Una mujer de California fue sentenciada este miércoles a 18 años de cárcel por liderar una conspiración para estafar más de 3 millones y medio de dólares de ayudas al desempleo por la pandemia en Estados Unidos.
La mujer, de 52 años, aprovechó su puesto como funcionaria federal para "robar fondos destinados a los que estaban sufriendo inseguridad laboral y los impactos económicos de la pandemia de COVID-19", dijo en un comunicado la fiscal Jessica Aber, responsable del Distrito Este de Virginia, donde trabajaba la estafadora.
En concreto, Heather Huffman, la mujer condenada, lideró a un grupo de personas entre abril de 2020 y marzo de 2021 para solicitar ayudas al desempleo utilizando los datos de víctimas de robo de identidad o de presos de cárceles federales y estatales.
Entre los conspiradores de Huffman se encontraban varios miembros de su familia y amigos cercanos, según el comunicado de las autoridades.
Para llevar a cabo su plan, la mujer y su equipo crearon toda una red de información falsa, con direcciones de correo electrónico o declaraciones de impuestos fraudulentas que compartían entre los miembros del grupo.
Al final, Huffman acabó creando una dirección postal para una organización benéfica falsa de ayuda a los sintecho, en la que recibía las tarjetas de débito que enviaban los estados a los que el grupo solicitaba las ayudas al desempleo.
Según las autoridades, la mujer utilizó su ordenador de trabajo en un centro médico para veteranos de Richmond (Virginia), para buscar el tipo de subsidios disponibles como parte de las nuevas ayudas del Gobierno por la pandemia.
Huffman tuvo que ser arrestada después de darse a la fuga, poco antes de la fecha en la que estaba prevista que tuviera lugar su sentencia, en noviembre de 2022.
En total, estuvo 95 días en paradero desconocido, hasta que, finalmente, fue detenida por el servicio de Marshals de Estados Unidos en un motel de Kansas.
Huffman y su equipo acabaron estafando más de 3,5 millones de dólares, de los cuales recibieron más de 2 millones, a raíz de 220 solicitudes fraudulentas emitidas en nombre de 120 individuos de cinco estados diferentes.
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