Arzobispo de Montevideo duda de eficacia en regulación de marihuana en Uruguay

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, expresó sus dudas acerca de la eficacia de la ley que regula la compraventa y cultivo de marihuana en Uruguay, cuya reglamentación se encuentra actualmente en la etapa final.

"Tengo dudas con respecto a esta ley, pero tampoco tengo una posición totalmente contraria", declaró a la emisora local Radio Montecarlo.

Sturla, que asumió su cargo el pasado mes de marzo en una ceremonia a la que asistió el presidente uruguayo, José Mujica, añadió que la regulación del cannabis es un tema que observa "con la preocupación de un educador que ha estado mucho con jóvenes".

No obstante, el arzobispo reconoció el "fracaso" de las políticas antidroga aplicadas hasta la fecha, y opinó que "algo distinto a lo que se está haciendo hay que hacer".

"Hace falta tener mayor claridad sobre cómo vencer este flagelo de la droga", sentenció.

El religioso explicó que los obispos uruguayos no consideran que la iniciativa de regulación de la marihuana propuesta por el gobierno sea "una solución al problema de la droga", pero insistió en que se encuentran "a la expectativa, como muchos uruguayos".

Su antecesor en el cargo, Nicolás Cotugno, ya afirmó en abril de 2011 que no se opondría a la despenalización del cultivo de marihuana si fuese "un medio para ayudar a vencer la drogadicción".

Por otro lado, Sturla señaló al aborto, la baja tasa de natalidad y la elevada cifra de suicidios en Uruguay como síntomas de que "la sociedad no valora tanto la vida".

Uruguay posee, junto con Cuba, la tasa más alta de suicidios de América Latina y, según datos oficiales, en el país se quitan la vida 16,6 personas por cada 100.000 habitantes, una proporción similar a la de las naciones escandinavas.

Además, el crecimiento demográfico en Uruguay, cuya población aumentó en apenas 10.523 habitantes entre 2004 y 2011, es el menor de toda América Latina, y la baja tasa de natalidad es un tema recurrente en los discursos políticos.

En cuanto a la despenalización del aborto, fue aprobada en noviembre de 2012, y en su primer año de vigencia se registraron 6.676 interrupciones voluntarias del embarazo, según datos del Ministerio de Salud Pública.

La Iglesia Católica interpuso un recurso a esta ley buscando que las instituciones sanitarias vinculadas a ella, como el Círculo Católico, quedasen eximidas de practicar abortos por objeción de conciencia.

El Gobierno uruguayo rechazó el recurso el pasado mes de marzo al considerar que la legislación no obliga a las instituciones a aceptar la práctica del aborto.