Asamblea Nacional venezolana explora alternativas para lograr una transición del poder

Parlamento propone un proyecto de ley para lograrlo, tras la intención de Maduro de “usurpar” el cargo, afirmó el presidente del órgano.
La propuesta buscaría restituir instituciones del Estado como el Consejo Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.
La Asamblea Nacional propone activar el artículo 233 de la Constitución que dice que cuando el presidente no pueda juramentarse por motivo alguno, la Asamblea Nacional tomará las riendas del Gobierno durante 30 días antes de convocar a elecciones.
Sin embargo, aseguran que esta fórmula exige más tiempo, por lo que incluso proponen designar un consejo de transición y ampliar los poderes de este consejo a través de una ley.
“Ese estatuto también tiene que tener en consideración eso que se llama justicia transicional. Tiene que llevar hacia la justicia, con reconciliación para el cambio. Por eso es importante como una de las condiciones para que cese la usurpación que esta Asamblea Nacional pueda decretar la amnistía para todos esos oficiales que están detenidos por el régimen de Nicolás Maduro y tienen derecho a luchar por el orden constitucional de este país”, señaló el diputado opositor Juan Miguel Matheus.
Dos diputados del chavismo disidente se incorporaron a la Asamblea Nacional. Eustoquio Contreras abogó por una salida negociada con el gobierno para evitar la violencia
Diputados opositores de la asamblea llaman a los ciudadanos a la calle para rechazar la juramentación que pretende hacer Nicolás Maduro este 10 de enero.
Nuevas sanciones de EE. UU.
Los señalados son siete personas y una veintena de empresas acusadas de beneficiarse de ese esquema, una lista que incluye a Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión. Son acusados de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada del control de cambio.
 "Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas, que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. 
Venezuela, por su parte, consideró ilegales estas sanciones estimando que "el único que puede imponer sanciones internacionales es el Consejo de Seguridad (de la ONU). Estamos hablando de medidas arbitrarias porque no están contempladas en ninguna ley internacional", dijo la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa.
La funcionaria subrayó que las acciones "son unilaterales porque las impone un gobierno de forma abusiva, e ilegítimas porque no tienen legalidad alguna".
Venezuela presentó además un recurso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para denunciar dichas sanciones y otras "medidas coercitivas de restricciones comerciales" en su contra, informó este martes el organismo.
Venezuela impuso en 2003 un control de cambios, reservándose el monopolio de las divisas, que vendía al sector privado a tasas inferiores a las que operaban en el mercado negro y este diferencial estimuló la corrupción. 
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El Grupo de Lima, con la excepción de México, instó el viernes a Maduro a no asumir su segundo mandato y a transferir el poder al Parlamento, lo que Caracas consideró una incitación a un golpe de Estado.
Caracas se acercó más a sus aliados Rusia, China, Irán, Turquía y Corea del Norte, previendo mayor presión internacional. La UE, por su parte, llamó este martes a una nueva elección "libre y justa", y el jueves la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá sesión extraordinaria sobre Venezuela.
El país, que dejó atrás un pasado de bonanza petrolera, vive una grave crisis institucional, social y económica. Su mayor fuente de divisas, el petróleo, ha caído y la producción ha bajado de 3,2 millones de barriles diarios a 1,13 millones en la última década. 
Según el FMI la economía se contraerá 5% en 2019, y la hiperinflación alcanzará 10.000.000%.
Esta crisis desató la ola migratoria más masiva de la historia reciente de América Latina y la ONU calcula que 2,3 millones de venezolanos salieron desde 2015, y estima que esa cifra subirá a 5,3 millones en 2019.
El Departamento del Tesoro añadió este martes a la lista a siete personas, incluidos la antigua Tesorera de la Nación Claudia Patricia Díaz y Gorrín, acusado de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro para realizar operaciones ilícitas de intercambio de divisas en Venezuela. 
 Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a otros cinco individuos y a 23 entidades. 
"Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela, y va a seguir usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia", dijo Mnuchin.
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