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Las autoridades del condado de Starr, en Texas, EE. UU., en la frontera con México, arrestaron y acusaron de asesinato a una mujer hispana por un presunto aborto "autoinducido", informaron este sábado medios locales.
Lizelle Herrera, de 26 años, fue detenida bajo una fianza de medio millón de dólares y acusada de "asesinato" por haber supuestamente "causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido", dijo en un comunicado la oficina del alguacil de ese condado.
Este sábado por la tarde, dos días después de su detención, Herrera fue liberada bajo fianza y obtuvo representación legal, confirmó Nancy Cárdenas Peña, directora de política estatal en Texas del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, en su cuenta oficial de Twitter.
La noticia generó alarma entre los grupos que defienden los derechos reproductivos en el valle del Río Grande, donde se encuentra el condado, por la gravedad del cargo y porque no está claro qué ley puede justificar esa acusación incluso en un estado tan restrictivo con el aborto como Texas.
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Cárdenas Peña y otras activistas se congregaron este sábado frente a la cárcel del condado de Starr para denunciar el encarcelamiento "injusto" de Herrera y, tras su liberación, recordaron que el problema no se ha resuelto, porque aún queda por delante una batalla legal.
Las autoridades no han confirmado las circunstancias ni la justificación legal que les llevó a arrestar a Herrera el jueves, pero Frontera Fund -una organización destinada a facilitar el acceso al aborto en el valle del Río Grande- asegura haber recibido algo de información al respecto.
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"Lo que están diciendo es que ella (Herrera) estaba en el hospital y tuvo un aborto espontáneo y dio algo de información al personal del hospital, que la denunció a la Policía", afirmó Rockie González, fundadora de Frontera Fund, a la emisora de radio pública de Texas.
Al contrario que en varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos no es habitual que se criminalice a las mujeres por abortar, aunque sí se han dado algunos casos en la última década de acusaciones de asesinato a esas pacientes en estados conservadores.
En Texas rige desde septiembre un veto casi total al aborto que prohíbe esa práctica en cuanto se detecte actividad cardíaca fetal, alrededor de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.
Sin embargo, no es la persona embarazada quien puede ser procesada en función de esa ley, sino los médicos u otras personas que la ayuden a abortar, por lo que esa legislación no justifica la acusación contra Herrera.
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El veto en Texas ha provocado que muchas mujeres busquen medicación para abortar sin ayuda médica, o que, si tienen los recursos y papeles para hacerlo, recorran grandes distancias para llegar a estados donde la interrupción del embarazo sí es legal.
En los próximos meses, el Tribunal Supremo de EE. UU. decidirá sobre un caso relacionado con el aborto y todo apunta a que la mayoría conservadora de la corte cambiará su jurisprudencia al respecto, que actualmente garantiza el derecho al aborto hasta alrededor de las 24 semanas de gestación.
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Si eso ocurre, se espera que 26 estados conservadores prohíban o restrinjan aún más la interrupción voluntaria del embarazo.
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