y medio de que haya estallado el escándalo, Laura Sarabia compareció este 14 de septiembre en la audiencia de imputación de cargos por el caso de Marelbys Meza, quien fue sometida a pruebas de poligrafía en enero de 2023 tras la pérdida de una importante suma de dinero que estaba en un maletín dejado en el apartamento de Sarabia. La hoy procesada negó los tres cargos que le imputó la Fiscalía después de que se leyera una línea de tiempo construida a partir de la investigación del ente judicial.
Durante la lectura del relato presentado por la Fiscalía en la diligencia, la fiscal lanzó señalamientos contra el actuar de Sarabia en el momento de los hechos. Entre ellos, afirmó que hubo abuso de poder, arrogación de atribuciones y uso indebido de recursos. Y es que para ese entonces, Laura Sarabia era la jefa del despacho presidencial y presuntamente dio órdenes que no entraban en sus competencias de acuerdo con la normativa que definían sus funciones en el cargo. Sarabia se declaró inocente de estos cargos.
La línea de tiempo del dinero perdido, según Fiscalía
El viernes 27 de enero de 2023, antes de viajar a Cali, Sarabia entregó en el aeropuerto de Catam un maletín personal a su jefa de seguridad. La instrucción era llevarlo a su apartamento y entregárselo a su esposo, Andrés Parra. Dentro estaba una bolsa negra con documentos y una suma de dinero en efectivo, cuya cifra no fue especificada. Como el esposo no se encontraba en el apartamento, la teniente le entregó el maletín a Marelbys Meza, quien trabajaba allí como empleada del servicio doméstico y niñera bajo un contrato verbal.
El domingo 29 de enero de 2023, mientras Sarabia estaba en Villa de Leyva, le pidió a su esposo que buscara la bolsa negra dentro del maletín, pero este no la encontró. Al enterarse de la pérdida del dinero, Sarabia contactó al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago (jefe de protección presidencial) para informarle del suceso. Feria dio órdenes a sus subalternos de la Dijin para iniciar labores investigativas en el inmueble.
Ese día coincidió con la jornada de descanso de la señora Meza, quien fue citada a la vivienda de su empleadora. Al llegar, se encontró con un incremento del esquema de seguridad y personal de criminalística. El esposo de Sarabia la instó a devolver el dinero bajo la promesa de que no le pasaría nada, y la Policía Judicial le tomó las huellas digitales. Sarabia, por su parte, se reunió a solas con Meza, la confrontó e interrogó. La empleada reiteró su inocencia y manifestó tener miedo del poder de Sarabia en el gobierno y de que la metiera a la cárcel.
Al regresar a su apartamento la tarde del 29 de enero, Sarabia llamó al coronel Feria en presencia de un capitán de la Policía y le ordenó practicarle una prueba de polígrafo a Meza. Esa misma noche, Sarabia le comunicó personalmente a su empleada que debía someterse a dicha prueba. El lunes 30 de enero de 2023, Meza fue conducida por el personal de seguridad de Sarabia a las oficinas del DAPRE en el edificio Galán, en el centro de Bogotá. Allí se le practicó el examen, el cual duró entre 3 y 4 horas y se enfocó exclusivamente en el hurto del dinero.
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Los señalamientos de la fiscal contra Laura Sarabia
Simultáneo a la lectura del relato, la fiscal encargada del caso de Laura Sarabia hizo señalamientos contra el actuar de la entonces alta funcionaria. Primero, dijo que Sarabia se arrogó una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario “con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal”, en calidad de jefa del despacho presidencial. “La función de ordenar y realizar las pruebas de poligrafía, conforme el artículo 16 del Decreto 2647 del 2022, estaba atribuida a la jefatura para la protección presidencial, que para enero del 2023 estaba al mando del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago”, precisó la funcionaria de Fiscalía. La fiscal también le recordó a Sarabia que, de acuerdo a la ley, sus funciones se limitaban a la asesoría para políticas públicas, planificación estratégica y coordinación de agenda del presidente.
La Fiscalía recalcó que las pruebas de poligrafía se llevan a cabo en escenarios muy específicos, casos que no se ajustaban al contexto de Marelbys Meza. La oficina que ejecuta los exámenes forma parte de la coordinación de protección anticipativa y es el área técnica que depende de estudios de seguridad y efectúa estas pruebas a manera de herramienta orientativa. La prueba de polígrafo en este caso particular fue dirigida por el fallecido teniente coronel Óscar Dávila. “Tenía como función el análisis de riesgos criminales y sociales para planear los servicios de protección al presidente, vicepresidenta y altos dignatarios”.
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En ese sentido, el uso de la herramienta no podía extenderse a una empleada popular y mucho menos cuando esta tenía un propósito ajeno a la institucionalidad colombiana. “Al direccionar al coronel Feria para la toma de la prueba de poligrafía a la señora Marelbys Meza, usted, doctora Sarabia, abusó de su cargo porque realizó una función diversa a la que realmente y legalmente le correspondía”, indicó la funcionaria. En ese ejercicio, Sarabia presuntamente indujo al coronel Feria a que usara elementos del Estado y con esto "alteró el normal funcionamiento y la moralidad de la administración pública", violando el deber de fidelidad hacia los bienes, al dedicarlos a un uso personal.
La fiscal señala que Sarabia utilizó su posición como empleadora directa de Marelbys Meza para coaccionarla. Al depender económicamente de ese empleo estable para su sustento, Meza tenía un miedo fundado de perder su trabajo si no accedía a la exigencia. Además, presuntamente se valió de su poder como jefa de seguridad para desplegar un esquema de seguridad que pudo resultar intimidante para Meza, quien se habría sentido coaccionada por un miedo fundado.
La Fiscalía afirma que este despliegue de poder estatal y policial funcionó como un medio coactivo idóneo para "doblegar la voluntad" de Meza. La empleada se sometió al polígrafo únicamente por el temor de que una negativa fuera interpretada como culpabilidad, lo que derivaría en su incriminación y en la pérdida de su libertad. Con esto, Sarabia lesionó gravemente el bien jurídico de la "autonomía personal" de la víctima.
María Paula Rodríguez Rozo
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